Raverta propone recuperar hoteles de Chapadmalal para el turismo social y evitar la privatización

La senadora provincial Fernanda Raverta presentó un proyecto de ley con el objetivo de que la Provincia de Buenos Aires recupere la titularidad y administración de los hoteles de Chapadmalal, en medio de la decisión del Gobierno nacional de avanzar con su privatización.

Según explicó, la iniciativa busca preservar un patrimonio histórico y social, garantizando su continuidad como política pública de acceso al turismo.

“El gobierno quiere desprenderse de un patrimonio que nació para garantizar el derecho a las vacaciones. Nosotros proponemos recuperarlo y protegerlo”, sostuvo Raverta.

El proyecto declara la voluntad del Estado bonaerense de recuperar la Unidad Turística Chapadmalal, bajo el argumento de que se ha desvirtuado su finalidad original.

Puntos clave de la iniciativa:

1. Afectación exclusiva al turismo social de todos los predios.
2. Acciones judiciales para recuperar los inmuebles.
3. Declaración de nulidad de actos que contradigan su función pública.
4. Implementación de programas con prioridad para jubilados y estudiantes.

En ese marco, se instruye al Fiscal de Estado a avanzar con medidas cautelares y legales para asegurar la restitución del complejo.

Chapadmalal: historia, identidad y acceso igualitario

La Unidad Turística Chapadmalal tiene sus orígenes en 1945, durante el primer gobierno peronista, y fue concebida como una herramienta para democratizar el acceso al descanso y al mar.

Raverta remarcó que este complejo representa mucho más que infraestructura:

“No es solo un predio. Es la posibilidad de que miles de familias trabajadoras conozcan el mar y disfruten vacaciones dignas”.

El proyecto pone el foco en el concepto de turismo social, una política que históricamente permitió a sectores populares acceder a experiencias recreativas antes restringidas.

️ Debate político: privatización vs. gestión estatal

La iniciativa también se inscribe en un debate más amplio sobre el rol del Estado.

Para Raverta, la discusión es de fondo comprendida en Modelo de país con bienes públicos protegidos vs. Modelo orientado a la privatización de activos estatales.

“Hay cosas que no se negocian porque son de todos”, afirmó.

Además, el proyecto establece mecanismos administrativos para advertir a terceros sobre posibles nulidades legales, buscando frenar cualquier intento de transferencia sin garantizar el interés público.