Todo lo que desnudó la cesión de tierras en El Marquesado

Ruido. La cesión de un campo de 140 hectáreas, ubicado entre El Marquesado y Playa Chapadmalal, a la ONG Tercer Tiempo y al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que conduce Juan Grabois para un proyecto agroecológico, generó ruido. Habrá que ver si después de tantos encontronazos, se construye algo más. Quizás una política. Una para cada problema que quedó en evidencia: la necesidad de producir sin contaminar, el déficit de viviendas y las condiciones en las que vive parte de la población de Mar del Plata.

A primera vista, parece lejano. El intendente denunció a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), organismo que cedió el terreno mientras dure el proyecto agroecológico. La causa quedó alojada en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 12 del juez Ariel Lijo. 

Así el jefe comunal actuó como lo hizo tantas otras veces como en el caso de las tomas de tierras en el barrio Las Heras, las protestas con cortes de tránsito de movimientos sociales y con la exploración petrolera. Aunque ya se sabe: las políticas públicas no se diseñan ni se discuten en los tribunales. 

Una venta inconstitucional 

El tema escaló pronto. Medios y dirigentes del orden nacional como Mauricio Macri acusaron a Grabois de usurpador de tierras. El dirigente, cercano al Papa Francisco, respondió que Montenegro y Macri querían el terreno para construir un country, que de hecho habían intentado vender las tierras durante 2016. 

Montenegro salió al cruce: “No podés venderlos porque son del estado nacional”, dijo y agregó: “Es falso y mentiroso". Pero el intento de venta de esos terrenos existió. El diecinueve de agosto de aquel año Mauricio Macri y su Jefe de Gabinete, Marcos Peña, firmaron el decreto 952  http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/260000-264999/264626/norma.htm que autorizaba al AABE a “enajenar los inmuebles del estado nacional que se detallan en el Anexo 1”. 

En el anexo figuraban diecisiete propiedades del estado. Trece en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cuatro en la provincia que entonces gobernaba María Eugenia Vidal. Entre ellos se encuentra el predio de El Marquesado. Finalmente, la operación no pudo concretarse porque la justicia consideró que el proceso iba contra la constitución.      

A conurbanizar 

Ni el MTE, ni el AABE, ni el gobierno nacional comunicaron nada del proyecto. Ni a través de un video en redes sociales. Al menos antes del sábado pasado. El día que los integrantes del Movimiento que conduce Grabois entraron al terreno como si fueran los dueños. 

Entonces se produjo la reacción de los vecinos y del gobierno local. Uno de los primeros en llegar al campo fue el secretario de Seguridad, Martín Ferlauto. Allí, cara a cara y como un compadrito, el funcionario les dijo a los dirigentes que la municipalidad haría lo posible para que en Mar del Plata no se hiciera nada de lo que ellos querían. Que no se hiciera lo que se hizo en lugares del conurbano. 

La idea la sostuvieron otros representantes del gobierno. Incluso, el concejal Agustín Neme que es uno de los más cercanos al intendente Guillermo Montenegro: el gobierno nacional pretende conurbanizar Mar del Plata, repitieron. 

La frase, que suena a concepto sencillo, endurece la postura del intendente en un año de elecciones, es pegadiza y seduce a parte del electorado. Pero también, busca los problemas afuera como si hubiera una campaña constante contra la ciudad. 

Y niega y omite. La pobreza en Mar del Plata, según el dato dado a conocer por el INDEC hace tres días, asciende al 30.4 % de los vecinos y la indigencia al 8.4. Alcanzan a 199.171 y a 54.250  personas. En una población de 682.605 habitantes, 253.421 no llegan a cubrir sus necesidades básicas. No tienen ingresos para hacerlo. 

Mar del Plata es la ciudad del país con más desocupados y cuenta con 71 barrios inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares. Se trata de villas, asentamientos y otros lugares donde la mayoría carece de servicios básicos como agua y cloacas. Entonces cabe preguntarse cuál será el significado de conurbanizar para el gobierno de Guillermo Montenegro. 

En soledad 

El intendente aseguró que no sabía nada del proyecto. “No hubo acercamiento con el municipio. Tampoco fue consultada ninguna autoridad de provincia. Directamente les avisaron a los vecinos que iba a haber un proyecto de huertas que se iba a instalar. Nosotros no sabíamos nada".

Sin embargo, la concejala Sol de la Torre aseguró que el edil del oficialismo y ex secretario de Desarrollo Productivo, Fernando Muro, conocía el proyecto y a la gente que lo estaba impulsando. De hecho, habían mantenido reuniones con él. 

La versión de la concejala del Frente de Todos fue refrendada por el abogado del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Maximiliano Alvarez y quedó más claro que el resto del Frente de Todos la había dejado sola. 

Es que ninguno de sus compañeros de bloque, que responden a la titular de la Anses Fernanda Raverta, pidió la palabra en la sesión pública del Concejo Deliberante en que se discutió el tema. En tanto que el dirigente del massismo –el otro espacio del Frente– en la ciudad, Juan Manuel Cheppi, expresó su repudio al proyecto. 

En la sesión, Muro reconoció: “Nosotros desarrollamos un plan de fomento de la agroecología. Apoyamos ese modelo en las zonas de interferencia, está probado mundialmente que hace de contención de la deriva de los agroquímicos utilizados en la producción extensiva. Pero esto es otra cosa, es una asignación intempestiva de un campo enorme”.

Vecinos a la deriva 

Muro sabía. Y sabe también, según se desprende de su declaración, cómo afectan las fumigaciones. Deriva se le llama al viaje que hacen los agroquímicos en toda fumigación que los puede llevar a kilómetros del sitio donde se aplicaron. 

Los vecinos también saben de deriva. Argentina es uno de los países con mayor uso de plaguicidas. En 2015 se utilizaron 427 millones de kg/1 de agroquímicos: un promedio de 9,7 kg/1 por persona. Mar del Plata es un claro ejemplo de ello a pesar de la vigencia de la resolución de la Suprema Corte de Justicia que prohíbe las fumigaciones a menos de mil metros de centros urbanos. 

Los vecinos de El Marquesado denuncian fumigaciones igual que los de Félix U Camet. En zonas como la de Sierra de los Padres se ha detectado la presencia de agroquímicos como glifosato en el agua de escuelas y lo mismo ocurre en Playa Serena. 

Los vecinos saben, también, que la municipalidad de General Pueyrredon y la división de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que son los organismos que deben controlar, no lo hacen. Entonces las fumigaciones no paran. Pero ahora los vecinos saben que sus representantes saben.