Discapacidad: diputados aprobaron la adhesión a una ley clave

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires convirtió en ley la adhesión a la Ley Nacional 24.901, una norma que establece un sistema de prestaciones básicas de atención integral para las personas con discapacidad.

La aprobación se produjo durante la sesión ordinaria del jueves 27 de agosto y representa un nuevo paso en materia de inclusión y protección de derechos en el territorio bonaerense.

La iniciativa había sido impulsada en el Senado provincial por el senador Emmanuel Santalla y propone que la Provincia adhiera al régimen nacional que regula el Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las Personas con Discapacidad.

El objetivo central es avanzar en acciones de prevención, asistencia, promoción y protección de derechos, con una cobertura integral de las necesidades de las personas con discapacidad.

La Ley 24.901, sancionada a nivel nacional en 1997, contempla prestaciones de rehabilitación, educativas, terapéuticas y asistenciales, además de distintos servicios específicos y prestaciones complementarias.

Qué establece la Ley 24.901

La normativa nacional creó un sistema destinado a garantizar prestaciones básicas de atención integral para las personas con discapacidad.

Entre los servicios contemplados se encuentran:

• Prestaciones de prevención y rehabilitación.

• Prestaciones terapéuticas y educativas.

• Escolaridad y capacitación laboral.

• Prestaciones asistenciales, que incluyen necesidades básicas como vivienda, alimentación y atención especializada.

• Servicios específicos adaptados al tipo y grado de discapacidad.

• Transporte especial cuando la persona no puede utilizar el transporte colectivo para concurrir a establecimientos educativos o de rehabilitación.

• Coberturas económicas en determinadas situaciones de vulnerabilidad.

La propia legislación establece que las prestaciones deben contemplar las necesidades particulares de cada persona y favorecer su integración social, autonomía e inclusión.

¿Quiénes están alcanzados?

La ley reconoce como población beneficiaria a las personas con discapacidad, cuya situación debe acreditarse de acuerdo con las normas vigentes.

En el sistema nacional, las obras sociales tienen la obligación de brindar las prestaciones básicas previstas para sus afiliados con discapacidad. La normativa también contempla la intervención estatal para quienes no cuentan con cobertura de obra social y no pueden afrontar las prestaciones necesarias.

Por eso, la adhesión provincial adquiere especial relevancia: busca establecer en el ámbito bonaerense un marco de protección que permita garantizar el acceso a estas prestaciones.

El planteo de los diputados sobre el acceso a las prestaciones

Durante el tratamiento de la iniciativa, la diputada Margarita Recalde destacó la necesidad de que las personas con discapacidad puedan acceder a las mismas prestaciones independientemente de si cuentan o no con una obra social o empresa de medicina prepaga.

El planteo apunta a uno de los principales desafíos de las políticas de discapacidad: evitar que la situación de cobertura sanitaria o económica se transforme en una barrera para acceder a tratamientos, apoyos y servicios esenciales.

En este sentido, la Ley 24.901 establece un esquema de cobertura que contempla diferentes necesidades, desde rehabilitación y educación hasta prestaciones asistenciales.

También se aprobó la adhesión al régimen de empleo protegido

En la misma sesión, la Cámara convirtió en ley la adhesión al Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad, establecido por la Ley Nacional 26.816.

Esta normativa tiene como objetivo favorecer el acceso, la permanencia y el progreso laboral de las personas con discapacidad, tanto mediante empleo protegido como a través de alternativas de inserción laboral.

El régimen nacional contempla modalidades como los Talleres Protegidos Especiales para el Empleo, los Talleres Protegidos de Producción y los Grupos Laborales Protegidos, además de un régimen especial de seguridad social para los trabajadores alcanzados.

De esta manera, las medidas aprobadas durante la sesión no se limitan al ámbito sanitario: también incorporan una dimensión vinculada con la inclusión laboral de las personas con discapacidad.

Ley Ema: media sanción para prevenir la violencia digital

Durante la misma jornada, los diputados bonaerenses también dieron media sanción al proyecto conocido como Ley Ema, una iniciativa impulsada por la diputada Mayra Mendoza.

La propuesta busca garantizar una convivencia digital segura y libre de violencias dentro del sistema educativo provincial.

El proyecto establece herramientas para la prevención, detección y abordaje integral de la violencia digital en los distintos niveles y modalidades educativas. También promueve el uso responsable de las tecnologías y la protección de la privacidad y la integridad personal.

La iniciativa lleva el nombre de Ema, una adolescente bonaerense cuya familia impulsó medidas de concientización y prevención después de la difusión de imágenes íntimas sin su consentimiento.

Según explicó Mendoza durante el debate, el objetivo es que quienes atraviesen situaciones de violencia digital puedan contar con un marco y con herramientas de prevención y abordaje.

Una agenda legislativa centrada en inclusión y no discriminación

La sesión también incluyó la aprobación de un proyecto destinado a promover y garantizar el principio de no discriminación en la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa, impulsada por el diputado Alexis Guerrera, busca generar herramientas para las personas que consideren vulnerados sus derechos y fortalecer la protección frente a situaciones discriminatorias.

La diputada Sofía Vanelli sostuvo durante el debate que la propuesta representa un avance en la búsqueda de mecanismos para erradicar la discriminación y proteger a distintos grupos e identidades.

Así, los proyectos aprobados o con avance parlamentario durante la jornada conformaron una agenda vinculada con discapacidad, inclusión, igualdad, derechos y protección frente a nuevas formas de violencia.

Qué implica la adhesión para las personas con discapacidad

La importancia de la adhesión a la Ley 24.901 radica en que incorpora al marco provincial los principios de un sistema nacional diseñado para garantizar prestaciones integrales.

Sin embargo, es importante diferenciar entre el reconocimiento de un derecho y su implementación efectiva. El acceso concreto a una prestación puede depender de la situación de cada persona, de la acreditación de la discapacidad, del tipo de cobertura y de las normas reglamentarias aplicables.

La legislación nacional contempla un amplio abanico de prestaciones y establece obligaciones para los distintos actores del sistema.

Por eso, además de la sanción legislativa, será relevante conocer la reglamentación y los mecanismos de aplicación en la provincia de Buenos Aires, que permitirán determinar cómo se instrumentará la adhesión.