Universidades nacionales reclaman por salarios y financiamiento

La discusión por el financiamiento de las universidades nacionales sumó este viernes un nuevo capítulo en Mar del Plata, donde rectores de distintas casas de estudios se reunieron para analizar la situación presupuestaria del sistema y reclamar el cumplimiento de la Ley 27.795.

El encuentro se desarrolló en el marco de la reunión de la Comisión de Asuntos Económicos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y coincidió con una audiencia judicial convocada para intentar acercar posiciones entre el Gobierno nacional, las universidades y el organismo que reúne a los rectores.

La rectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), Mónica Biasone, y el rector de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Carlos Greco, expusieron sobre las dificultades que atraviesan las instituciones y pusieron el foco especialmente en la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y el deterioro de los recursos destinados al funcionamiento.

Rectores reclaman que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario

El conflicto tiene como eje la aplicación de la Ley 27.795, que estableció mecanismos vinculados con el financiamiento de las universidades nacionales.

La disputa llegó nuevamente a la Justicia luego de los reclamos realizados por las instituciones universitarias ante la falta de aplicación de distintos aspectos de la legislación.

En ese marco, el juez federal Martín Cormick convocó a una audiencia con participación del Gobierno nacional, la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el CIN, con el objetivo de acercar posiciones y avanzar en una solución al conflicto.

La instancia judicial se produce además luego de que la Corte Suprema dejara firme una medida cautelar que ordena al Estado avanzar con la actualización de salarios universitarios y becas estudiantiles.

El presupuesto universitario: salarios, becas y funcionamiento

Durante la conferencia de prensa realizada en Mar del Plata, Mónica Biasone explicó que la Comisión de Asuntos Económicos del CIN trabaja en la elaboración del presupuesto del sistema universitario nacional.

El objetivo es establecer parámetros comunes para elaborar un documento que luego será presentado ante los rectores durante la próxima reunión del CIN, prevista para los días 3 y 4 de septiembre en Bariloche.

Una vez aprobado, el presupuesto será elevado al Poder Ejecutivo con las necesidades planteadas por las universidades.

Biasone remarcó que la discusión presupuestaria no puede reducirse solamente a una cifra.

“El presupuesto son salarios, son personas”, sostuvo la rectora.

En ese sentido, explicó que el 92% del presupuesto universitario corresponde a salarios, mientras que el porcentaje restante debe cubrir una amplia variedad de necesidades.

Entre ellas aparecen el mantenimiento y las reparaciones edilicias, los servicios, las becas y las políticas de bienestar estudiantil.

“Gastos” significa, según detalló, desde resolver problemas cotidianos de infraestructura hasta sostener becas de excelencia, comedor universitario y asistencia a estudiantes que tienen dificultades para acceder a la universidad.

La pérdida del poder adquisitivo preocupa a los rectores

Uno de los principales puntos planteados durante el encuentro fue la evolución de los salarios universitarios.

Biasone sostuvo que el reclamo no apunta simplemente a obtener un aumento presupuestario, sino a recuperar el poder adquisitivo que tenía el sistema en noviembre de 2023.

La situación salarial también fue señalada por Carlos Greco, quien advirtió sobre las consecuencias que tiene el deterioro de los ingresos sobre la actividad universitaria.

El rector de la UNSAM sostuvo que, después de un aumento del 21%, la pérdida acumulada del poder adquisitivo de los trabajadores universitarios continúa siendo significativa y que todavía queda una brecha importante por recomponer.

Para los rectores, el problema trasciende el salario individual: impacta sobre la posibilidad de sostener docentes, investigadores y trabajadores especializados dentro del sistema universitario.

Greco advirtió por el deterioro de la calidad universitaria

Carlos Greco planteó que el sistema universitario debe ser entendido como un conjunto, aunque cada institución tenga características y necesidades propias según su ubicación territorial.

