Más de la mitad de los padres incumplen con la cuota alimentaria en la provincia

El gobierno bonaerense presentó el primer informe "Incumplimiento de la obligación alimentaria en la Provincia de Buenos Aires: Un problema estructural que profundiza las desigualdades de género".

La presentación estuvo a cargo de la jefa de gabinete de la Subsecretaría en Políticas de Género y Diversidad Sexual Sabrina Cartabia, la directora de Investigación, Planificación y Evaluación de Políticas de Género y Diversidad Sexual Sol Calandria y la directora de Planificación y Programas Especiales para la Igualdad de Género Lucía Cavallero.

La investigación se desarrolló entre junio y septiembre de 2021 a través de encuestas virtuales a 6442 personas de los 135 municipios de la provincia y entrevistas a otras 52 personas, actores que se desempeñan en el poder judicial, en las áreas de políticas de género de los municipios y referentes de organizaciones sociales.

Caballero explicó que el 54% de las respuestas fue de hogares monomarentales. "Es donde se concentran y se exacerban las injusticias y las brechas de género", dijo y luego aclaró que "el 40% de las respuestas fueron de mujeres de entre 26 y 35 años y el 48% de entre 36 y 55".

Los números son apabullantes: "El 51% no recibe cuota ni cubre gastos. Además en las que reciben hay situaciones muy grises: el 24% percibe el dinero de manera regular, el 15% de manera irregular y el 7,9% no percibe dinero pero el progenitor cubre gastos y necesidades".

El estudio dejó en claro que hay hogares que solo reciben cuota para alimentos. "La idea es solo dar dinero para eso. No vaya a ser que tengas otra actividad que la alimentación", señaló la funcionaria y advirtió que "las situaciones de regularidad e irregularidad dinamizan, muchas veces, situaciones de chantaje emocional".

El informe también indagó acerca del rendimiento de la cuota. Entre los hogares que reciben, el 48% dijo que no le alcanza para cubrir los gastos mínimos, el 33% cubre solo alimentos, al 10% le alcanza para cubrir las necesidades, el 6% solo cubre gastos de salud y educación y el 3% solo cubre actividades escolares.

Las familiares que no reciben la cuota, manifestaron que tienen estrategias variadas para afrontar el día a día. "Van desde empezar a depender del aporte de otros familiares o allegados, solicitar préstamos. El 27% contestó que una combinación de las estrategias anteriores y el 29% que tuvo que aumentar las horas de trabajo", explicó Cavallero y alertó sobre el costo que implica para esas mujeres que no es otro que la pérdida de autonomía económica, la imposibilidad de proyectar un futuro, de tener un ahorro y tiempo para el cuidado y actividades personales.

Si bien el incumplimiento de la cuota se da en familias de todas las condiciones socioeconómicas, del informe se deprende que se incrementa donde las condiciones laborales son más precarias.

Los padres que se desligan del cuidado y la crianza
Sol Calandria se refirió a la relación directa entre obligación alimentaria y corresponsabilidad de los cuidados. Mediante el informe detectaron que el incumplimiento muchas veces significa un desligamiento de las responsabilidades de cuidado y crianza por parte de los progenitores.

"La ausencia de los progenitores en las tareas de cuidado es transversal a los distintos sectores sociales. Sin embargo, golpea con mayor dureza a los hogares monomarentales de sectores populares", indicó.

En cuanto a las estrategias ante la ausencia de los padres a la hora del cuidado, señaló que "el 35% se organiza principalmente con familiares, amigos y amigas, un 23% solas, otro 23 recurre a múltiples estrategias, un 4% a guardería, jardín o escuela y un 5% contrata a una persona. Solo el 10 dijo organizarse con el progenitor únicamente".

Calandria afirmó que muchas mujeres que no cuentan con red familiar y acuden a las redes territoriales formadas por mujeres que se despliegan en los barrios populares.

Otra de las cuestiones es la relación entre los acuerdos por el cuidado de los hijos e hijas y el reclamo por alimentos. "Una vez que se obtiene un logro en el cuidado, muchas mujeres renuncian a los alimentos porque no quieren obstruir el vínculo entre padres e hijos y porque estarían atentando a la propia organización del cuidado que tanto les costó".

