Allanamientos en General Alvarado por falsificación de documentos y agua contaminada en colegios
La Justicia investiga a autoridades del Consejo Escolar y a un contratista en General Alvarado por la presunta presentación de certificados apócrifos y el suministro de agua no potable en establecimientos educativos de Mar del Sud.
La Unidad Fiscal de Mar del Plata avanza en una investigación por la presunta falsificación de documentos y la distribución de agua no potable en escuelas del partido de General Alvarado. La causa se inició tras la denuncia de padres que reportaron casos de gastroenteritis en alumnos de Mar del Sud.
La pesquisa comenzó hace cuatro meses, cuando un grupo de familias encargó un análisis privado que reveló la presencia de bacterias peligrosas como escherichia coli y pseudomona aeruginosa, lo que confirmaba que el agua no era apta para consumo humano.
A pesar de este resultado, autoridades del Consejo Escolar de General Alvarado presentaron certificados que acreditaban la potabilidad del agua con membrete de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP). Sin embargo, una de las profesionales supuestamente firmantes negó haber realizado esos estudios, lo que derivó en la denuncia formal.
Los allanamientos y el avance judicial
El caso está a cargo del fiscal federal Carlos Martínez, con la intervención de la División Unidad Operativa Federal Mar del Plata de la Policía Federal Argentina.
En los allanamientos realizados el pasado miércoles se secuestraron documentos, computadoras y teléfonos celulares que serán peritados por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP).
El imputado inicial es un contratista encargado de la limpieza de tanques de agua en distintas escuelas de la zona. Sin embargo, las pruebas recolectadas apuntan también a autoridades del Consejo Escolar, que habrían utilizado informes apócrifos para ocultar la contaminación del agua.
Testimonios y nuevas imputaciones
Durante los procedimientos, se tomaron declaraciones testimoniales al personal de los establecimientos educativos afectados. Además, se incorporaron mensajes y audios que refuerzan la hipótesis de que la situación del agua era conocida por funcionarios escolares, quienes igualmente habrían avalado el consumo del recurso contaminado.
La investigación sigue en curso, con la expectativa de que las pericias a los dispositivos electrónicos aporten nueva evidencia.
