Hay un intento de volver a abordar la salud mental desde la seguridad y no desde los derechos

El proyecto de ley Ómnibus que impulsa el gobierno de Javier Milei modifica ocho artículos de la ley de Salud Metal 26657 que se promulgó en 2013. Uno de los cambios más significativos figura en el artículo 618 y establece que un juez “podrá adoptar medidas de atención urgentes y deberá posteriormente realizar la correspondiente evaluación interdisciplinaria”. Es decir, que podrá actuar, en una primera instancia, sin conocer la opinión de profesionales de la salud. 

La Médica Psiquiatra y docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata, María Clara Areta, fue contundente: “Si un juez no puede decidir sobre una apendicitis porqué va a decidir sobre salud mental”, se preguntó. También se refirió a la internación involuntaria, advirtió que el proyecto es regresivo y que, por el desfinanciamiento, podría conducir a una lógica manicomial. 

La especialista, que definió a la Ley de Salud Mental como una norma que se basa en los Derechos Humanos y dijo que es “perfectible”, consideró que el proyecto está muy mal escrito. “Es confuso, tiene errores sintácticos y no es fácil leerlo. Debería estar comentado porque no es que cualquier ciudadano lo lee y entiende”.

La iniciativa también cambia la conformación del órgano de revisión que fuera creado para el seguimiento de la ley. Así, dispone que esté conformado por “equipos multidisciplinarios y cada equipo integrado por un médico psiquiatra, un psicólogo, un técnico especialista en adicciones, un técnico especialista en cuestiones de niñez y adolescencia y un abogado especialista en la materia”. Un artículo que a Areta también le llamó la atención dado que “el técnico es una figura que no existe en adicciones”. 

Internación involuntaria 

Otro de los temas que generó discusiones en los últimos años es el de la internación involuntaria. Alcanzó mucha visibilidad a partir de casos como el de Chano Charpentier, el cantante de la banda de música pop Tan Biónica. 

El proyecto del gobierno flexibiliza las condiciones de internación. No obstante, Areta sostuvo que “la Ley de Salud Mental también contempla la internación involuntaria. Una terapia que es necesaria muchas veces”, dijo y aclaró que: “Hay que arbitrar que el paciente esté el menor tiempo internado y no establecer un cronicario”.

La norma vigente, según explicó Areta, “se basa en el riesgo para sí o para terceros en forma inminente y eso hace intervenir la posibilidad de la internación no voluntaria. Entonces esta modificación podría justamente volver a una lógica anterior que es la lógica de la peligrosidad. Se cambiaría riesgo por peligrosidad”. 

Los cambios del gobierno además contemplan que vuelvan a crearse “centros médicos, neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes” que con la ley 26657 estaban prohibidos. 

Areta observó que el proyecto no habla de que van a armarse o a crearse esas instituciones porque “cuestan mucho dinero” y añadió que “volver a los monovalentes es regresar a algo  clásico pero no moderno. El proyecto Ómnibus es regresivo. De ahí a entrar en una lógica manicomial estás muy cerca”. 

La médica psiquiatra valoró que la ley 26657 logró desmanicomializar a gente que llevaba hasta 30 años en hospicios y sostuvo que la reforma “vuelve a dar una idea que creo que tiene toda la ley ómnibus y es que el tema de salud mental no esté atado a los derechos humanos sino a la seguridad”. 

 “La persona afectada por un trastorno de salud mental tiene un trastorno del lazo social”, explicó Areta y agregó: “Entender que se va a resolver en un manicomio lo que sucede con un loco es del siglo XVIII”.

De cualquier manera, la especialista advirtió que se podría regresar a una lógica manicomial “por desfinanciamiento de la salud pública y la salud mental pública. Son sectores que podrían quedar segregados o abandonados”. 

Si bien, manifestó que no cree que nadie tenga la idea de construir manicomios, advirtió: “Sería muy interesante pensar que la lógica manicomial del siglo XVIII en el siglo XXI cambia su forma, digamos, que es justamente ese desfinanciamiento de sectores que son más vulnerables y vulnerados”.