Aumentaron las muertes en los penales bonaerenses

La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) informó que hubo un aumento de las muertes bajo custodia estatal. Entre 2020 y 2022 fueron 1.052 mientras que  entre 2017 y 2019 habían sido 872.

El año pasado, se registraron 319. El 73% de las personas murieron por causas evitables como falta de atención médica, homicidios y suicidios. El informe que la Correpi realiza año tras año, arrojó que en tres cárceles situadas en Batán hubo 14 decesos. 

Sacha Barrionuevo de 33 años alojada en la unidad 40 murió por “enfermedad no asistida”. Igual que Marcelo Pablo Guillén de 46 años, Jorge Virgilio Pacheco Moreno de 38, Andrés Raúl Selpa Tesone de 66, Juan Carlos Lopez Nieto de 65, Miguel Angel Peters Di Maio de 70, Isaias Daniel Ibañez Ali de quien no se conoce la edad, Edgardo Raúl Oviedo Brack de 72, Miguel Rosendo Acosta Valdez de 70, Juan Alberto Gomez Arias de 52, Jorge René Burgos Ramírez de 43; todos alojados en la Unidad Penal 15. Mientras que Javier Alejandro Vidal de 38 años murió por herida de arma blanca y a Camila Aranguren de 26 la encontraron ahorcada. 

El informe anual de la Comisión Provincial por la Memoria  (CPM), sostuvo que la falta o deficiente asistencia de la salud es el principal modo de tortura en los penales de la provincia de Buenos Aires. 

Sobrepoblación

La situación se da en un contexto de aumento de la población carcelaria. Entre diciembre de 2020 e igual mes de 2021 el incremento fue de un 9,4%. Pasó de 45.392 personas detenidas a 49.662.

En septiembre del año pasado, el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nº1 prohibió el ingreso de nuevos detenidos de otras jurisdicciones a la Unidad 15 por la sobrepoblación y el mal estado de las instalaciones. 

Pasaron seis meses de la resolución judicial y nada cambió. La estadística de la CPM es contundente. En marzo pasado, el penal que tiene un cupo de 937 personas, alojaba a 1647: una sobrepoblación del 76%. La unidad 40 que tiene una capacidad de 290 plazas, albergaba a 523 lo que supone una sobrepoblación del 80% y en la 50 con capacidad para 74, había 111, casi un 50% más. 

La falta de asistencia de la salud es el principal hecho de tortura 

La CPM apuntó en su informe 2022 45.544 hechos de tortura, malos tratos o falta de acceso a la justicia, en personas privadas de su libertad tanto en el servicio penitenciario como en comisarías provinciales. De ellos, 361 fueron en la unidad 15, 198 en la 50 y 85 en la 44. 

Desde el año 2010, la CPM puso en marcha el Registro Nacional de Casos de Tortura y/o Malos Tratos (RNCT) con el objetivo de visibilizar “aquello que regularmente es opacado”. 

En ese marco, entrevistó a 416 personas alojadas en diferentes penales que aportaron información sobre 1.770 hechos de tortura y/o malos tratos. La falta o deficiente asistencia de la salud con 354 hechos fue la más denunciada. 

Le siguieron las malas condiciones materiales de detención, el aislamiento, la falta o deficiente alimentación, los impedimentos de vinculación familiar y social, agresiones físicas, traslados constantes, requisas personales vejatorias, robo y/o daño de pertenencias, traslados gravosos y amenazas.

No obstante, aclararon que la gran mayoría de las torturas y los malos tratos no se denuncian por temor, naturalización, dificultades en el acceso y/o descreimiento en la justicia. Por eso, el registro contempla todas las situaciones que las personas detenidas o allegadas informan más allá de que hayan realizado una denuncia formal. Y se registran los hechos sufridos en los dos meses previos a la entrevista para garantizar la actualidad de la información. 

Falta de recursos, insumos y medicación

El informe de la CPM explicó las causas de la deficiente atención de la salud. En primer término, señaló que en recursos humanos el sistema penal bonaerense presenta un problema estructural. “Poca cantidad de profesionales en relación a la población de cada unidad, poca o nula presencia de profesionales de una determinada especialidad, altos índices de inasistencia y/o solicitudes de licencia, multifuncionalidad y descoordinación de los equipos profesionales”, mencionó. 

No sólo las personas detenidas se refieren a la escasa cantidad de profesionales, si no también el propio personal de salud. 

En la unidad 15, por ejemplo, los fines de semana sólo hay guardias médicas pasivas. “Al momento de la inspección (N de la R: se hizo en 2021), el personal de enfermería tenía dos profesionales de licencia cuyos turnos no estaban siendo cubiertos, por lo que dos días a la semana no había guardia de enfermería. En los días restantes, los enfermeros desempeñaban tareas sólo hasta las 18 horas. Por otro lado, un único odontólogo y tres psicólogos se encargaban de cubrir las demandas de salud bucal y mental de toda la población”, se lee en el informe.

A su vez, la técnica radióloga realiza de manera informal tareas de enfermería para cubrir la demanda; los laboratoristas del lugar toman muestras de sangre que llevan, por cuenta propia, a analizar al hospital zonal por falta de elementos básicos en el laboratorio de la unidad.

La dificultad para acceder a medicamentos es otra de las causas de la mala atención. “En general, la medicación es entregada a las unidades de forma mensual por medio del programa Remediar, que cuenta con un vademécum básico y acotado dirigido a la atención primaria de la salud”. 

A eso se suma la falta de insumos básicos para garantizar condiciones mínimas de asepsia y escasez de aparatología de baja y media complejidad en buen funcionamiento. Del informe se desprende que en la unidad 15 y en la 50, las prácticas odontológicas estaban limitadas a extracciones condicionadas por la cantidad de anestesia disponible.

En ninguna de las cárceles los espacios de internación se adecuan a las reglas sanitarias. Así,  resulta imposible proyectar una rehabilitación y como en cualquier otro espacio de las unidades penales, el criterio predominante es el de la seguridad y no la situación sanitaria. 

En cuanto al funcionamiento, el informe indicó que las personas privadas de la libertad solicitan a los agentes del servicio penitenciario la necesidad de atención médica. De esa forma, los agentes hacen de intermediarios y deciden la posibilidad de salir de los pabellones para ir a sanidad.

A esto se suma que el personal sanitario no realiza recorridas periódicas por los pabellones de separación del área de convivencia o aislamiento. Tampoco hay programas o iniciativas para la detección temprana de enfermedades, campañas de promoción de la salud o testeos y controles masivos que faciliten el acceso a la comunicación o contacto con personal de la salud.