Moure «Existen deudas en la legislación de Violencia de Genero»

Desde las fiscalías de descentralizadas de Balcarce y General Alvarado se atienden episodios de violencia de género traducidos en episodios de "Lesiones calificadas por el vínculo", "Amenazas", "Desobediencia" y el caso extremo del "Homicidio Calificado". De todos estos delitos, el único que permite la detención inmediata y tiene una pena de prisión perpetua es cuando existe un asesinato, por lo que la brecha de indefensión de la víctima y los riesgos de que vuelva a caer en una situación violenta son reales, ya que las demás acciones son excarcelables.

Esto sin duda pone un manto de preocupación y desprotección a muchas mujeres que han sufrido situaciones de esta índole. Es más, un informe dado a conocer recientemente por el Observatorio de Femicidios de la Multisectorial de la Mujer de Mar del Plata (Ofemmm), detalló que, "desde el comienzo de la pandemia hubo 111 mujeres asesinadas, 71 de ellas en los últimos cuatro meses".

"Salvo el homicidio calificado, todos los demás delitos el legislador ha querido que sean excarcelables, es decir que el acusado va a estar detenido pocos días y luego recupera la libertad. Desde la Justicia Penal no se cumple un rol preventivo, sino represivo antes está la ley de Violencia Familiar para lo cual están los tribunales y Juzgado de Paz", manifestó Moure.

La fiscalía actúa lógicamente después del delito, y si bien muchas veces dentro de la causa se solicitan medidas cautelares para proteger a la víctima como Restricción de Acercamiento, Contacto o Exclusiones del Hogar, para el fiscal, "no dejar de ser escudos de papel porque significan órdenes que quedan a la voluntad del imputado cumplirlas o no".

Ahora, en caso que el agresor incumpla esas sanciones se lo puede derivar a una unidad carcelaria pero acusado del Desobediencia, una orden judicial que está prevista en el artículo 239 del Código Penal que prevé una pena de 15 días a un año de prisión, en definitiva, de carácter excarcelable.

"Evidentemente existen deudas en la legislación de Violencia de Género porque no se han aumentado las penas, sobre todo para Desobediencia que es lo que más tenemos que enfrentar cuando se violan las restricciones de acercamiento", remarcó el fiscal.

"No se acompaña en nada desde el Código Penal para adoptar medidas efectivas de restricción de libertad ya que es una condena muy baja y no se tiene en cuenta el agravante que sea en un contexto de violencia de género. En estas circunstancias es muy difícil que se pueda prevenir o erradicar este tipo de acciones", agregó.

Comparaciones
Moure puso un ejemplo simple y claro sobre el desbalanceo existente al momento de aplicar condenas, de acuerdo a la legislación vigente.

"Quien se roba una vaca de un campo puede recibir, según el artículo 167 ter, entre 4 a 10 años de prisión, mientras que a quien incumpla una orden de restricción de acercamiento en un contexto de Violencia de Género, que generalmente se da cuando van a amenazar o lesionar, en este caso se estipula entre 15 días y 1 año de cárcel, siempre y cuando no se cometa un crimen", especificó el funcionario judicial.

"Esta situación es un poco desalentadora porque tampoco se esperan reformas en el futuro. Hay que agravar urgentemente las penas para dar una respuesta adecuada desde la Justicia", añadió.

Por último, el fiscal hizo mención a los arrestos domiciliarios que en varias oportunidades han dado lugar a agresiones en el ámbito familiar. "La gran novedad es la Ley Nacional de Víctimas donde en la Provincia de Buenos Aires ya existe media sanción para la adhesión lo que va a permitir que, a cada víctima, se la consulte si está de acuerdo o no, antes que un juez conceda ese beneficio", cerró Moure.