La funcionaria manifestó que el desligamiento de los cuidados no surge por la separación. "Estaba presente en la dinámica familiar previa. En todo caso se consolida con la separación y se traduce en el incumplimiento de la cuota alimentaria y en la ausencia de los cuidados".

La investigación dejó en evidencia a los padres. "Un recurso común para desentenderse de las formas de cuidado es mostrarse en desacuerdo con las actividades y decisiones que toman las mujeres en el marco de la planificación y la organización de los cuidados del hogar".

Por otra parte, Calandria abordó el vínculo entre obligación alimentaria y violencia por razones de género. "El incumplimiento es una forma de violencia de tipo económica que produce la pérdida de autonomía de las mujeres y dificulta su subsistencia económica y la de los niños, niñas y adolescentes".

"Los diferentes tipos de violencia que forman parte dela negociación y se dan de manera simultánea son la física, la psicológica y la sexual. En la física se puede observar que el reclamo por la obligación alimentaria es una forma de reeditar situaciones de violencia y muchas mujeres deciden ceder autonomía económica para ganar en integridad o autonomía física".

Respecto de la psicológica, Calandria definió que "el uso y control de dinero por parte de los varones es un medio para continuar el ejercicio y control sobre las mujeres y, principalmente, de las relaciones sexo afectivas de las mujeres una vez que se produce la separación. Y en muchos casos se presentan formas de violencia sexual, con exigencias de ese tipo para cumplir con la obligación alimentaria".

Los obstáculos que pone el poder judicial
En tanto, Sabrina Cartabia abordó los obstáculos que tienen las mujeres a la hora de reclamar por la cuota. "El pago de la obligación alimentaria es muchas veces percibido como una penalidad o un impuesto y no como una cuestión de corresponsabilidad".

Los datos acerca del sistema de justicia son vergonzosos: "El 90 % de las mujeres dijo que el proceso judicial para reclamar les resultó muy dificultoso o dificultoso y el 70% de las que pasaron por un proceso judicial dijeron estar nada conformes con los resultados".

"Hay una ineficacia sistemática pero también hay una tolerancia social. Todas conocemos o tenemos una compañera, prima, vecina, hermana que lucha por la cuota alimentaria y parecería que nadie conoce a los incumplidores. Se tolera, no se ve como un problema y genera desconfianza y soledad en las mujeres frente a las instituciones con una cuestión de injusticia sistemática", puntualizó.

Cartabia imaginó a una mujer frente al sistema judicial y le puso un nombre "Yamila". "Si bien, el porcentaje de mujeres que conocen el marco normativo del derecho de las mujeres es muy alto, Yamila es parte del 45.9% que dijo no conocerlo y del 41% que no sabe cuáles son los mecanismos para acceder al pago de la obligación alimentaria en un contexto de derecho y con un discurso que es complejo para comprender".

"Yamila es parte del 65% de las mujeres que no sabe dónde recurrir para asesorarse. Todavía en las direcciones o áreas de género este tema no logra ser abordado. O no hay abogados trabajando entonces Yamila no sabe que puede demandar al padre y a otros familiares en simultáneo", dijo.

No es ninguna novedad que en el poder judicial falta perspectiva de género y se desconoce el valor del cuidado. "Es probable que Yamila sufra violencia simbólica en el proceso por parte de los abogados de los varones cuya finalidad de lograr una rebaja en el monto y los jueces y juezas suelen aceptarlo y no evitan este tipo de violencias".

Además, Yamila encontrará un proceso largo. "Debería ser de entre 6 meses y 2 años pero existen muchas herramientas dilatorias. Es probable que Yamila encuentre que el proceso es mucho más extenso de lo que puede sostener".

"Si Yamila cobra, por ejemplo, 5 mil pesos no podrá acceder al patrocinio jurídico gratuito", explicó Cartabia. Para que el estado le dé un abogado no deberá contar con ningún ingreso. "Si finalmente accede se va dar cuenta que la oferta es insuficiente, le van a dar un turno y van a tardar bastante tiempo en atenderla".

Las cifras para hacer el diagnóstico son elocuentes y a más de un deberían avergonzarlo. Ahora, faltan las políticas y la conciencia social para que la situación cambie.