Sin presupuesto, la Tasa Vial incomoda al oficialismo

El gobierno local todavía no elevó el presupuesto 2026 al Concejo Deliberante. La fecha límite era el 31 de octubre del año pasado. El ejecutivo pidió tres prórrogas. La última venció el 16 de enero. 

Guillermo Montenegro no lo presentó antes de tomarse licencia y asumir como senador y Agustín Neme, que lleva poco más de cuarenta días en el cargo, tampoco. 

En la municipalidad crecen las versiones de que la principal razón es que el gobierno no cuenta con los apoyos necesarios para aprobarlo debido a que uno de los principales aliados, La Libertad Avanza (LLA), no estaría de acuerdo con la Tasa Vial. 

La tasa nació con el presupuesto 2024, el primer año de la segunda gestión de Montenegro y fue con polémicas. El gobierno nacional siempre se opuso al cobro de este tributo. Más de una vez, fue el ministro de Economía Luis Caputo quien criticó a los intendentes que lo aplican porque supone un aumento de tasas. 

Se utiliza para otros fines 

A mediados de enero, el bloque de Unión por la Patria presentó un proyecto para que se derogue. Uno de los argumentos es que la Tasa no se utiliza para los fines que fue creada.

La iniciativa, que lleva la firma de los concejales Valeria Crespo, Diego García y Mariana Cuesta, da cuenta de que en diciembre el gobierno local desafectó los fondos de la tasa vial para pagar los sueldos de docentes municipales, “un fin totalmente distinto para el cual fue creada”. 

General Pueyrredon junto a Pinamar, con un recargo del 3% sobre el precio del combustible, son los municipios donde la tasa resulta más cara entre los 135 que tiene la provincia. 

Los concejales se refirieron a la recaudación y precisaron que la municipalidad buscaba recaudar 4000 millones de pesos durante 2024 aunque la cifra durante el primer año alcanzó los 5200 millones. En tanto que en 2025 la suma esperada era de 9000 y alcanzó los 8000 millones.

Los problemas legales

Unión por la Patria recordó que la tasa se encuentra judicializada. En primera instancia, el Juzgado Contencioso Administrativo N 1 la declaró inconstitucional, luego la cámara de apelaciones rechazó la declaración y ahora es la Suprema Corte bonaerense quien debe dirimir la cuestión.

El mayor cuestionamiento es que, como se cobra cada vez que alguien carga combustible y no hay una “contraprestación o un servicio concreto que se reciba a cambio sino una prestación general como el mantenimiento de las calles”, se asimila a un impuesto. 

Además, el beneficio alcanza a un universo amplio de personas incluso a quienes no pagan la tasa con lo cual contradice la doctrina judicial sobre tasas municipales.

Por otra parte, resulta “incompatible con el régimen de coparticipación federal ya que grava el consumo de combustibles”, argumentaron los concejales de UxP y agregaron que “los municipios tienen prohibido imponer tributos locales cuando son análogos a los impuestos nacionales”.

¿Y las calles?

Aún con este gravamen, la municipalidad no consiguió un saneamiento de las calles a la altura de lo que recauda. Unión por la Patria mencionó el reclamo de los vecinos del barrio “Plaza Peralta Ramos” que pusieron los nombres de Montenegro, hoy en uso de licencia y senador de la provincia, a los baches. “Los problemas por el estado de las calles se replican en todo el territorio y la ciudad de Batán”.