Piden reformas para que la pesca vuelva a ser competitiva

Todas las plantas procesadoras en tierra del sector pesquero trabajan a pérdida tanto en Mar del Plata como en la Patagonia de acuerdo a un informe de la consultora económica INVECQ. 

El trabajo fue solicitado por las cámaras Unión de Intereses Pesqueros Argentinos (UDIPA), Cámara de Frigoríficos Exportadores de la Pesca (CAFREXPORT), Asociación Cámara Pesquera Argentina ALFA (CAPEAR ALFA) y la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera y Fresquera (AEPCYF). 

Las cámaras consideraron que el sector puede volver a ser “viable” a pesar del tipo de cambio “poco competitivo”. Sin embargo, aclararon que es necesario “eliminar los derechos de exportación (DEX), modificar convenios colectivos (CCT) y desregular los sectores de estiba, transporte, aduana, SENASA y Pesca”.

Los bajos ingresos 

Entre las causas de la baja rentabilidad, la consultora ubicó a los ingresos. Como la merluza, el langostino y la corvina se exportan casi en su totalidad, los ingresos dependen del valor internacional. No hay un mercado único así que se analiza el valor del filet de merluza congelado y el de camarones, langostinos y otros decápodos también congelados. “Ambos se sitúan en mínimos históricos”.

En el caso del filet se encuentra 23% debajo del promedio prepandemia (-29% del máximo de 2015), y desde el último pico en 2022 que no para de caer. Camarones y langostinos cuestan un 22% menos que la media 2015-2019 (26% vs. 2018). 

INVECQ sostuvo que los ingresos se vieron castigados por dos vías. “Por un lado, recibieron un shock exógeno como lo es la caída de los precios internacionales y, por el otro, el poder de compra interno, tanto de la merluza como del langostino, disminuyó aún más dada la baja del TCR (Tipo de Cambio Real)”.

Las retenciones 

Los movimientos del Tipo de Cambio agravaron el cuadro y, si se analizan los DEX (Derechos de Exportación, conocidos como retenciones) también se evidencia un deterioro en relación con años previos. “A comienzos de 2016, la administración de Mauricio Macri llevó la alícuota a 0%. En septiembre 2018 las reintrodujo, a razón de $1 por dólar, promediando 2,3% hasta noviembre 2019. Luego, durante el mandato de Alberto Fernández, se situaron en 7% para la merluza y 9% para el langostino, porcentajes que siguen vigentes”, explicó. 

La pesca no gozó de la misma política que las economías regionales cuyos DEX se eliminaron en enero pasado y el informe aclaró: “La recaudación por retenciones es insignificante y han representado menos del 1,5%”, del total de ese impuesto durante los últimos años.

El informe reconoce que la política de cambio del gobierno de Milei fue clave para el proceso de desinflación pero, como contrapartida, redundó en una apreciación del peso. 

Para la pesca un tipo de cambio bajo es “sumamente nocivo”, señaló la consultora y agregó que las reformas son imprescindibles para funcionar en este contexto. Como los productos se exportan casi en su totalidad, hay menos ingresos reales. Al mismo tiempo “con una gran importancia de los costos en pesos, los `infla` medidos en dólares”

El convenio de trabajo y las cooperativas

En cuanto a los costos laborales, el informe analizó los cuatro esquemas que conviven en Mar del Plata. En cuanto al Convenio Colectivo de Trabajo manifestó que está vigente hace 50 años, el piso de horas garantizadas está en un nivel elevado y eso desincentiva la producción individual, la remuneración básica se paga incluso sin que haya contraprestación y es muy rígido para la estacionalidad que presenta la actividad.   

Otro de los problemas que marcó es que este sistema convive con el de cooperativas informales. “Numerosos trabajadores obtienen certificados médicos apócrifos, se ausentan de su puesto y, mientras tanto, trabajan en una cooperativa ilegal. Así perciben el garantizado o el beneficio por Incapacidad Laboral Temporaria (ILT) -calculado sobre el promedio de los últimos seis salarios- y, simultáneamente, un jornal diario, 100% a destajo.”  

Otra modalidad es el convenio “PYME”. “Este acuerdo establece un garantizado equivalente al Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) y permite el uso de un sistema de “banco de horas”, lo que otorga mayor flexibilidad operativa. Durante los picos de actividad, los empleados pueden superar la jornada de ocho horas diarias y acumular horas extra, que luego se compensan en épocas de baja producción”. 

También están las Cooperativas reglamentadas que “operan bajo un esquema formal, con garantías similares al SMVM” pero con “acuerdos específicos por especie procesada y valores distintos por kilo”. A su vez trabajan con una “menor carga laboral y tributaria, lo que las hace más accesibles para muchas empresas”. Y si bien no ofrecen la misma estabilidad que los convenios tradicionales, “representan un punto intermedio entre formalidad y flexibilidad”.

En la ciudad operan, además, cooperativas no reglamentadas que funcionan fuera de la legalidad. “Sin convenios, garantías salariales y cargas sociales o impositivas. Su existencia promueve el trabajo precario, profundiza la informalidad y genera competencia desleal”. 

El informe concluyó que el Convenio Colectivo es demasiado rígido y afecta a las empresas y a los trabajadores. Las firmas, sobre todo las más antiguas han contratado bajo el convenio y trabajan a pérdida. Esa situación produjo que proliferen las cooperativas, que implican peores condiciones para los trabajadores. 

El informe citó un dato relevante. La cantidad de afiliados al Sindicato de Obreros de la Industria del Pescado (SOIP) pasó de 8.000 en la década de los noventa a menos de 3.000 en la actualidad. 

Transporte y Estiba

Además, el costo de transporte y el de la estiba también son importantes. En Mar del Plata los barcos no tienen permitido hacer la carga y descarga con sus propios empleados, deben contratar cooperativas que se dedican a ello. “Al ser muy pocas, fijan las tarifas”. 

INVECQ también analizó lo que sucede con instituciones que regulan la actividad como ARCA, SENASA, la Subsecretaría de Pesca de la nación y las provincias. De ellas dependen muchas veces el pago de impuestos y tasas y la realización de trámites para el desarrollo de la actividad.   

Para restablecer la competitividad, se deben hacer reformas. Las principales, según el informe, deberían contemplar revisión del marco laboral, la desregulación de actividades como estiba y flete, la simplificación administrativa de instituciones como el SENASA, la reducción de la presión tributaria y la eliminación de las retenciones.