Hay responsabilidad de Montenegro en la parálisis de Obras Privadas

En una carta que elevó al intendente Guillermo Montenegro, el Colegio de Arquitectos Distrito 9 denunció desfinanciamiento y falencias en la Dirección General de Obras Privadas. Sin embargo, todavía no tuvo respuestas y advirtió que no tiene diálogo con la Secretaría de Obras. 

Región Mar del Plata tuvo acceso a la carta y dialogó con el presidente del Colegio, Diego Domingorena. Las fallas en equipamiento, infraestructura y capacitación del capital humano impactan en la seguridad, la actividad de la construcción, el empleo y la recaudación. 

Entre lo más urgente, el Colegio observó: recurso humano insuficiente, falta de capacitación, de movilidad para la fiscalización, de equipamiento que incluya mobiliario y equipos informáticos que soporten los programas requeridos para las tareas de contralor, de soporte digital y de software y de instalaciones adecuadas en relación a los servicios que se deben asegurar: internet y electricidad. 

Las falencias se agudizaron tras la digitalización implementada por el Municipio a comienzos del año 2023 “por no contar con una plataforma digital con capacidad y acorde a las tramitaciones y el volumen de archivos que se requieren”, sostuvo el Colegio.

A dos años y medio de la digitalización, “los profesionales deben llevar la documentación en un pendrive que se descarga manualmente en una computadora”. 

Así, la tarea “se vuelve informal, obsoleta y riesgosa” y se provocan “importantes retrasos que ralentizan la aprobación de expedientes, con la consecuente dificultad para habilitar en tiempo y forma las obras a ejecutar”.

Impacto económico y social 

La situación afecta a los profesionales y entorpece la actividad de la construcción. Hay puestos de trabajo que se paralizan y se desfinancia a inversores, comerciantes y a quienes construyen su vivienda propia.

El problema es que se trata de trámites de aprobación de obras que a veces duran varios meses. “Atrás de esa obra hay un propietario con un dinero que espera por invertirlo con todos los problemas de financiación que tenemos en el país. Hay mano de obra esperando para trabajar y cobrar sus jornales y empresas proveedoras de materiales y servicios”, dijo Domingorena. 

El Centro de Constructores se ha mostrado optimista respecto de la marcha de la actividad en los últimos meses y ha expresado que su modelo de ciudad es a parir de los grandes desarrollos inmobiliarios.

Al ser consultado al respecto, Domingorena respondió que “vemos a todo el espectro de profesionales, atrás de los cuales también hay contratistas cuentapropistas y gremios. Sabemos que de la obra grande hacia abajo está todo ralentizado y se nos manifiesta en la cantidad de trámites de profesionales que ha mermado muchísimo”.

El riesgo para la población

Al mismo tiempo, los inconvenientes “traen aparejadas la proliferación de obras clandestinas, que se reflejan en los registros de ingreso de legajos de medición e informes que se presentan a nuestra institución”.

Estas obras no solo violan la normativa y se transforman en antirreglamentarias, sino que al no tener un profesional responsable implican un serio riesgo para la seguridad pública.

Domingorena explicó que la falta de control “es proporcional a la seguridad pública porque las obras son riesgosas para la comunidad si no hay un profesional a cargo, un responsable de seguridad e higiene y no están las normas de seguridad y salubridad correctas”. 

También se ven afectadas las tramitaciones de escrituras. “Generalmente, quedan dineros retenidos a la espera de que se regularice la construcción y, al demorar varios meses, ralentiza los trámites dominiales con toda la complicación que implica para el vendedor, el comprador y el profesional escribano que queda en el medio”. 

Caída de la recaudación

Además, la municipalidad desaprovecha la posibilidad de incrementar su poder recaudatorio. “Obras Privadas es quien informa al catastro municipal los metros cuadrados que deben ser incorporados al momento de registrar una obra; lo que repercute directamente en el incremento de la tasa por Servicios Urbanos”.

La dependencia, a su vez, genera el cobro de sellados, tasas por servicios técnicos de la construcción y de ella se desprenden los informes sobre los que se basa el Tribunal de faltas para fijar las correspondientes multas a quienes infringen las normas que regulan la actividad. 

El Colegio aclaró que no se ha llegado al colapso debido al empeño que la mayoría de los funcionarios le imprimen y “por el trabajo en conjunto que hace varios años llevamos adelante con la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano”. 

No obstante, advirtió que por causas desconocidas ese trabajo se ha interrumpido. “Hay una negativa de los responsables del área a recibir a las autoridades de nuestra institución, lo que suma una dificultad más a la posibilidad de subsanar el funcionamiento de la DGOP”.