El desalojo como respuesta al déficit habitacional
Cada vez que hay una toma de terrenos termina en la justicia mientras las políticas públicas de vivienda son escasas. La mirada del Instituto de Hábitat y Territorio del Colegio de Arquitectos.
Otra vez un grupo de familias tomó terrenos en el barrio Las Heras. Otra vez el tema terminó en la justicia y el Juez, en este caso Gabriel Bombini, dictó el desalojo aunque no se trata de uno con violencia física, sino que piden a las familias que se retiren de forma voluntaria.
Las tomas, como ocurrió en noviembre del año pasado, vuelven a poner de relieve la necesidad de discutir la problemática del acceso a la vivienda en Mar del Plata y Batán. Por eso, la coordinadora del Instituto de Hábitat y Territorio del Colegio de Arquitectos, Paula Suero, se refirió al déficit habitacional cuantitativo y cualitativo, la gestión del suelo y la falta de políticas.
La arquitecta remarcó que cuando se habla de una política de vivienda se piensa en una vinculada a la construcción que es “súper importante” pero el tema es más amplio. “El déficit habitacional es cuantitativo y cualitativo”, apuntó y aclaró: “Uno es tan importante como el otro”.
En General Pueyrredon se observan los dos. “Frente a eso hay políticas provinciales y nacionales, pero el déficit es tal que es muy difícil barrer con eso”, dijo y se refirió a los barrios del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). “La última actualización del 2022 dio que son 71 donde viven más de 13 mil familias”.
“Más del 80% no tiene cloaca y el 77 tiene tendidos de agua informal. Es decir, extensiones de la infraestructura de agua de forma precaria que hace que las redes se vayan contaminando y hay un 78% donde la tenencia del suelo es informal”, detalló.
Si bien valoró al RENABAP como política “porque quien vive en esos barrios tiene un certificado de vivienda y no lo pueden desalojar”, insistió con la calidad del hábitat. “Mar del Plata sigue la lógica de crecimiento de varias ciudades de Latinoamérica. Está la gran periferia y estos 71 barrios que no tienen cercanía de infraestructura”.
“Son viviendas que no están cerca de escuelas, centros de salud y hay quienes deben tomar tres colectivos para ir a trabajar. Eso también es un hábitat precario y dificultoso. Más para las mujeres que es sobre quienes recaen los recorridos relacionados a la salud y la educación”, explicó.
El acceso al suelo
Suero sostuvo que “el primer problema es la falta de acceso al suelo y es transversal a cualquier tipo de estrato social. Sobre todo, para la gente que está más comprometida económicamente”.
En general, hay mucha resistencia todavía a incorporar políticas públicas vinculadas a la gestión del suelo, a movilizar el que está vacante. “Mar del Plata no es una ciudad que esté totalmente consolidada. De hecho las tomas suceden en aquellas fracciones de tierra que todavía no han sido ocupadas, explotadas, desarrolladas. O sea, hay tierras vacantes pero están inmovilizadas especulativamente”.
Un ejemplo fueron los créditos PROCREAR. “En los primeros (N de la R: la línea que se otorgaba en los años 2012 y 2013) la gente accedía al crédito pero había muchos que no tenían comprado un terreno para construir entonces la afluencia fue espectacular aunque hubo mucha demanda de suelo que implicó que aumenten los valores”.
Luego, aclaró que la especulación es parte de la ley del mercado. “El estado debería tener un rol más regulador en esa puja entre la oferta y la demanda”.
¿Por qué es que prácticamente no hay políticas en estas áreas? “Es bastante dificultoso para el estado generar políticas duraderas con respecto a la vivienda. Siempre vienen con un corsé en el sentido de que se lanzan como paquetes como si fuese hasta agotar stock y luego no hay continuidad”.
Al ser consultada sobre la posibilidad de regular el precio indicó que “hay algo histórico vinculado a la tierra como bien especulativo. Quien tiene la tierra especula con su valor. Entonces es complejo que el estado tome ese rol pero hay iniciativas.
La arquitecta ahondó en éste tema y se refirió a una herramienta que tiene la comuna. “El Banco de Tierras de la municipalidad tiene facultades para contar con relevamientos y elevar propuestas para movilizar el suelo. Es una herramienta para trabajar desde el municipio”.
Ley de acceso justo al hábitat
A nivel provincial, existe la Ley N° 14449, de Acceso Justo al Hábitat que tiene por objeto la promoción del derecho a la vivienda y a un hábitat digno y sustentable y fue publicada en el Boletín Oficial en octubre de 2013. Entre otras cuestiones, establece que las municipalidades deberían tener “consejos locales con participación ciudadana para tratar estas problemáticas. Sería como un primer gran mostrador que podría llegar a tener el municipio”.
Además, la ley cuenta con herramientas para “movilizar el suelo, producir inversiones público privadas, elementos vinculados a lo financiero, la captación de valorizaciones inmobiliarias que tienen grandes emprendimientos. Por ejemplo: proyectos de más de 5 mil metros cuadrados como los barrios cerrados podrían aportar a un fondo que luego financia una obra para construcción de viviendas”.
Sin embargo, hay partes de la norma que no se implementaron en Mar del Plata a pesar de que hay municipios donde los consejos funcionan. “En el caso de Villa Gesell ha tenido muy buenos resultados. Es una herramienta que ayuda a la gestión municipal, nuclea las problemáticas vinculadas al hábitat y la vivienda aunque tiene que haber voluntad de que haya participación efectiva. Desde el colegio siempre insistimos en eso. A veces a la participación hay que agregarle que sea efectiva, que realmente sean procesos participativos y abiertos con real representatividad”.