Sívori propone fijar un tope para el retiro de vehículos secuestrados

La concejala del Frente de Todos marplatense, Virginia Sívori, realizó un proyecto que propone fijar un valor de referencia y un tope máximo para el retiro de motos y autos que se encuentren en los playones municipales. El objetivo de la iniciativa es establecer un método de actualización claro que permita descongestionar el predio donde se ejecutan las estadías, mejorar la cobrabilidad de las multas y facilitar la recuperación de los móviles por parte de sus titulares.

En este sentido, Sivori explicó que "hay una gran cantidad de autos y motos que no pueden ser retirados del predio municipal por sus propietarios ya que acumulan onerosas sumas de dinero en concepto de acarreo y estadía, debido a que que no tienen un tope máximo, y son abandonados".

La referente del Frente de Todos remarcó que a la Comisión de Hacienda del Concejo Deliberante (la cual preside) llegan permanentemente expedientes de características similares en donde las personas titulares de vehículos manifiestan no poder retirarlos del predio, "por eso nos resulta importante poder dar previsibilidad a nuestros vecinos y vecinas que por la razón que sea no hayan podido retirar sus vehículos secuestrados en tiempo y forma. Pero además, nos parece una forma adecuada para garantizar el funcionamiento del sistema y optimizar los recursos y no generar alguna complicación de tipo legal para el municipio".

El proyecto presentado por el Frente de Todos propone establecer un valor de referencia que son las "UF", unidades fijas equivalentes a 1 (un) litro de nafta de mayor octanaje para cada categoría: motocicletas, vehículos y utilitarios, un tope de 80, 150 y 200, respectivamente.

Cabe destacar que el valor de vigente de las UF está determinado por la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial de la Provincia de Buenos Aires y este año, a través de la Disposición 30/21, se estableció el valor monetario de una unidad UF a 91 pesos.

Esta forma de cálculo le da razonabilidad al monto que deberán pagar los infractores y, a la vez, permite que se ajuste de forma permanente el cálculo, contribuyendo al cuidado de los recursos del estado municipal que, tal como sucede ahora, se estableció en 2016 y, según estima, resulta desactualizado.