ADUM se suma al paro docente universitario de 72 horas convocado por CONADU

La Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM) participará del paro nacional de 72 horas, entre el 12 y el 14 de noviembre, en rechazo al recorte salarial en las universidades públicas y a la falta de avances en la Ley de Financiamiento Universitario, tras una consulta nacional impulsada por la CONADU.
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La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) confirmó una jornada nacional de lucha con paro docente de 72 horas, que se llevará a cabo entre el miércoles 12 y el viernes 14 de noviembre, en respuesta al recorte salarial y al estancamiento en la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

La medida fue decidida durante el Plenario de Secretarias y Secretarios Generales y respaldada “por amplia mayoría” luego de la Consulta Nacional Docente realizada por las Asociaciones de Base. En Mar del Plata, la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM) confirmó su adhesión, sumándose al reclamo colectivo que abarca universidades de todo el país.

Desde la CONADU explicaron que las medidas de fuerza no sólo contemplan el paro docente del 12 al 14 de noviembre, sino también la no afectación de mesas de examen de fin de año, el inicio de 2026 con nuevas acciones de protesta, y la presentación judicial por la Ley de Financiamiento Universitario.

La federación destacó que la decisión “es el resultado de un debate amplio y federal” que involucró a docentes universitarios y preuniversitarios de distintas instituciones del país, entre ellas Adum, Coad, Feduba, Adiunq, Adulp, AGDU Entre Ríos, Adunm y otras organizaciones nucleadas en la CONADU.

Rechazo al ajuste y reclamo por paritarias

El reclamo central apunta al deterioro del salario docente frente a la inflación, a la falta de actualización paritaria, y a la parálisis en la ejecución de fondos para universidades públicas. Desde ADUM señalaron que el paro busca visibilizar “una situación que pone en riesgo el funcionamiento del sistema universitario nacional y el derecho a la educación superior”.

Las organizaciones gremiales sostienen que sin una política de financiamiento sostenido, las universidades no podrán garantizar sus funciones básicas: formación, investigación y extensión.


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