La administración de los recursos públicos volvió a instalarse en el centro del debate político local luego de que desde la oposición cuestionaran la falta de información sobre el destino de los fondos recaudados a través de la Contribución a la Salud Pública, Educación y Desarrollo Infantil.

Según denunció el concejal Diego García, del bloque Unión por la Patria, el Presupuesto 2026 contempla una recaudación estimada de $13.358.300.000 por este concepto. Se trata de una cifra de gran magnitud dentro de las cuentas municipales y comparable con otros ingresos relevantes, como los obtenidos mediante la Tasa Vial.

El eje de los cuestionamientos radica en la falta de mecanismos efectivos de control y seguimiento sobre el uso de estos recursos. Desde la oposición sostienen que existe una importante ausencia de información pública respecto de cómo se ejecutan las partidas provenientes de esta contribución, que se cobra junto con la Tasa de Servicios Urbanos (TSU).

La discusión cobró mayor relevancia tras la presentación de la Rendición de Cuentas 2025. De acuerdo con los datos analizados, el Municipio proyectaba recaudar alrededor de 11 mil millones de pesos durante ese período, aunque finalmente ingresaron cerca de 9.700 millones.

Para los sectores críticos de la gestión, el problema no se limita a la diferencia entre lo presupuestado y lo efectivamente percibido, sino a la imposibilidad de conocer con precisión el destino final de esos recursos.

Un organismo de control que no funciona desde 2017

Uno de los aspectos más cuestionados es la situación de la Comisión de Seguimiento de la Contribución a la Salud Pública y Desarrollo Infantil, creada por la Ordenanza N.º 19.400 como herramienta de fiscalización y monitoreo.

Según explicó García, en enero de 2024 impulsó una iniciativa para solicitar la convocatoria urgente de este organismo. Sin embargo, la respuesta oficial de la Secretaría de Salud confirmó que la última convocatoria se había realizado en 2017.

Este dato encendió las alarmas dentro de la oposición, ya que implica que durante casi una década no se habría reunido el órgano encargado de supervisar el cumplimiento de objetivos y el uso de los recursos específicos destinados a áreas sensibles como la atención sanitaria y el desarrollo infantil.

El debate sobre las prioridades presupuestarias

Desde Unión por la Patria sostienen que la magnitud de estos ingresos debería reflejarse en mejoras concretas dentro del sistema sanitario municipal.

Entre los reclamos aparecen la necesidad de fortalecer la atención primaria, garantizar la disponibilidad de medicamentos en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), ampliar la cobertura territorial y asegurar la presencia de profesionales en los distintos establecimientos.

Para el bloque opositor, la discusión trasciende lo administrativo y se vincula directamente con la calidad de los servicios que reciben los vecinos.