Langostinos amarrados: la parálisis de una pesquería clave

La flota congeladora, unos 113 barcos que se dedican a la pesca del langostino, permanece amarrada en los puertos de Mar del Plata, Madryn y Puerto Deseado desde el 17 de marzo. Ni siquiera salieron a pescar en los últimos días, cuando debió haber comenzado la etapa más fuerte de la temporada y parece que 2025 se quedará sin una de las pesquerías que más dólares aportan a la economía nacional. 

La crisis alcanza a entre 15 y 20 mil trabajadores. Pero en los gremios y las cámaras están lejos de un acuerdo mientras que el gobierno de Javier Milei mira hacia otro lado y, por ahora, no toma ninguna medida que destrabe la situación. 

El SOMU (Sindicato de Obreros Marítimos Unidos), el Simape (Sindicato Marítimo de Pescadores), el Siconara (Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina) y el Centro de Patrones y Maquinistas Navales se niegan a discutir un nuevo convenio colectivo de trabajo porque supone una rebaja salarial del 30%.

Los representantes de los trabajadores sostienen que hay un lockout patronal y, en todo caso, las discusiones pueden darse en el marco de las paritarias que están abiertas y no hace falta un nuevo convenio que sería a la baja.

También explicaron que el costo de la marinería representa el 18% y no el 60 como sostienen los empresarios y que el lockout afecta, además, a “miles de trabajadores en las plantas pesqueras, que hoy se ven impedidos de cumplir sus tareas debido a amenazas empresariales”.

Millones de dólares 

Capeca (Cámara de Armadores Pesqueros y Congeladores de la Argentina), Capip (Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras) y Cepa (Consejo de Empresas Pesqueras de Argentina) quieren un nuevo convenio porque, argumentan, el que está vigente es del año 2005 cuando se pagaban 12 dólares por cada kilo de esta especie cuando hoy se pagan 5,5.

Los empresarios estiman que dejaron de ingresar al país más de 200 millones de dólares en exportaciones y que el Estado nacional dejó de percibir al menos 15 millones en derechos de exportación. 

Las tres cámaras firmaron un comunicado en el que explicaron que con el nuevo convenio que plantean un trabajador embarcado “podría estar percibiendo un salario bruto estimado de 12 millones de pesos en junio”. Pero como se negaron a discutir deben conformarse con cobrar un básico de 500 mil. Y cargaron la responsabilidad sobre lo que calificaron como “intransigencia sindical”.

En este enfrentamiento resulta lejano el acuerdo y la resistencia conjunta de los empresarios y los trabajadores cuando se unieron contra el decreto 70/23, firmado por Javier Milei a días de asumir, que buscaba privatizar la pesca. Y que, de avanzar, hubiera puesto a todo el sector al borde de la desaparición. 

Las causas de la crisis 

Los especialistas identifican la caída del precio internacional como uno de los porqués de esta situación. La tonelada pasó de 6.314 dólares en 2022 a 5.616 en 2024. 

A su vez, hubo aumentos del combustible mientras la política económica del gobierno de Javier Milei mantiene el dólar bajo y genera que todo el sector pierda competitividad. Al mismo tiempo, hubo un incremento de los Derechos de Extracción. 

Sin autocrítica y sin políticas 

La cámara Capear Alfa publicó un documento titulado El ocaso del langostino argentino donde critica al gobierno nacional. “Ha impuesto derechos de extracción elevados y ha excluido al langostino del régimen que impera para el resto de las economías regionales, obligando a la industria pesquera a pagar derechos de exportación que no son aplicados a otras actividades”. 

También pidió una autocrítica al gobierno nacional, al provincial y a los actores de la pesca. “Se aumentó el esfuerzo pesquero, se duplicó la cantidad de buques y permisos, se burlaron límites y ahora se está ante un escenario de exceso de oferta, el cual tiene sus consecuencias. Fin”, dice el documento. 

Y advierte que el negocio podría ser deficiente por muchos años si no se toman medidas. Llamó a repensarla estructura de costos, que haya políticas más justas y libres y un trabajo conjunto entre el Estado y los productores. No obstante, consideró indispensable que el gobierno nacional y el provincial “escuchen y atiendan los reclamos, propuestas y posibles soluciones que plantea el sector pesquero”.

Mientras el intendente Guillermo Montenegro se mantiene al margen de lo que ocurre, la otra voz que responsabilizó al gobierno nacional es la del diputado provincial Gustavo Pulti quien sostuvo que no se trata de una crisis inevitable si no del “resultado de decisiones políticas equivocadas”. 

El legislador, además, enumeró medidas que podría tomar el gobierno como eliminar las retenciones a la exportación, reducir impuestos nacionales sobre materias primas e insumos productivos y crear condiciones que permitan la viabilidad de la pesca, siguiendo los ejemplos de países competidores y compradores.

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