Hay una vulneración de derechos y aumentó la violencia contra mujeres trans

Región Mar del Plata accedió al informe del Instituto de Investigaciones sobre Sociedades, Territorios y Culturas (ISTeC) de la facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata que pone de relieve el deterioro económico y el aumento de la violencia contra mujeres trans a partir de la implementación de la ordenanza 25590. 

Se trata de la norma con la cual el gobierno de Guillermo Montenegro relocalizó la oferta de servicios sexuales en la vía pública –la llamada zona roja– y estableció multas de entre $70.000 y $800.000 pesos y/o la detención para quienes no la cumplieran.

El informe, que lleva la firma de los investigadores Cristian Darouiche, Estefanía Martynowskyj e Inés Pérez, destacó que la nueva normativa “implicó un aumento de la criminalización del trabajo sexual callejero y de las mujeres trans y travestis, una intensificación de la violencia institucional hacia ellas y la vulneración de sus derechos humanos”.

La investigación consistió en 35 encuestas a trabajadoras sexuales trans y travestis que se desempeñan en la vía pública y, en una segunda etapa, realizaron entrevistas semi estructuradas a dos referentes de las organizaciones. 

Según el informe, 9 de cada 10 personas encuestadas manifestó que hay un incremento del  control y la violencia de las fuerzas de seguridad y sólo ocho no vivieron situaciones de violencia. 

Las mujeres mencionaron las situaciones que más se repiten con la policía: pedido del DNI, requisas, actas por ofrecer servicios sexuales, falta de respeto a la identidad de género y que pararon o detuvieron a alguno de sus clientes. 

Una de las encuestadas fue contundente: “Ellos (la patrulla municipal) se sienten con más poder”, desde la entrada en vigencia de la ordenanza.

El estudio, que destacó la historia de violencia que existe sobre las personas trans por parte de la policía, indicó que “la creación de zonas rojas como la marplatense habilita mayores márgenes de arbitrariedad de parte de la policía y, consecuentemente, mayores probabilidades de que ejerza violencia de distintos tipos sobre las trabajadoras sexuales y personas trans y travestis”. 

También se observó un aumento del control y la violencia por parte de los vecinos: 6 de cada 10 encuestadas señalaron que llamaron a la policía, la echaron de la esquina, la insultaron, la agredieron físicamente o agredieron o intentaron agredir a un cliente”.

Coimas por Mercado Pago 

La pérdida de derechos de las mujeres trans también reside en que las fuerzas de seguridad les impiden circular. “Asumen que su presencia es un indicativo de que están ofreciendo servicios sexuales”, sostuvo el informe. “Las detienen y les piden documentos solo por estar en la calle y  les han indicado que no pueden circular de noche, independientemente de la razón por la que lo hagan”, detalló.

Una de las referentes que entrevistó el equipo del ISTeC contó que en un momento, cuando la ordenanza llevaba algunos meses de vigencia, lograron llegar a un acuerdo con la Patrulla Municipal, que las dejaría trabajar siempre y cuando no permanecieran ocupando un espacio fijo. “Mientras la conflictividad con este actor municipal disminuyó, aumentaron las tensiones y los conflictos con la Policía de la Provincia de Buenos Aires”. 

La entrevistada narró situaciones de agresiones físicas. “En verano tuvimos problemas con dos compañeras y lo denunciamos. Por ejemplo, una de estas compañeras había subido al auto de un cliente y vino la policía, la bajó, se subió al auto y le pidieron una coima al cliente de $30.000, que le tuvo que pagar por MercadoPago”.

Luego, describió otro tipo de humillaciones. “Algunas compañeras toman petaca a la noche para calentarse por el frío o para agarrar coraje. Y a una compañera la agarró la policía, le tiraron su petaquita sobre la cabeza diciéndole que se vaya a bañar, que era una mugrienta, y que se vuelva a su país. En plan burla les hacen eso... entre ellos cuchicheaban y se decían «¿Carlitos, no necesitas un albañil? Te llevo a esta». Me da una bronca!! Eso hace la policía y el jefe de calle con nosotras”. 

El impacto económico 

La ordenanza 25590 produjo una merma en las condiciones de vida de las mujeres trans. Las personas encuestadas declararon que ganan menos y que tienen una menor cantidad de clientes: 8 de cada 10 personas encuestadas manifestó que tiene dificultades para pagar el alquiler y para comprar alimentos y 7 de cada 10 que sus condiciones de trabajo empeoraron. Es decir que deben aceptar clientes o prácticas que consideran más riesgosas y tienen miedo de salir a trabajar.

“Los efectos económicos de la ordenanza sobre la vida de las trabajadoras sexuales cobran dimensión cuando observamos que solo dos de las personas encuestadas indican que sus ingresos no provienen del trabajo sexual”, manifestaron los investigadores. 

Un tercio de las personas encuestadas realiza otro trabajo además del trabajo sexual (todos ellos informales y precarizados, entre los que se destaca el servicio doméstico) y solo 1 de cada 10 cuenta con algún programa social. 

Así, casi ninguna de las personas encuestadas alcanza el monto del salario mínimo y la mitad tiene personas a cargo y/o algún familiar al cual le envían dinero mientras que un tercio vive con niños o personas mayores que requieren cuidado.

Además, quienes consumían servicios sexuales ahora tienen miedo de ser detenidos y/o multados. Esta situación produce que las trabajadoras sexuales callejeras acepten prácticas que consideran más riesgosas, tarifas más bajas y que cuenten con menos clientes, lo que disminuye significativamente sus ingresos. 

En síntesis, la entrada en vigencia de la ordenanza 25.590 ha deteriorado las condiciones de vida de las trabajadoras sexuales trans y travestis, sobre todo de las migrantes.