Tandil ratificó que no usará fondos en la toma de La Movediza

El Municipio de Tandil ratificó que no destinará recursos públicos locales a la urbanización de la toma en La Movediza, reiterando que la responsabilidad de intervenir sobre ese macizo corresponde al Gobierno Nacional, tras haber sido incorporado al Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) en 2023. Al mismo tiempo, volvió a exigir definiciones urgentes tanto a Nación como a la Provincia de Buenos Aires ante la falta de respuestas formales.

Desde el Ejecutivo local se recordó que la comuna participa activamente de las instancias de diálogo convocadas por la Justicia, junto a la Defensoría Oficial y organismos provinciales. Sin embargo, remarcaron que en ninguna de esas reuniones hubo presencia de representantes del Gobierno Nacional, a pesar de ser el organismo competente para definir el futuro del predio incorporado al RENABAP.

En este contexto, el pasado jueves el jefe de Gabinete municipal, Julio Elichiribehety, presentó de manera presencial dos notas formales: una ante la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía de la Nación y otra ante el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia. En ambos escritos, el Municipio solicitó definiciones urgentes sobre la situación del macizo y reclamó que Nación y Provincia asuman las responsabilidades que les asigna la Ley 27.453, que regula la integración socio urbana de los barrios populares.

El Ejecutivo local insistió en que el proceso de expropiación no está concluido y que el terreno continúa inscripto a nombre de su propietario, por lo que sostuvo que el Municipio no puede ni debe destinar fondos de los tandilenses para urbanizar un predio privado, una postura que mantiene desde el inicio del conflicto.

Falta de respuesta del Gobierno Nacional

A esta situación se suma la falta de respuestas del Gobierno Nacional a las múltiples notas enviadas previamente por la comuna, en las que se solicitó la revisión del caso y el pedido formal de remoción del macizo del RENABAP. Hasta el momento, esas gestiones no obtuvieron contestación oficial.

Mientras el conflicto se prolonga, el Municipio indicó que su intervención seguirá restringida a situaciones vinculadas a la salud y a la atención de grupos en riesgo, sin asumir obligaciones que correspondan a otras jurisdicciones del Estado.

Los vecinos, los principales afectados

Desde el Ejecutivo local también se subrayó que los principales perjudicados por esta situación son los vecinos lindantes, quienes desde hace más de dos años y medio conviven con los impactos de la ocupación y reclaman definiciones claras por parte de las autoridades nacionales responsables.

El Municipio reiteró su compromiso de continuar acompañando a estos vecinos dentro de sus competencias, aunque sostuvo que la resolución de fondo depende de decisiones que exceden la órbita municipal.

Qué pasará con la toma según el marco legal vigente

Finalmente, el Ejecutivo adelantó que continuará reclamando ante la Subsecretaría de Integración Socio Urbana de la Nación el cumplimiento de la legislación vigente, teniendo en cuenta que la Justicia consideró válida la inclusión del predio en el RENABAP mediante un acto administrativo reciente, aunque sin resolverse aún la cuestión dominial.

El eje del conflicto sigue siendo que, pese a la ratificación nacional, la expropiación no está finalizada, lo que mantiene al predio en una situación de incertidumbre legal.

Breve recorrido histórico del conflicto en La Movediza

La ocupación del macizo en La Movediza comenzó en febrero de 2023 sobre un predio privado cuyo propietario denunció la usurpación. En los primeros meses, la Justicia dispuso medidas de no innovar, ordenó un censo de los ocupantes y dictó un desalojo que finalmente no fue efectivizado.

En diciembre de 2023, la Secretaría de Integración Socio Urbana del Gobierno Nacional incorporó formalmente el predio al RENABAP. Meses después, la Cámara de Apelaciones de Azul declaró inconstitucional esa incorporación y ordenó avanzar con el desalojo.

Sin embargo, el 19 de junio de 2024, el entonces Subsecretario de Integración Socio Urbana, Sebastián Pareja, emitió un nuevo acto administrativo que ratificó la inclusión del macizo en el RENABAP y solicitó levantar la medida de no innovar relativa a la provisión de servicios, reafirmando así la postura del Gobierno Nacional.

A pesar de ello, la expropiación sigue sin concluir, el terreno continúa a nombre de su propietario y el conflicto permanece sin resolución definitiva, mientras el Municipio mantiene su posición de no destinar fondos locales a la urbanización de la toma.