Hay una desinversión del Estado en la investigación del narcotráfico

El titular de la fiscalía de estupefacientes, Leandro Favaro, se refirió a la falta de inversión estatal que dificulta la investigación del narcotráfico, la necesidad de una regulación del consumo de cannabis, la situación de Mar del Plata y el rol de la policía.

Favaro dialogó con Región Mar del Plata y contó los obstáculos que tienen para investigar al narcotráfico porque no se pueden intervenir los teléfonos. "En el fuero federal muchos de los que sabemos que son narcotraficantes están imputados por lavado de activos. Porque es muy difícil dar con la droga y vincularla cuando uno no puede intervenir una comunicación".

Antes se interceptaba la comunicación telefónica en el conmutador donde se producía la llamada. Después del caso Snowden, ese sistema dejó de existir: ya no hacen falta conmutadores y la información viaja encriptada de dispositivo a dispositivo.

"La única forma de conocer la información de whatsapp o telegram es metiéndote en un dispositivo electrónico de dos maneras distintas. Una es que el virus que el estado utilice encuentre la vulnerabilidad del teléfono, pueda ingresar y levante toda la información. Y la otra es lo que se conoce como fishing: se le envía al que tiene el teléfono un watsapp para que haga click a un link, el teléfono pierde la seguridad y entra un virus", detalló.

Luego, manifestó que el estado debe invertir en sistemas operativos y software. "No intervenir comunicaciones es una locura. Si pasa algo grave, nos vamos a preguntar dónde estuvo el estado haciendo prevención cuando no tiene herramientas para hacerla. Y eso pasa en toda América Latina".

La falta de software no está relacionada a su onerosidad sino a que en muchos países, incluida la Argentina, los sistemas operativos se han utilizado para espionaje político. ¿Es una decisión política no usarlo? "Yo creo que sí", respondió Favaro.

Un escollo fundamental
Para el fiscal, "la falta de recursos técnicos y tecnológicos es un escollo fundamental. Cuando, asumí a principios de 2015, los años anteriores habían hecho una o dos escuchas. En aquel año y en 2016 y 2017, hicimos setenta u ochenta escuchas por año. Eso nos generó un salto cuantitativo y cualitativo enorme en las causas porque empezamos a investigar las organizaciones y a tener causas con catorce, quince, veinte imputados, gran cantidad de droga y de dinero secuestrado".

"Eso duró un poco más de tres años. Entonces el uso de telegram que se hizo masivo y la publicidad de las causas hicieron que nadie hablara por teléfono. Se comunican por watsapp y otras aplicaciones. Hubo un quiebre en las investigaciones. Hoy los teléfonos que tenemos intervenidos capaz hacen una llamada en un mes", aseguró.

En el último tiempo, tuvieron que cambiar la estrategia. "Nos focalizamos en el último eslabón. Como diría Zaffaroni, el más torpe de todos, el que no ha tenido la posibilidad ni el recaudo de siquiera preparar su carrera criminal".

"Intentamos concentrarnos en los barrios y hacer investigaciones que representen seis o siete puntos de venta en un radio relativamente cercano y hacer causas más grandes. Muchas veces no se puede probar la organización pero por lo menos la respuesta es mucho más contundente que ir punto de venta por punto de venta", detalló.

Tras aclarar que la posibilidad de juzgar a más personas en un mismo proceso es mejor, dijo que las causas se nutren de la información que puede recabar la policía de parte de los vecinos, filmaciones de las ventas en los domicilios, interceptación de compradores. "Si vemos que la causa da la posibilidad, tratamos de dar un salto al proveedor. Pero esa información no aparece fácilmente".

La situación en Mar del Plata
Las zonas más complicadas de la ciudad son Camet, barrio Libertad, Nuevo Golf, Las Heras y Parque Palermo. Respecto de las bandas, sostuvo que en ocasiones hay una que maneja todo y también sucede como en el barrio Libertad. "Es amplio y hay una zona que estuvo históricamente manejada por la familia Martins que tenía cinco o seis puntos de venta en dos manzanas. Pudimos detenerlos, imputarlos, secuestramos como cincuenta kilos de marihuana y terminaron condenados".

