Persecución y censura oficial a científica que estudia el efecto de los agroquímicos

Silenciamiento y censura. Con esas palabras, distintas instituciones del mundo académico y de defensa del ambiente califican la acción del INTA contra Virginia Aparicio, científica que encabezó en el país el estudio Transición Sostenible de Protección Vegetal (SPRINT, por la sigla en inglés). Además de perder su empleo, la investigadora podría quedar inhabilitada para trabajar.

SPRINT evaluó el impacto de los agroquímicos en la salud humana, animal, los cultivos y el ambiente. El estudio tuvo lugar en diez países de Europa: Suiza, Países Bajos, Eslovenia, Francia, España, Portugal, Italia, República Checa, Croacia y Dinamarca y uno de América: Argentina.

En 2020, SPRINT fue aprobado por el INTA, donde trabaja Aparicio. Pero en 2023, este organismo dependiente del ministerio de Ambiente de la nación, suspendió la presentación de los resultados y se retiró del estudio. 

Al mismo tiempo, inició un sumario administrativo contra Aparicio por su participación y coordinación de las actividades argentinas del proyecto. A fines de agosto pasado, la investigadora supo de manera extraoficial que el Consejo Directivo del INTA decidió aplicarle “la sanción máxima: la exoneración de la Administración Pública Nacional”, dijo Aparicio en un diálogo con Región Mar del Plata.

Las consecuencias serían muy graves para su trayectoria profesional y su inserción institucional, tanto en INTA como en CONICET, donde es Investigadora Independiente. “Después de tantos años de trabajo científico y servicio público, considero desproporcionado que mi participación en un proyecto internacional de investigación pueda terminar con la sanción más severa prevista para un agente público”, declaró.

En otros países, hay un investigador que perdió el empleo y varias personas resultaron hostigadas. “Es claro que lo que encontramos no fue conveniente para muchas personas”, declaró al diario El País, la coordinadora general del SPRINT, Violette Geissen, profesora e investigadora en la Universidad de Wageningen, Países Bajos, y en la de Bonn, Alemania.

“No estoy defendiendo solamente mi puesto de trabajo. Estoy defendiendo el derecho y la responsabilidad de investigar, producir conocimiento independiente y ponerlo a disposición de la sociedad. Los resultados de SPRINT existen, están publicados y seguirán siendo parte del conocimiento científico, independientemente de lo que suceda con mi situación laboral”, sostuvo Aparicio.

Plaguicidas en todas las personas estudiadas

En el país participaron del estudio 73 voluntarios de Mar del Plata, Balcarce, Tres Arroyos, Tandil, Necochea, Lobería y San Cayetano. No se trató sólo de trabajadores rurales sino también de personas que viven en centros urbanos.

Aparicio recordó que encontraron mezclas de plaguicidas en todas las personas estudiadas. “En las muestras humanas detectamos entre 2 y 10 plaguicidas o sustancias relacionadas en sangre, entre 6 y 13 en orina y hasta 18 compuestos en materia fecal”, advirtió.

En julio de 2023, cuando se conocieron los resultados, Nair de los Angeles Peralta, vecina de Sierra de los Padres, contó que le detectaron más de diez compuestos químicos.  

El estudio detectó glifosato y otros plaguicidas de uso agropecuario, así como metabolitos que indican exposición a insecticidas. A su vez, investigaron la presencia de plaguicidas en matrices “como el polvo de los hogares, pulseras de silicona y en otras matrices ambientales, vegetales y animales”, explicó Aparicio.

Los resultaron demostraron que la exposición “no se limita a quienes aplican plaguicidas o viven cerca de los campos. Es un problema que también involucra a la población urbana”.

La científica aclaró que la detección de una sustancia no significa que haya enfermedad pero evidencia exposición. “La exposición crónica a bajas concentraciones y a mezclas de múltiples plaguicidas constituye actualmente un importante desafío para la investigación científica y la salud pública”.

Silencio oficial

El INTA no permitió que hubiera una presentación pública de los resultados y tampoco la devolución de la información a los voluntarios que participaron del estudio. Además, decidió retirar su participación del proyecto internacional.

SPRINT continuó desarrollándose en los demás países participantes y finalizó en febrero de 2026. Sus resultados están disponibles en publicaciones científicas, informes y documentos públicos.

La decisión que impidió comunicarlos a la sociedad, según Aparicio, “es especialmente grave cuando se trata de investigaciones financiadas con fondos públicos y realizadas con la participación voluntaria de ciudadanos”.

¿Cómo fueron estos años desde que se realizó el estudio para usted y su trabajo?

“Fueron años muy difíciles, tanto en lo profesional como en lo personal”, respondió Aparicio que trabaja en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce desde 1997 y formalmente en INTA desde 2004. “Durante mi trayectoria coordiné proyectos nacionales, formé recursos humanos, publiqué investigaciones y trabajé con productores y comunidades”, indicó.

Desde que suspendieron la presentación de SPRINT en 2023, la situación laboral de Aparicio se deterioró “progresivamente”, contó la investigadora que debió continuar la actividad “en un contexto de cuestionamientos institucionales, dificultades para desarrollar mi trabajo y un proceso administrativo que terminó comprometiendo mi continuidad laboral”.

Sin embargo, no abandonó su responsabilidad científica. “Continué trabajando con colegas nacionales e internacionales, analizando resultados y participando en publicaciones. También recibí un enorme acompañamiento de colegas, instituciones científicas, organizaciones y ciudadanos”.

“Lo más preocupante es el mensaje que estas situaciones pueden transmitir a otros investigadores: que producir conocimiento sobre temas sensibles puede tener consecuencias laborales. La ciencia necesita independencia, discusión crítica y libertad para comunicar sus resultados, incluso cuando resultan incómodos”, concluyó.