Investigan a dos jueces de Mar del Plata por violencia laboral y de género

La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) Departamental Mar del Plata denunció a los jueces integrantes del Tribunal de Trabajo N°4 Mariano Riva y Alejandro Lerena por violencia laboral y de género. 

En diálogo con Región Mar del Plata, el Secretario General, Fernando Mariano Ariel Fernández, dijo que la investigación avanzó y las pruebas son contundentes. Tanto que hasta la Suprema Corte ha dado licencias por violencia de género a empleadas y hay otros jueces que declararon contra estos magistrados.

Así, la posibilidad de que haya un juicio político contra los dos funcionarios está cada vez más cerca. Por eso, Fernández adelantó que solicitaron a la Suprema Corte que les de licencia hasta que se desarrolle el jury. 

La denuncia tuvo lugar en marzo pasado. A los jueces los acusan de “violencia laboral y en el caso de las compañeras trabajadoras adquieren naturaleza de violencia de género porque hay una relación de disparidad de poder respecto de los dos magistrados. También porque a una magistrada tuvieron que trasladarla a otro tribunal por situaciones de violencia de género”. 

A su vez, el titular de la AJB aclaró que hubo hechos más graves “de índole tan personal que no los ventilamos, que justificaron que hiciéramos la denuncia por ambas violencias. De hecho, de las tres compañeras, una ya fue trasladada a otro lugar de trabajo y dos tienen el pedido hecho. La Suprema Corte les dio una licencia por violencia de género a las tres”. 

Contra la jueza 

El primer caso, ya probado, fue el de la jueza que ya no integra el tribunal. Tuvieron que trasladarla porque la convivencia con sus colegas era “insoportable”, calificó Fernández. “Ella, como presidenta del tribunal, firmaba una resolución para que se hiciera determinada diligencia en un expediente y sus dos colegas sacaban otra resolución para dejar sin efecto lo que había pedido. Así la desautorizaban y la hostigaban”. 

Tras aclarar que aquel procedimiento era sistemático, el dirigente detalló que los jueces amenazaban de forma constante con iniciar sumarios a los empleados o los inventaban. “Un compañero estuvo en situación indefensión durante un sumario que era todo un invento y le prohibían venir al sindicato. Cuando vino ya habían transcurrido seis meses  de que le habían impuesto una suspensión sin goce de sueldo por tres días y logramos revertir el sumario que no respetaba ningún tipo de garantías. La corte lo anuló y el compañero está sin esa sanción”. 

La investigación está en un período de recolección de pruebas y todavía no se pueden conocer los detalles pero se sabe que contra los jueces hay testimonios de otros tres magistrados. “Que tres jueces  declaren en contra de colegas debe ser el primer caso en toda la provincia. O que testimonian ratificando hechos que nosotros denunciamos. Eso habla a las claras de la contundencia de la denuncia y los elementos que tenemos”. 

El número de víctimas alcanzaría por lo menos a ocho, lo que hace a los hechos aún más graves si se tiene en cuenta que en el tribunal había alrededor de veinte trabajadores. “Ha habido casos de renuncia por estos hechos”, dijo el secretario general y agregó que las tres mujeres que fueron licenciadas por violencia de género vieron afectada su integridad psicofísica. 

La investigación se está desarrollando con celeridad. La Suprema Corte ya tomó más de treinta declaraciones testimoniales y pueden tomar otras medidas de prueba. Todo indica que la causa se encamina a un juicio político. 

Sin imparcialidad 

No obstante, Fernández advirtió que los trabajadores judiciales están en una situación desventajosa. “Nuestro empleador es quien determina las reglas de juego en el ámbito laboral privado y en otros ámbitos del estado. Es el poder judicial quien dice esta persona está mal despedida o hay persecución o discriminación. Tenemos que ejercer derechos con quien decide sobre la legalidad o ilegalidad de una denuncia, de pruebas, hechos y demás”.

“Por eso tenemos que ser más precisos y contundentes a la hora de denunciar porque nuestro propio empleador no deja de tener ese doble juego de empleador y juez administrativo. No está en una condición de imparcialidad o independencia total como puede ser cuando un tribunal de trabajo decide sobe una demanda laboral y de un lado está el gremio de una actividad privada y del otro un patrón. Acá el patrón y el juez son la misma figura”. 

Al ahondar en ese escenario, Fernández recordó que miembros de la conducción del sindicato han sido sumariados y también cómo se compone el jurado en caso de un juicio político. Está integrado por cinco abogados o abogadas de la matrícula, cinco legisladores y el presidente de la Suprema Corte. “Otra vez tenemos a nuestro empleador. Tenemos que ser muy sólidos en el pedido y en la defensa porque las reacciones corporativas existen”.