Peligra el acceso a la justicia para los sectores más vulnerables

El gobierno nacional a través del ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, anunció en un comunicado el cierre de 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) a partir de julio. Sólo quedarán 24 de los 105 que hay en todo el país.

Sin embargo, se desconoce qué ocurrirá en Mar del Plata donde el CAJ funciona en Santa Cruz 3571. Patricia Coronel, delegada de ATE, explicó que no lo saben porque no hay una comunicación directa con ninguna autoridad del ministerio de Justicia. La ciudad no cuenta con autoridades de la cartera de manera que no hay ningún intermediario con el orden nacional. 

Tendrán que esperar hasta el 30 de junio para saber qué ocurre. Ese día deberían renovarse los contratos y, como pasa en los otros organismos del estado nacional, se enterarán cuáles continúan y cuáles no. 

Coronel indicó que en el comunicado aclaran que quedará uno por provincia. “Es una lotería. Es parte del desprecio del gobierno nacional a los trabajadores y trabajadoras que le ponemos el cuerpo al estado”, dijo y agregó que hasta marzo pasado, cuando empezó la primera ola de despidos en el estado nacional: “Había seis trabajadores en el CAJ  de Mar del Plata. Despidieron a dos y quedaron cuatro con más de siete años de antigüedad”. 

En los centros se abordan distintos temas como violencia de género, trata de personas, conflictos vecinales, laborales, inmigrantes que no pueden tramitar la residencia, entre otros. “Es muy amplio el tema acceso a la justicia para las personas que vienen que, por lo general,  no tienen recursos para poder solventarlo de manera particular. Por eso es tan importante para el territorio, los barrios porque el acceso al poder judicial o a un abogado es caro”. 

Además, trabajan con cada persona de manera integral. Hay abogados pero también una psicóloga y una trabajadora social. “Hacen intervenciones que tienen que ver con la salud integral de las personas”. 

No obstante, Coronel manifestó que este gobierno nacional solo ve al mercado y no le interesa que haya una trabajadora social y una psicóloga formando parte del equipo. “Lo ven solo desde lo legal. Quien quiera acceder a un abogado tiene que pagar. Eso es lo que el centro de acceso a la justicia evitaba. Las personas que no tenían acceso, que no podían pagarlo contaban con un abogado y una psicóloga”. 

Hay una demanda muy grande 

Al ser consultada sobre el argumento del gobierno de que lo mismo que se hace en los CAJ es lo que hace el poder judicial, Coronel afirmó que hay “desconocimiento o desinterés en lo que es diferenciar al poder judicial del ejecutivo. El judicial es una cosa y el ejecutivo tiene que asistir la demanda y acá hay una demanda muy grande por parte de los vecinos y vecinas que tiene que ver con el acceso a la justicia”.

El poder judicial y el acceso son cuestiones distintas. “El estado tiene que dar respuesta a las personas que no tienen acceso a poder pagarse un abogado particular”, y que también puedan tener una trabajadora social de parte, una psicóloga que pueda orientar en situaciones extremas de vulnerabilidad. Eso el poder judicial no lo garantiza”. 

Coronel también marcó otra confusión del gobierno que en el comunicado expresó que también están las defensorías del pueblo. “Por lo menos en Mar del Plata están totalmente colapsadas y de hecho la defensoría del pueblo deriva personas a los CAJ porque no dan abasto por los pocos recursos humanos que tienen para atender la demanda”.