La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado denunció que el Juez Santiago Inchausti no tiene competencia para decidir si las obras del bar de gin donde funcionara un Centro Clandestino de Detención pueden continuar.

Inchausti, titular del Juzgado Federal N 3, dictó una resolución que levanta la medida cautelar que impedía la continuidad de los trabajos en los terrenos de la Ex Escuela de Oficiales de Infantería de Marina (ESIM).

La resolución del juez fue en el marco de una instancia del expediente en la que se debía decidir sobre una inspección técnica preliminar con georradar para detectar “posibles alteraciones, estructuras enterradas y elementos de interés probatorio en el subsuelo del predio”, señaló la Asociación en un comunicado que tituló Mar del Plata, ciudad de negociados.

“El expediente tenía un objeto específico y limitado”, sostuvo la Asociación. El objetivo era “preservar y analizar posibles pruebas relacionadas con los delitos de lesa humanidad investigados en la causa principal. Sin embargo, en ese contexto se resolvió avanzar sobre la medida cautelar que protegía el predio”.

El expediente se encuentra en la Cámara Federal, instancia superior al Juzgado de Inchausti porque la primera resolución sobre los plazos de la medida cautelar fue apelada por la Asociación. Desde entonces, todas las medidas se trataron en ese tribunal.

“¿El Juez Inchausti no sabe que carece de competencia para resolver sobre una medida que hoy está siendo revisada por la Cámara Federal?”, se preguntó.

Se cagan en nuestros muertos

Carlos Díaz, presidente de la entidad, declaró que en Mar del Plata hay, al menos, 432 desaparecidos pero nunca se han encontrado restos. Luego recordó el hallazgo de restos en el CCD La Perla (Córdoba): “La conclusión a la que uno llega es que hay tumbas por todos lados porque fusilaban en cualquier lado”.

Por eso, Díaz cree que es esperable que haya un hallazgo. “Esta gente viene a querer hacer una fábrica de gin encima de lo que puede ser una tumba. Esta gente se caga en nuestros muertos”.

El origen del conflicto

El conflicto comenzó en agosto de 2024 cuando el gobierno de Guillermo Montenegro logró que se aprobara la cesión de los terrenos. Como las tierras son municipales, para autorizar cualquier emprendimiento privado, debía llamar a licitación pero impulsó una cesión a una entidad sin fines de lucro: la Sociedad de Fomento Faro Norte y, que a su vez, esa entidad lo ceda a Bullbarrel SA. Todo a través de un convenio entre esas dos partes y el municipio y la mayoría con la que contaba en el Concejo lo aprobó.

Era la tercera vez que lo intentaban. La primera había sido durante la gestión de Carlos Arroyo y la segunda en 2022. En todas las instancias los organismos de Derechos Humanos habían expresado que en el lugar funcionó el Centro Clandestino de Detención.

En el informe de la CONADEP y en más de 20 juicios de lesa humanidad quedó demostrado que la Ex ESIM fue parte de la estructura represiva de la fuerza de Tareas N 6 de la Armada con comando en la Base Naval de Mar del Plata.

El predio se ubica alrededor del Faro de Punta Mogotes y sale al mar. Se extendía desde lo que hoy es el balneario Honu Beach (ex DIBA), el Aquarium y el ex camping Luis Piedra Buena hasta la bajada del balneario Horizonte. El lugar donde pretenden construir el bar es justamente el que limita con esa playa.

Clima de negociados

La Asociación pidió la nulidad de la resolución de Inchausti y calificó como “sorprendente” el modo de actuar en la causa. “No podemos dejar de relacionar esta decisión con el clima de NEGOCIADOS que vivimos en nuestra ciudad”.

“Están cediendo un terreno de un ex campo de detención y desaparición a precio vil: 4 hectáreas por apenas $250.000 por mes”, dijeron en relación al canon que deberá pagar Bullbarrel.

También calificaron de apresuradas las declaraciones de concejales oficialistas que hablan de “la ciudad del sí” y “pretenden hacernos creer que los problemas de empleo de Mar del Plata se resuelven instalando un puesto de venta de gin en un ex centro de detención y muerte”.

Los organismos, víctimas y familiares dejaron en claro que siguen reclamando “memoria, preservación y respeto” sobre un predio que podría contener pruebas fundamentales vinculadas al terrorismo de Estado.