Buscan derogar ordenanza que prohíbe a Remax realizar operaciones inmobiliarias en Mar del Plata
Concejales de La Libertad Avanza buscan cambiar la ordenanza vigente.
El bloque de La Libertad Avanza en el Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon presentó un proyecto para derogar la ordenanza Nº25.029, la cual prohíbe la difusión del servicio de intermediación inmobiliaria bajo el nombre de franquicias, licencias o marcas en la región. Emiliano Recalt y Cecilia Martínez, integrantes de la bancada libertaria, argumentan que la medida, promulgada en 2021, obstaculiza el crecimiento del mercado inmobiliario al imponer restricciones injustificadas a la profesión de martilleros y corredores públicos.
La ordenanza en cuestión establece explícitamente la prohibición de la difusión y oferta pública del servicio de intermediación inmobiliaria bajo el formato de franquicias, licencias o marcas en el partido de General Pueyrredón, con Mar del Plata como su ciudad cabecera.
Según el comunicado emitido por el bloque, la práctica del servicio de intermediación inmobiliaria, ejemplificada por casos notables como Remax en la ciudad balnearia, opera de manera similar a las inmobiliarias tradicionales, con un martillero o corredor público matriculado y un equipo de colaboradores. Argumentan que la competencia entre los diferentes modelos de inmobiliarias es beneficiosa y que no representa una amenaza para los profesionales del ámbito inmobiliario.
"La práctica a lo largo del país ha demostrado que pueden convivir todos los modelos de inmobiliarias, sin generar perjuicio alguno a los profesionales del ámbito inmobiliario", destacaron los ediles en su comunicado.
El bloque Libertario sostiene que, si bien podría haber existido cierta aprensión en el pasado con el ingreso de empresas como Remax al mercado, la experiencia demuestra que la competencia no solo es viable, sino también beneficiosa para todos los sectores involucrados.
"Nosotros estamos convencidos de que es el momento de avanzar en la derogación de esta norma; en la cual nuestro espacio político estuvo en contra desde el minuto uno que se presentó", afirmaron los legisladores.
Recalt y Martínez subrayaron que mientras exista un corredor matriculado que asuma la responsabilidad profesional de las operaciones, la figura de colaborador o agente es legítima, conforme al Código Civil y Comercial de la Nación, y no infringe ninguna ley.