Es Ley el proyecto de sostenimiento al Turismo

La Cámara de Diputados convirtió en ley esta madrugada el proyecto de Sostenimiento y Reactivación Productiva de la Actividad Turística Nacional. La norma contempla reducciones impositivas y previsionales, prórroga el reparto de ATP para el pago de salarios y establece un sistema de compensación del 50 por ciento en la preventa de los paquetes turísticos que se adquieran para el 2021.

El proyecto fue sancionado por 127 diputados, mientras que los legisladores de izquierda Romina del Pla y Nicolas del Caño se abstuvieron.

El debate se realizó sin la participación de los diputados de Juntos por el Cambio que se retiraron del recinto de sesiones luego de casi seis horas de expresiones políticas sobre el funcionamiento virtual del cuerpo, ya que consideran que la sesión no es válida porque aducen que no está vigente el sistema telemático.

El diputado formoseño del Frente Todos, Ramiro Fernández Patri, aseguró que "es un proyecto muy esperado y los diputados que no están acá no sé cómo van hacer para mirar a los ojos a un mozo, que están esperando con ansias esta ley".

El proyecto sancionado esta madrugada prorroga para el sector turístico el reparto del ATP, asistencias económicas a pymes, la reducción de contribuciones patronales, planes de moratoria, suspensión de embargos, reducción de alícuotas de la ley del cheque; así como bonos vacacionales para los consumidores, programas de pre venta y un plan de devoluciones de servicios que no pudieron ser brindados.

Uno de los puntos claves es que contempla una compensación de un crédito del 50 por ciento por parte del Estado Nacional a los turistas que compren un paquete que lo podrán utilizar en ese viaje u otro que realicen a lo largo del 2021.

La diputada del Frente de Todos, Carolina Gaillard aseguró que "es una actividad virtuosa por excelencia ya que no solo hay grandes hoteles o complejos sino muchas familias trabajan en el turismo, que es un gran motor que genera empleo y divisas".

Por su parte, el titular de Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, dijo que es una "ley esperada porque esta actividad requiere de una presencia muy fuerte del Estado donde tiene que haber un equilibrio entre las empresas, los trabajadores y los consumidores".

Criticó los artículos 28 y 29 del proyecto que "vienen a romper con uno de los derechos más básicos de los consumidores: el de la solidaridad de toda la cadena de comercialización. Esta ley lleva más de 30 años y la emergencia no puede pisotear otros derechos".

Ramón lamentó que en esta iniciativa "no se tuvo en cuenta a los consumidores que no podrán recuperar el precio de los pasajes que abonaron y no pudieron concretar, en especial aquellos adquiridos en las plataformas de intermediación y con tarjetas de créditos".

El diputado del Frente de la Concordia, Diego Sartori, dijo que "esta ley reconoce el esfuerzo del gobierno argentino" y dijo que "el turismo es una de las actividades más importantes para Misiones y por eso estamos firmes en aprobar esta ley que abarca a más de 470 mil trabajadores".

Desde la izquierda, la diputada Romina del Pla anunció que junto a Nicolás del Caño se abstenían en la votación ya que "no estamos de acuerdo que se disminuyan los aportes patronales a la contribución social, que no son plata de las empresas sino diferimiento de los sueldos de los trabajadores".

De acuerdo a la iniciativa se beneficiarán con esta ley los servicios de alojamiento, las agencias de viaje, el transporte, los servicios de licenciados en turismo, los centros turísticos, los alquileres de bienes, las bodegas, jardines botánicos, zoológicos, parques, organizaciones de ferias y congresos, gastronomía, servicios de salones, productos regionales y producción de espectáculos.

Asimismo la iniciativa prorroga por 180 días el plazo para pagar los impuestos que graven el patrimonio, los capitales, o las ganancias cuyos vencimientos operen hasta el 31 de diciembre de 2020.

También se suspende por 180 días prorrogables por igual término la traba de cualquier tipo de medida cautelar a requerimiento de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) o la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Además encomienda al Banco Central de la República Argentina a establecer líneas crediticias subsidiadas tanto para el sector privado como para aquellos municipios donde el turismo constituya su principal actividad económica.