Denuncian estafas y apropiación de terrenos en Chapadmalal

A fines de 2022, una pareja de jubilados visitó el terreno ubicado en la esquina de las calles Las Orcas y Estrella de Mar en el barrio Playa Los Lobos. Se los había ofrecido la inmobiliaria Alonso Chapadmalal. 

Ellos tenían la idea de construir así que calcularon la ochava, los metros, vieron la calle que estaba sin abrir y después de la calle un curso de agua. Lo compararon con el plano que llevaba membrete del Departamento de Catastro de la Municipalidad de General Pueyrredon. Todo coincidía y lo compraron. 

Hace unos días, una vecina los alertó: en la zona son cada vez más comunes las usurpaciones. Fueron a verlo y se encontraron con que tiene un cartel de venta de otra inmobiliaria.

Averiguaron y descubrieron que, en realidad, Alonso les vendió el terreno que está justo sobre el curso del agua. En el plano figura como canal semi permanente. Pero no es otra cosa que un arroyo.

Igual que el mar, que los ríos, los arroyos son un bien de dominio público dice el artículo 235 del Código Civil y Comercial mientras que en el 237 dice que son inenajenables, inembargables e imprescriptibles. Una obviedad: no se pueden vender. 

La pareja, que prefiere mantener el anonimato, piensa que la estafaron. La inmobiliaria les respondió que ellos podían ayudarlos a rellenar el terreno, una acción que podría constituir un delito. La otra solución que les dieron es que lo vendan. Que la estafa continúe. 

La mala costumbre 

La Asamblea Luna Roja denunció que el 26 de febrero la inmobiliaria Alonso Chapadmalal intentó alambrar terrenos en la ribera del Arroyo, “corredor biológico, sitio arqueológico y bien de dominio público”, sostuvieron en un posteo en redes sociales.

Los vecinos fueron hasta el lugar y llamaron a la Policía. Los efectivos de la división de Prevención Ecológica suspendieron las tareas. intervino la Fiscalía de Delitos Ambientales y las máquinas se retiraron.

La Asamblea aclaró que el arroyo y sus riberas son de libre tránsito. La ley 6253 de Desagües Naturales prohíbe la construcción o movimiento de suelo a 30 metros de los cursos de agua semipermanentes. La ley 25.743 de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico prohíbe el movimiento de suelo en sitios de valor.   

“Si te venden un terreno que linde con un arroyo, no vas a poder construir, y te están estafando”, escribieron.

La vecina a la que le demolieron una casa 

Luisa nació en la provincia de Chaco el 10 de abril de 1945 y en el año 77 se trasladó a Mar del Plata, comenzó a trabajar en un complejo turístico de la zona de Chapadmalal y se mudó al barrio.

Todavía recuerda cómo era el lugar en aquella época. No había luces, ni plaza, ni sociedad de fomento. Ni siquiera árboles. Los fueron plantando de a poco para que les dieran cobijo y los protegieran del sol en el verano. 

Los hijos de Luisa se criaron ahí, fueron a la escuela 24. Igual que uno de sus nietos. 

En el terreno lindero al de su casa, una mujer que se llamaba Juana contrató a uno de los hijos de Luisa para que le construyera la vivienda. En algunos meses levantó la habitación, la cocina, el comedor. 

Pero tres años más tarde, el hijo de Juana falleció y ella se fue a Buenos Aires. Entonces les pidió que le cuidaran la casa y el hombre que la había construido se instaló allí.

En el terreno tenían una huerta y árboles que crecieron poco a poco. Higuera, mora, membrillo, manzano. Por la tarde, Luisa y la familia recogían la fruta y hacían dulces. Muchas veces, los vendían. 

En 2017 terminó la calma. Empleados de la inmobiliaria Alonso Chapadmalal fueron a verla y le dijeron que el terreno les pertenecía, que eran ellos los que pagaban los impuestos. Si querían quedarse debían firmar un comodato. Ellos accedieron pero unos años después comenzaron a amenazarlos con que iban a desalojarlos. 

“Yo pensaba que no podía ser. Si ellos saben que ese terreno me corresponde”, dijo Luisa y contó que en 2021, su hijo tuvo tres ACV. Las secuelas fueron graves. Aún no puede caminar y se moviliza en silla de ruedas. Así que se mudó a la casa de ella.

El 10 de febrero estaba en la cocina cuando escuchó el sonido de las máquinas. Pensó que estaban trabajando en un barrio privado que queda cerca. Salió y vio a la topadora y al tractor que pasaban por encima de los árboles y las paredes de la vivienda.

Luisa, que el 10 de abril cumplirá 80 años, contó que fue la primera vez que vio “tanto atropello, tanta agresión”. Después se acercó para que se detuvieran y uno de los empleados le dijo “Volvete al Chaco”. 

“La parte humana de las personas está muy deteriorada. Acá hay mucha usurpación y este señor vende terrenos a toda costa”, dijo Luisa que también se lamentó porque solo un  par de árboles quedaron en pie en el terreno y las máquinas destruyeron hasta el pozo del cual extraía el agua potable. 

Años de atropello

Los vecinos y vecinas de la zona sostuvieron que la inmobiliaria Alonso Chapadmalal hace años que opera de la misma manera. Un hombre, que prefirió no dar sus datos porque su familia tiene miedo, contó que hace diez años, un grupo de hombres de la inmobiliaria intentó apropiarse de un terreno de su familia para venderlo. incluso llegó a cercarlo. 

Los casos se repiten en Playa Chapadmalal, Santa Isabel, Playa Los Lobos y El Marquesado. 

Existe la creencia de que si alguien paga durante una cierta cantidad de años los impuestos de un inmueble, tiene derecho a quedárselo. En el código civil esa figura se conoce como usucapión o como prescripción adquisitiva. Sin embargo, la misma norma también establece que hay otras condiciones que se deben cumplir: la posesión debe ser en forma pública, pacífica, continua e ininterrumpida durante el tiempo establecido por la ley. 

El Código Civil distingue dos tipos de prescripción adquisitiva: larga y breve. La primera es de 20 años que se cuentan a partir de la posesión del inmueble en forma ostensible y continua. En la segunda, existe un poseedor de buena fe mediando justo título y el plazo es de 10 años.

De cualquier manera, no se trata de un proceso sencillo. Los vecinos sospechan que la inmobiliaria de alguna forma accede a los datos acerca de qué terrenos pagan impuestos y tratan de apropiarse de aquellos que no lo hacen.  

Los vecinos tienen otra sospecha aún más oscura. Antes de que existieran estos barrios de la zona Sur, allí se encontraba la estancia de los Martínez de Hoz. Uno de los herederos, José Alfredo, fue ministro de Economía durante la última dictadura militar y en 2010, el Banco central lo inhabilitó por el período de 25 años para operar en el sistema financiero. Entonces creen que la inmobiliaria es un eslabón de las operaciones que hace esa familia.