En ese esquema, señaló que existen objetivos comunes vinculados con los salarios docentes, la investigación, la extensión universitaria y la presencia territorial.

El rector también destacó que la actividad universitaria necesita una mirada de mediano y largo plazo.

La formación de un profesional puede demandar entre cinco y siete años, mientras que una línea de investigación puede desarrollarse durante una década. Por eso, consideró que la política universitaria debería sostenerse como una política de Estado, más allá de los cambios coyunturales.

Sin embargo, advirtió que la situación económica actual dificulta ese objetivo.

“El problema es que se va deteriorando la calidad del trabajo universitario”, planteó Greco.

También cuestionan la falta de actualización de los gastos

Además de los salarios, los rectores pusieron el foco en otro componente central del presupuesto: los gastos de funcionamiento.

Según explicó Greco, esos recursos no tuvieron una actualización acorde con la evolución de los precios, lo que generó un escenario cada vez más complejo para las universidades.

Las instituciones buscan compensar parte de esa situación mediante recursos propios y distintas estrategias de contención, aunque el margen de maniobra es cada vez menor.

El reclamo apunta a evitar que las restricciones presupuestarias terminen afectando la calidad de las actividades que las universidades desarrollan en materia de enseñanza, investigación y extensión.

Qué reclaman las universidades al Gobierno nacional

El planteo de los rectores contempla distintos componentes del financiamiento universitario.

Entre los principales reclamos aparecen:

• Actualización de los salarios universitarios.

• Recuperación del poder adquisitivo perdido.

• Actualización de los gastos de funcionamiento.

• Financiamiento para hospitales universitarios.

• Recursos para investigación y ciencia y tecnología.

• Actualización de las becas estudiantiles.

• Cumplimiento de las disposiciones establecidas por la Ley 27.795.

Desde el sistema universitario sostienen que garantizar esos recursos resulta indispensable para mantener las funciones que cumplen las universidades públicas en todo el país.

Una audiencia judicial clave para el conflicto universitario

La audiencia convocada por el juez Martín Cormick representa una nueva instancia en un conflicto que ya atravesó al Congreso, el Poder Ejecutivo y la Justicia.

El objetivo es encontrar puntos de acuerdo entre las partes respecto de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

La medida cautelar que quedó firme tras la intervención de la Corte Suprema constituye uno de los antecedentes centrales de la discusión actual, particularmente en lo referido a la actualización salarial y las becas.

Mientras tanto, los rectores mantienen el reclamo para que el cumplimiento de la ley abarque también el resto de las necesidades presupuestarias del sistema.

“Que se cumpla la ley”

Greco sostuvo que el reclamo universitario no se limita a una discusión de números, sino que involucra principios que históricamente caracterizaron a la universidad pública argentina.

En ese sentido, mencionó como pilares la autonomía y el cogobierno, vinculados con la Reforma Universitaria de 1918, y posteriormente la gratuidad y el libre acceso.

Para los rectores, esos principios forman parte de un modelo universitario que trasciende a las propias instituciones y tiene impacto sobre el conjunto de la sociedad.

Por eso, la posición expresada en Mar del Plata fue contundente: el reclamo central es que la Ley 27.795 sea aplicada en los términos establecidos.

El presupuesto que preparan las universidades nacionales

Mientras avanza la discusión judicial, el sistema universitario continúa con su propio proceso de planificación.

La Comisión de Asuntos Económicos del CIN trabaja en un proyecto de presupuesto que será puesto a consideración de los rectores en septiembre.

Ese documento buscará establecer las necesidades financieras de las universidades nacionales para sostener sus actividades y recuperar parte de las capacidades afectadas por la pérdida de financiamiento.

El debate que se desarrolla en Mar del Plata vuelve a poner en primer plano una discusión que excede el monto de una partida presupuestaria: qué recursos necesita el sistema universitario para garantizar salarios, educación, investigación, extensión y políticas de inclusión.