La municipalidad obstaculiza el acceso al aborto

La Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito denunció al gobierno del intendente Guillermo Montenegro por impedir el acceso al derecho de interrumpir voluntariamente el embarazo (IVE).

Se trata de una resolución de la Secretaría de Salud de la Municipalidad que prohíbe a los profesionales de la División Clínica Médica de los Centros de Atención Primaria realizar actividades relacionadas con la Ley IVE/ILE que el Congreso sancionara en diciembre pasado.

La Red de Profesionales de la salud por el Derecho a decidir y la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud (CICOP) acompañan la denuncia.

La integrante de la red, Laura Birman, quien además es secretaria gremial de CICOP y trabajadora de un centro de salud sostuvo que la nota lleva la firma de la subsecretaria de Salud Karina Conde y de la directora de Salud del municipio. "Afecta a los médicos que hacen guardias", dijo.

Están privando a la población del acceso pleno a la IVE. "En el Centro de Salud Nº 2 y en el IREMI no hay profesionales que trabajen en esta temática. Las personas que viven en el centro y en el puerto 8las dos zonas donde se sitúan esas salas) deben trasladarse a otros lugares".

También se ven afectados los centros de 24 horas porque quienes hacen las guardias son médicos clínicos. Las personas que acuden allí para atenderse solo reciben asesoramiento y las trasladan.

"La ley dice que los equipos de salud no deben obstaculizar ni hacer maniobras dilatorias para el acceso a la práctica", recordó Birman y agregó que "prevé penas de cárcel para quienes obstaculicen el derecho".

No obstante, señaló que "hay centros de salud donde sí hay profesionales y médicos que garantizan el acceso. El municipio se ampara en eso entonces no tienen que autorizar a los profesionales de clínica médica a que lo hagan".

Tras aclarar que las autoridades no dieron ningún argumento respecto a esta resolución, la profesional indicó que la red presentó notas a la Comisión de Salud de Salud del Concejo Deliberante y al ministerio de Salud de la nación. Además pretende que haya un diálogo con la jefatura para que la medida se revierta.

Más consultas
Poco antes de que se aprobara la ley, con el tema ya instalado en la opinión pública, se notaron las diferencias en cuanto a la demanda. "Las personas están más informadas y la consulta la hacen más temprano. Está más difundida la posibilidad de acceso para interrumpir el embarazo en las instituciones públicas. Entonces sí notamos más demanda".

"Antes llegaban con una edad gestacional más avanzada que ahora. Es súper positivo porque cuanto más avanzada la gestación es más complejo el proceso. Hasta la semana trece de embarazo se puede hacer ambulatorio, con medicación. Después las tenemos que derivar al hospital y tienen que transitar una internación", remarcó.

Otras trabas
Hay otros sectores de la salud que ponen obstáculos a la ley. "Las obras sociales son más reticentes a cubrir la mediación, a autorizarla. Recibimos también derivaciones de clínicas privadas cuando ellos tienen que garantizar las prácticas por ley, igual que nosotros. Eso sigue sucediendo. Nosotros atendemos a cualquiera, tenga obra social o no. Pero tratamos que las obras sociales cumplan la ley".

Las personas que sufran dificultades o impedimentos para acceder a este derecho pueden denunciar al 0800-222-3444 de forma anónima.