El senador nacional Maximiliano Abad presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia de la pesca fresquera en todo el territorio argentino por el plazo de 180 días, con posibilidad de prórroga, ante la profunda crisis que atraviesa uno de los sectores productivos más importantes de las ciudades portuarias.
La iniciativa, registrada bajo el expediente 1256/26, busca implementar un conjunto de medidas destinadas a aliviar la estructura de costos, preservar el empleo, recuperar competitividad y evitar el deterioro de una actividad que, según advirtió el legislador, atraviesa un escenario de inviabilidad económica.
"Estamos frente a una situación crítica. No podemos mirar para otro lado mientras un sector estratégico pierde competitividad y se acerca a una situación de inviabilidad económica", sostuvo Abad.
Una actividad fundamental para Mar del Plata y las ciudades portuarias
En los fundamentos del proyecto, el senador marplatense sostiene que la pesca fresquera representa mucho más que una actividad económica, ya que constituye un motor de desarrollo para numerosas localidades costeras.
En ciudades como Mar del Plata, donde se concentra gran parte de la flota fresquera nacional, la actividad sostiene miles de empleos vinculados a puertos, plantas procesadoras, talleres navales, transporte y servicios complementarios.
Abad advirtió que el sector enfrenta una situación que trasciende una coyuntura económica.
"No se trata de un reclamo coyuntural, sino de una solicitud institucional urgente para evitar la desaparición de un modelo productivo que sostiene capital nacional, empleo argentino, valor agregado y arraigo territorial", afirmó.
Los números que reflejan la crisis
El proyecto reúne una serie de indicadores que muestran el deterioro que sufrió la actividad en los últimos años.
Entre los datos más relevantes, se destaca que la rentabilidad de un buque fresquero, que en 2018 rondaba el 20% positivo, actualmente presenta márgenes negativos de entre el 21% y el 30%.
A ello se suma un fuerte incremento de los costos operativos:
El combustible aumentó alrededor del 86%.
Los costos laborales pasaron del 32% al 54% de la facturación.
Cada marea exige realizar más de 143 trámites administrativos.
El valor agregado de las exportaciones pesqueras cayó del 50% al 15%.
Según el legislador, esta combinación de mayores costos, pérdida de competitividad y carga burocrática coloca al sector en una situación crítica.
El impacto sobre el empleo
Uno de los principales argumentos de la iniciativa es la importancia de la pesca fresquera como generadora de trabajo.
A diferencia de la flota congeladora, que procesa gran parte de la producción a bordo, la pesca fresquera requiere que el pescado sea industrializado en tierra, generando una extensa cadena de valor.
De acuerdo con los fundamentos del proyecto, por cada trabajador embarcado se generan entre cuatro y cinco empleos indirectos, vinculados al fileteado, la estiba, el transporte, la logística, el mantenimiento naval y otros servicios.
En total, la actividad pesquera representa alrededor de 46.000 puestos de trabajo directos y más de 100.000 empleos indirectos en todo el país.
Las medidas que propone el proyecto
La iniciativa presentada en el Senado contempla una batería de herramientas destinadas a mejorar la competitividad del sector mientras dure la emergencia.
Entre las principales medidas se encuentran:
Eliminación transitoria de los derechos de exportación.
Exención del IVA para el gasoil utilizado por la flota fresquera.
Reducción del Derecho Único de Extracción (DUE).
Suspensión de nuevos tributos específicos que afecten a la actividad.
Incentivos fiscales y líneas de financiamiento para promover inversiones, innovación tecnológica y renovación de la flota.
El objetivo es reducir la presión sobre los costos operativos y favorecer la recuperación de un sector que enfrenta crecientes dificultades para sostener su actividad.
Un sector estratégico para la economía argentina
Abad recordó que la pesca constituye el quinto complejo exportador de la Argentina, con exportaciones que alcanzaron 1.981 millones de dólares durante 2024, según datos oficiales.
Sin embargo, advirtió que la pérdida de competitividad está provocando que una parte creciente del procesamiento industrial se realice fuera del país, reduciendo la generación de empleo y el valor agregado nacional.
"Mientras los principales países pesqueros del mundo fortalecen la industrialización y el agregado de valor, en Argentina estamos empujando al sector hacia un esquema que genera menos empleo y menos desarrollo para nuestras comunidades costeras", señaló.
Al defender el proyecto, el senador sostuvo que el objetivo no es otorgar beneficios extraordinarios sino crear condiciones para sostener una actividad estratégica.
"La pesca fresquera no pide privilegios. Pide condiciones para seguir produciendo, exportando y generando trabajo argentino. Defenderla es defender miles de familias, el valor agregado nacional y el futuro de nuestras ciudades portuarias", concluyó Abad.
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