Cierre de oficina de Camuzzi genera alarma

La decisión de Camuzzi de avanzar con el cierre de oficinas físicas en distintas localidades del país encendió una fuerte preocupación en Mar Chiquita, donde vecinos y trabajadores advierten sobre las consecuencias de esta medida.

En particular, la oficina ubicada en Coronel Vidal dejará de funcionar, lo que implica que un amplio sector del distrito quedará sin atención presencial. Esta dependencia no solo asistía a los habitantes locales, sino también a usuarios de General Pirán y Vivoratá, ampliando el impacto territorial.

Desde el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas (Stigas), su secretario general, Ezequiel Serra, expresó su preocupación y cuestionó la decisión empresarial.

Según explicó, la empresa argumenta que el 98% de los trámites se realizan de forma digital, una cifra que desde el gremio consideran poco representativa de la realidad.

“Ese número es engañoso. Vemos a diario personas que necesitan atención cara a cara”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que los sectores más afectados son los adultos mayores y personas con dificultades para acceder a herramientas digitales, quienes dependen de la atención personalizada para resolver problemas vinculados a facturación o servicio.

Brecha digital y acceso desigual

El cierre de la oficina de Camuzzi en Mar Chiquita reabre el debate sobre la brecha digital en Argentina. Si bien la digitalización de trámites es una tendencia creciente, su implementación sin alternativas presenciales puede generar exclusión en sectores vulnerables.

La falta de oficinas físicas no solo dificulta la resolución de problemas, sino que también puede derivar en mayores tiempos de respuesta y frustración en los usuarios, especialmente en zonas con menor conectividad.

Modernización vs. servicio esencial

Desde Stigas aclararon que no se oponen al avance tecnológico, pero plantean que el proceso debe ser gradual y acompañado por políticas inclusivas.

“No estamos en contra de la digitalización, pero todavía no están dadas las condiciones para eliminar completamente la atención presencial”, señaló Serra.

El gremio también alertó sobre el rol del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), que habría avalado este proceso, lo que genera interrogantes sobre la protección de los derechos de los usuarios.

Obras paralizadas y falta de inversión

En paralelo, el dirigente sindical puso el foco en la infraestructura energética de la región, especialmente en la localidad de Las Armas, donde una obra clave se encuentra detenida.

Se trata de una planta compresora con un avance del 80%, cuya paralización no solo retrasa la expansión del servicio de gas, sino que también implica el deterioro de una inversión ya realizada.

La falta de definiciones por parte del Estado nacional alimenta la incertidumbre en torno al futuro del suministro energético en la zona.