"A diez cuadras hacia el este, hay otra familia y quince cuadras al sur otra. Ahí se ve muy claro. Pero no hay disputas territoriales como hay en Rosario o en el Conurbano. Puede haber mexicaneadas, violencia a partir del consumo pero no hay hechos de muerte porque se estén disputando territorio. Hasta hoy no lo hemos visto".

Al describir a las bandas, el fiscal narró que pueden estar compuestas por una base de seis o siete personas y todo el resto son personas fungibles. "Pibes o pibas que laburan por el día que quizás caen presos y los suplantan por otros. Son bandas pequeñas. La de los Martins eran cuatro núcleos familiares pero todos los que atendían los points eran pibes del barrio que caían presos y quedaban tirados, abandonados y después los atendía otro".

El rol de la policía
Al ser consultado sobre si la Policía protege o colabora con el narco, Favaro respondió que "en términos generales, el narcotráfico crece. Y crece porque hay complicidad policial. Si me lo decís en términos particulares, salvo determinados casos donde hubo gente de la fuerza de seguridad que estuvieron involucrados y los detuvimos, no te lo puedo asegurar".

"Como afirmación dogmática no hay ninguna duda porque además el narcotráfico tiene muchos recursos para poder sustentar o quebrar cualquier tipo de estructura", afirmó.

Favaro continúo declarando sobre este tema y tras aclarar que "hacía un acto de honestidad brutal", citó un concepto de Marcelo Saín, especialista en esta materia: "Hay una parte rescatable de que forme parte porque muchas veces la policía termina siendo reguladora del negocio. Es lo que no pasa en Rosario donde la policía perdió por completo el negocio. Nadie lo regula, queda en manos de los narcos y pasan las cosas que pasan".

Una regulación dura
En relación al consumo de drogas, según el fiscal, la mirada punitivista ya no tiene sentido y que hay una necesidad de generar una "regulación dura que, con el correr de los años, pueda ir aflojándose".

La regulación no debe ser laxa. "Si no, pasamos de un extremo a otro y cuando el péndulo vuelve, termina habiendo una regresión punitivista mucho más fuerte que la que había antes".

Un ejemplo de una normativa laxa puede ser lo que sucede con el cannabis medicinal. Favaro aclaró que la fiscalía no imputa la tenencia de plantas para consumo. Toma como base las medidas del ministerio Salud que permiten nueve plantas para uso medicinal. "Hay allanamientos donde se encuentran dieciocho, veinte, veinticinco o treinta plantas".

"Como pareciera ser que está todo bien, no plantan tres sino veinticinco y de ahí a vender después de producido hay nada", dijo y agregó. "Además, hoy la marihuana es carísima. Un porro vale entre 400 y 600 pesos. El veinticinco de flores (N de la R: como se le lama en la jerga a los 25 gramos de marihuana de buena calidad) está a 6 o 7 mil pesos. Una planta, que te puede dar un kilo, es mucha plata".

¿Cómo sería esa regulación dura? "Me refiero a que no sea absolutamente permisiva. La de cannabis medicinal me parece muy interesante porque fija algunos parámetros, algunas cantidades y uno no podría pasarse de eso".

Actualmente, en las fiestas electrónicas se observa, contó el fiscal, que muchos chicos van con porros en el bolsillo y con el carnet del Reprocan (Registro Nacional de Personas Autorizadas al Cultivo Controlado con fines Medicinales y/o Terapéuticos). Eso no es lo que está habilitado. La ley no permite que se consuma en cualquier parte ni ingresarlo a una fiesta electrónica.

Además, consideró que debería basarse en el cannabis. "Una regulación rígida, con criterios claros de consumo personal, cultivo, producción pero en principio en pequeñas cantidades respecto de un estupefaciente particular", señaló.
En la discusión sobre la regulación, hay un punto clave: "el artículo 14 de la ley de drogas, que pena la tenencia para el consumo, no se aplica en ningún lugar del país. Ha caído en desuso porque es contrario a cómo vive una sociedad".

La norma es del año 1989 y el artículo dice así: "Será reprimido con prisión de uno a seis años y multa de ciento doce mil quinientos a dos millones doscientos cincuenta mil australes el que tuviere en su poder estupefacientes. La pena será de un mes a dos años de prisión cuando, por su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívocamente que la tenencia es para uso personal".