El FpV busca regular el uso de las cámaras de seguridad y sus imágenes

El bloque de concejales del Frente para la Victoria de General Pueyrredon (que integran Verónica Beresiarte, Fernando Maraude y Pablo Retamoza) presentó un proyecto de ordenanza para regular la ubicación y señalización de las cámaras de seguridad y la utilización, captación y tratamiento de las imágenes tomadas en los circuitos de video-vigilancia.

El objetivo del proyecto es sentar las bases para garantizar que tanto la presencia de las cámaras de seguridad como las imágenes, a cargo del Centro de Monitoreo y Control dependiente del Centro Operativo Municipal, apunten exclusivamente a la prevención y el esclarecimiento de los delitos en sus distintas modalidades.

Asimismo, establece la conformación de un Comité de Ética y Video-vigilancia, que cumplirá el rol de controlar el cumplimiento de la futura ordenanza. Además, tendrá la potestad de participar en las decisiones sobre las ubicaciones en las que se instalarán las cámaras, basándose en estudios previos provenientes de las estadísticas de delitos y denuncias policiales.

Retamoza, autor de la iniciativa, explicó que “no se trata de usar las imágenes con fines propagandísticos o sensacionalistas, sino proteger la integridad individual de nuestros ciudadanos y poder esclarecer delitos que se cometan en diferentes puntos de la ciudad”.

“Además de la importancia de garantizar que las imágenes serán confidenciales, planteamos que las cámaras deben estar señalizadas porque todos tenemos derecho a saber que estamos siendo filmados” expresó el edil y remarcó: “La presencia de una cámara en determinado lugar lo convierte en un corredor seguro: el vecino transita por allí con tranquilidad porque sabe que alguien lo está cuidando; pero si la cámara no está señalizada ese efecto se pierde”.

Además sostuvo que “es fundamental trabajar con eje en la prevención y no en el castigo” y desarrolló: “Si bien es importante contar con herramientas que permitan identificar a los delincuentes, nuestra mirada tiene que estar puesta siempre en evitar inicialmente que esos delitos se consumen”.

Por otra parte, expresó: “Hay que hacer un trabajo comprometido para definir de una manera precisa y planificada cómo debe ser la instalación, cómo deben ser utilizadas las imágenes captadas y bajo qué lógicas de trabajo funcionará el Centro Operativo Municipal, entre otras cosas”.

“El proyecto busca establecer claramente una regulación a una herramienta de gestión tan poderosa como lo son las cámaras de video vigilancia –finalizó Retamoza- para hacer un aporte importante a la seguridad de los vecinos sin vulnerar los derechos de nadie”.

La iniciativa se plantea en el marco del Convenio de Cooperación para la implementación del Programa Integral de Protección Ciudadana, que establece la imposibilidad de vulnerar los derechos a la intimidad y la propiedad privada, contemplados tanto en las constituciones nacional y provincial como en los distintos instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos.