El Gobierno exige eliminar tasas arbitrarias en municipios

El Ministerio de Economía instó a las provincias a implementar medidas para que los municipios adecuen sus tasas al costo real de los servicios prestados, cumpliendo con la Ley de Coparticipación Federal.
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El Ministerio de Economía envió un comunicado a las 23 provincias argentinas solicitando acciones para regularizar las tasas municipales, adecuándolas al costo real de los servicios ofrecidos. Estas tasas, en muchos casos, no respetan los principios legales establecidos y generan conflictos con la Ley 23.548 de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales.

El Gobierno Nacional destacó que varias tasas municipales son ilegales y arbitrarias, ya que su valor no guarda proporcionalidad con los servicios que se prestan. Algunas incluso comparten bases impositivas con impuestos nacionales coparticipables, lo que contraviene la legislación vigente y las disposiciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En este contexto, el Ejecutivo solicitó que las provincias intimen a los municipios para que eliminen estas prácticas. En caso de incumplimiento, se recomendó suspender su participación en la masa coparticipable, afectando directamente sus recursos.

Perjuicios a la economía nacional

El ejercicio indebido de la potestad tributaria por parte de los municipios genera varios problemas:

  • Aumenta la presión tributaria, dificultando los esfuerzos del Gobierno Nacional para reducir la inflación.
  • Incrementa los costos de bienes y servicios, perjudicando tanto a los ciudadanos como a las economías provinciales.
  • Disminuye la masa coparticipable, ya que algunos tributos municipales son deducibles del Impuesto a las Ganancias, generando pérdidas económicas a nivel nacional y provincial.

Revisión de la Ley de Coparticipación

El comunicado también recordó que la Ley 23.548 obliga a las provincias y sus municipios a evitar imponer tributos que interfieran con los impuestos nacionales distribuidos. La implementación de tasas desproporcionadas no solo afecta la economía nacional, sino que también socava la equidad en la distribución de los recursos fiscales.


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