A casi dos meses de la implementación de la ordenanza que trasladó la zona roja, el gobierno de Guillermo Montenegro difunde la cantidad de multas a mujeres trans semana a semana mientras las travestis denuncian que su situación se deterioró tanto que se duplicó la demanda de asistencia alimentaria. 

La ordenanza 25590 estableció que el único sitio donde se puede ejercer la prostitución es en la calle 10 de febrero, una arteria que lleva a los cementerios Parque y Colinas de Paz y linda con los barrios Las Canteras, Lomas del Golf y Santa Celina.

A su vez, la policía y el municipio reforzaron los operativos en Champagnat, Luro y la Vieja Terminal. En el último informe contabilizaron 156 multas que según la ordenanza, podrían ser de entre $123 mil y $617 mil pesos. “Hay compañeras que fueron multadas seis veces”, señaló Victoria Disalvo, integrante de la Red Nacional por el Reconocimiento del Trabajo Sexual. 

Al ser consultada sobre por qué acusan a la municipalidad de proxeneta, Disalvo respondió: “Sancionó una ordenanza que nos dice dónde trabajar, en qué horario, en qué lugares y se llevan parte de nuestra ganancia. Es proxenetismo porque estamos trabajando para pagarles a ellos bajo posibilidad de arresto. Hay un híper control como el que ejercen los proxenetas”.

Disalvo, además, describió que la relación de las trabajadoras sexuales con las fuerzas de seguridad se da en un marco de una violencia cada vez mayor. “Los patrulleros están atrás todo el tiempo. Nos persiguen hasta nuestras casas. Hay compañeras que circulan por la vía pública, salen a hacer compras y los policías les dicen que no pueden estar ahí”. 

“Se ha criminalizado nuestra existencia, nuestra propia identidad de género y el hecho de que podamos transitar por la vía pública”, advirtió y aseguró: “Todos los días tenemos que huir de los controles policiales y tratar de que no nos lleven detenidas”. 

Se duplicó la ayuda alimentaria 

Disalvo también aclaró que tal como lo hicieron desde el primer momento, las mujeres se niegan a desempeñarse en el sitio que dispuso el municipio. Un lugar tan alejado que carece de todo tipo de seguridad. Y advirtió que la situación de las mujeres desde mediados de septiembre cuando comenzó a regir la ordenanza “es desoladora”. 

Si bien han hecho diferentes movilizaciones y han pedido soluciones a los funcionarios, las respuestas no llegan. En reuniones con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la municipalidad pidieron que habiliten la zona roja de Champagnat, que añadan otros sectores. “Tienen una postura de escucha y después el que decide es Montenegro”.   

“Estamos a la espera de novedades pero el tema es bastante agotador. Estamos cansadas y el panorama es desolador”, dijo y agregó que “lo único bueno es que nos estamos organizando para poder resistir”. 

Las mujeres trans que trabajaban en las zonas donde el municipio prohibió la oferta y demanda de sexo, atraviesan una situación cada vez más delicada. “Articulamos con Desarrollo Social (N de la R: la delegación del ministerio de la nación que funciona en el Unzué) porque desde que se aprobó la ordenanza se duplicó la demanda de alimentos y no queremos quedarnos sin mercadería”, dijo en referencia a la que distribuyen en la Red de Personas Viviendo con HIV, una institución que se ha solidarizado con las mujeres y también presta otros servicios como testeos rápidos de HIV y entrega de profilácticos. 

Foto: Luciana Moretti