El Senado de la Nación aprobó el proyecto de ley presentado por el senador Maximiliano Abad que propone la creación de una nueva Sala en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, incorporando nuevos jueces y una estructura administrativa propia para atender la creciente demanda judicial de una de las jurisdicciones más extensas del país.

La iniciativa obtuvo media sanción y ahora será girada a la Cámara de Diputados, donde continuará su tratamiento legislativo.

Una respuesta al crecimiento exponencial de causas

La propuesta surge en respuesta al fuerte incremento de expedientes que registra la Cámara Federal de Mar del Plata en los últimos años.

Actualmente, el tribunal tiene competencia sobre cerca del 40% del territorio de la provincia de Buenos Aires y recibe las apelaciones provenientes de ocho juzgados federales distribuidos en distintas localidades de la jurisdicción.

Según los datos expuestos durante el debate legislativo, mientras que en sus primeros años de funcionamiento la Cámara tramitaba alrededor de 700 expedientes anuales, en 2025 esa cifra alcanzó los 8.900 casos, lo que representa un crecimiento superior al 1.100%.

Un tribunal al límite de su capacidad

Durante el tratamiento en las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda, el presidente de la Cámara Federal de Mar del Plata, Alejandro Tazza, advirtió sobre la compleja situación que atraviesa el organismo.

“Vivimos una cruda realidad. Estamos a un paso del colapso”, sostuvo el magistrado al describir la sobrecarga de trabajo y la creciente complejidad de los expedientes que deben resolver los jueces federales.

Además, se destacó que durante los últimos 18 años la Cámara funcionó con apenas dos magistrados, una estructura que hoy resulta insuficiente para responder a la demanda existente.

Qué propone el proyecto impulsado por Abad

La iniciativa contempla la creación de una nueva Sala dentro de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, dotada de jueces, personal y recursos propios.

El objetivo es distribuir de manera más eficiente el volumen de causas y reducir los tiempos de respuesta judicial.

Durante su exposición en el recinto, Abad afirmó que la medida constituye una herramienta fundamental para fortalecer el funcionamiento de la Justicia Federal en la región.

“Esta decisión permitirá descongestionar un tribunal que cubre una enorme extensión territorial y que hoy trabaja al límite de su capacidad”, sostuvo el legislador.

Un impacto directo en jubilados y pacientes

Uno de los aspectos más relevantes señalados durante el debate es que aproximadamente el 75% de las causas que llegan a la Cámara Federal están relacionadas con cuestiones previsionales y de salud.

Se trata, principalmente, de reclamos vinculados con reajustes jubilatorios, prestaciones médicas, tratamientos de alta complejidad y coberturas de salud.

Por ese motivo, desde distintos sectores consideran que una ampliación de la estructura judicial podría traducirse en resoluciones más rápidas para miles de personas que esperan respuestas en temas sensibles y urgentes.

La importancia de una Justicia más ágil

Abad remarcó que una adecuada administración de Justicia requiere no solo decisiones correctas desde el punto de vista jurídico, sino también respuestas oportunas.

En ese sentido, sostuvo que la ampliación permitirá mejorar los tiempos de resolución y brindar mayor eficiencia a un sistema que actualmente enfrenta una presión creciente por el volumen de expedientes.

Un reclamo histórico de la región

La necesidad de ampliar la Cámara Federal de Mar del Plata ha sido planteada durante años por distintos actores institucionales, incluyendo autoridades nacionales, provinciales y municipales.

El crecimiento poblacional de la ciudad y de las localidades comprendidas dentro de la jurisdicción federal, sumado a la diversidad de materias que atiende el tribunal, incrementó la necesidad de fortalecer su estructura.

Entre los asuntos que llegan a la Cámara se encuentran causas penales, civiles, comerciales, laborales, previsionales y sanitarias, además de cuestiones administrativas vinculadas al funcionamiento de los juzgados federales