Denuncian que el municipio está vaciando el sistema de estacionamiento medido para privatizarlo

La licitación del estacionamiento medido, una iniciativa del gobierno de Guillermo Montenegro, avanza en el Concejo Deliberante. Por más que acumule horas de debate –el proyecto ya fue aprobado en la Comisión de Movilidad Urbana y en la de Legislación– las razones por las cuales es mejor privatizar una caja millonaria para la municipalidad no están claras.

Sobre todo, porque el sistema que se implementaría sería similar al actual. La municipalidad seguirá siendo la encargada del control y la fiscalización porque el poder de policía es indelegable. 

El otro punto que opaca al proyecto es el del canon. En el proyecto original la suma que la empresa debía pagar a la comuna por mes ascendía a 45 mil unidades de estacionamiento medido (N de la R: 45 mil horas), una cifra que se podría recaudar en una jornada.

Ocho meses después de la elevación del pliego, el gobierno sostuvo que quien lo redactó cometió un error de tipeo. En un análisis de la Dirección General Legal y Técnica del municipio, que se adjuntó al pliego se lee que hay un “evidente error de tipeo” y que el canon mínimo mensual que “ha de ser de cuatrocientos cincuenta mil (450.000) unidades de estacionamiento medido (UEM) en lugar de 45.000”.

En este contexto, durante la última reunión de la Comisión de Legislación del Concejo Deliberante, los empleados de la dirección de Tránsito denunciaron que hay un vaciamiento de la dependencia. Es decir, que la Secretaría de Seguridad  no dispone del personal ni brinda los materiales para que hagan su trabajo. Aun así, la recaudación es la misma que la empresa pagaría como canon. “No entendemos por qué quieren darle el sistema a un privado que no aportará nada y recibirá todo”.

“Por decisiones políticas no tenemos los elementos para trabajar”

Uno de los trabajadores, Gabriel Testa, advirtió que la municipalidad cuenta con todo lo que el pliego le pide a la empresa privada y que el sistema funciona pero aclaró: “No nos están proveyendo de los materiales necesarios para trabajar”. 

Luego, explicó cómo es el sistema. La zona cuenta con 15 cuadrículas de 11 cuadras cada una. Hay inspectores que, con un teléfono celular, relevan cuál patente abonó la tarifa y cuál está en falta. Lo hacen mediante un programa creado por la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Testa precisó que necesitan 15 inspectores en el turno mañana y 15 en el turno tarde y unos 18 teléfonos celulares. Sin embargo, este sistema que en 2015 operaba con 50 inspectores, hoy lo hace con 19 y con sólo 6 teléfonos. “Eso está hecho a propósito. Por decisiones políticas no se han renovado los celulares y no tenemos los elementos necesarios para trabajar. No se puede decir que un sistema no anda si no dan los elementos para cumplir con las tareas”.

“Planteamos que revean la privatización porque quieren sacar algo que funciona para reemplazarlo por algo exactamente igual y no entendemos para qué lo quieren hacer”, indicó. 

Aun en estas condiciones, según el empleado el sistema factura 5 millones de pesos por día con una tarifa de 190 pesos la hora. Un valor que también recibió críticas. “El sistema está creado para que haya circulación vehicular. Un objetivo que queda lejos cuando el  medido compite con cocheras que cobran 800 o 900 pesos por el mismo período de tiempo”. 

“La municipalidad dejaría muchos recursos en manos privadas”

Más tarde, Walter Iribarren, alertó que se abre “la posibilidad de que una empresa privada venga a llevarse muchísimos recursos en una municipalidad que está pagando de forma desdoblada los sueldos, que tiene una urgencia inmediata”. 

A su vez, indicó que el pliego contempla que se amplíen las zonas en las que se cobraría estacionamiento. Si bien no lo precisa, podría suceder en centros comerciales como Güemes y San Juan. También permitiría cobrarles a quienes utilicen plazas de estacionamiento –las obras en construcción por ejemplo– y habilitaría a crear tarifas diferenciadas. “Son todas alternativas que el municipio podría implementar hoy mismo porque el sistema de la Universidad lo admite y los recursos quedarían 100% para el municipio”, señaló y luego  coincidió con Testa: “No entendemos por qué quieren privatizar”. 

Duplicación de los costos 

Otra de las empleadas que asistió al debate en la comisión, Verónica Maio recordó que el estacionamiento medido fue la segunda recaudación de la municipalidad. Además valoró que en plena pandemia se retiraron plazas para que los comerciantes pudieran construir decks. “Una política que se pudo llevar a cabo porque es municipal”, dijo. 

Como el poder de policía de la municipalidad es intransferible, Maio se preguntó para quién van a terminar trabajando los inspectores. Entonces, Ricardo Pignataro, secretario de Relaciones Institucionales del Sindicato de Trabajadores Municipales, advirtió que podría duplicarse la función.  

“Hoy los inspectores del medido controlan también la doble fila, carga y descarga, lugares reservados. Se va a duplicar la función porque va a haber una persona para el estacionamiento y otra para controlar el tránsito. O sea se duplica el costo sin motivo y sin necesidad”, explicó. 

Los empleados coincidieron en que la inversión para que el área funcione al cien por ciento sería sencilla. Los teléfonos que habría que comprar no requieren de una tecnología compleja y no cuestan más de 150 mil pesos. En cuanto al personal, se podría gestionar dentro de la planta sin hacer nuevas contrataciones. 

Por eso, Rubén Irido otro de los trabajadores del área fue directo: “No entendemos el vaciamiento que se nos está haciendo. No entendemos las causas. Hace cuatro meses que no podemos levantar autos con la grúa, se están suspendiendo las alcoholemias, no contamos con móviles. No podemos trabajar de esta forma”.

La privatización avanza  

Los concejales oficialistas Daniel Nuñez y Marianela Romero de la UCR, Agustín Neme y Guillermo Volponi del PRO no respondieron las preguntas que plantearon los empleados. Ni siquiera la que suena como más básica: ¿Qué ganan los vecinos con esta privatización? 

Los concejales de la oposición como Horacio Taccone de Acción Marplatense, Ariel Ciano del Frente Renovador y Mariana Cuesta de Unión por la Patria pidieron que el expediente quedara en la comisión pero el oficialismo apeló a la mayoría automática y la privatización avanza. Solo falta el aval de la Comisión de Hacienda y el de la sesión plenaria. ¿Quiénes serán los que se beneficien?