Provincia de Buenos Aires endurece medidas contra deudores alimentarios morosos

La Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires ha sancionado una ley que fortalece el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM), con el objetivo de mejorar la eficacia en el cobro de cuotas alimentarias. Esta nueva normativa permite la inscripción de deudores desde el primer incumplimiento del pago, ya sea de alimentos definitivos o provisorios, ampliando el alcance que anteriormente requería tres incumplimientos consecutivos o cinco alternados. ​

Además, la ley incorpora a empleadores y acreedores que, habiendo sido intimados judicialmente, no cumplen con su responsabilidad solidaria en el pago de las cuotas alimentarias, según lo establece el Código Civil y Comercial de la Nación. Esta medida busca cerrar brechas legales que permitían eludir obligaciones financieras hacia niñas, niños y adolescentes. ​

Entre las sanciones contempladas, se incluye la suspensión de trámites para habilitar comercios o industrias. Sin embargo, si el deudor no cuenta con otra fuente de ingresos, se le otorgará provisoriamente el permiso bajo la condición de regularizar su situación. Asimismo, se impide la inscripción en el Registro Central de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos a aquellos que figuren en el RDAM. ​

La ministra de las Mujeres bonaerense, Estela Díaz, destacó la importancia de esta legislación, señalando que refuerza la autonomía económica de las madres y garantiza el bienestar de las infancias. "Este gran cambio legislativo favorece la autonomía económica de las mamás que cuidan y, sobre todo, a nuestras niñas y niños", afirmó Díaz.

Esta actualización del RDAM se suma a la ley sancionada en diciembre de 2024 que simplifica los procesos judiciales para el reclamo de alimentos, ambas iniciativas enmarcadas en la Mesa de Trabajo sobre Obligación Alimentaria. Según un informe del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia, siete de cada diez mujeres no reciben aportes del progenitor de sus hijos, evidenciando la necesidad de estas reformas para combatir la violencia económica y promover la equidad de género.