La investigación judicial por el suministro de agua contaminada en un establecimiento educativo de Mar del Sud continúa avanzando. El Ministerio Público Fiscal formalizó la investigación contra un nuevo integrante del Consejo Escolar de General Alvarado, por lo que ya son cinco las personas imputadas en el expediente.

La medida fue impulsada por el titular del Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal Mar del Plata, Carlos Martínez, con la colaboración del auxiliar fiscal Agustín Roldán, quienes solicitaron además extender el plazo de la investigación por otros 180 días.

La audiencia se realizó ante el juez federal de garantías Santiago Inchausti, quien hizo lugar al pedido de la fiscalía y prorrogó la pesquisa hasta el 28 de diciembre, manteniendo las medidas cautelares que ya pesaban sobre los investigados.

Cuáles son los delitos que investiga la Justicia

Con esta nueva imputación, la causa alcanza al contratista encargado de certificar la potabilidad del agua y a cuatro integrantes del Consejo Escolar de General Alvarado: la presidenta, la vicepresidenta, el tesorero y un consejero escolar.

De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, los involucrados habrían participado en presuntas maniobras de defraudación a la administración pública, uso de documentación falsificada, falsedad ideológica e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La investigación sostiene que durante un prolongado período se habrían presentado certificados apócrifos que acreditaban falsamente la potabilidad del agua utilizada en los establecimientos educativos.

Restricciones para el nuevo imputado

Tras la formalización de la investigación, la fiscalía solicitó que el nuevo imputado quede sujeto a las mismas medidas de coerción que ya rigen para el resto de los acusados.

Entre ellas figura la prohibición de salir del país sin autorización judicial y la restricción de acercamiento a menos de 500 metros del polo educativo de Mar del Sud, ubicado en la intersección de las calles 106 y 27.

Los representantes del Ministerio Público también reiteraron el pedido de embargo sobre bienes registrables de los imputados —como inmuebles, vehículos y un plazo fijo en dólares— e insistieron con la inhibición general de bienes respecto de algunos de los investigados.

Cómo comenzó la investigación

La causa se inició en abril de 2025, luego de una denuncia presentada por familias de alumnos del polo educativo de Mar del Sud, integrado por una escuela primaria, una escuela secundaria y un jardín de infantes.

Los padres manifestaron su preocupación por distintos problemas de salud registrados en niños, niñas y adolescentes, entre ellos gastroenteritis, vómitos y sarpullidos, que atribuyeron al consumo de agua proveniente del pozo del establecimiento.

Además, denunciaron desbordes del sistema cloacal y advirtieron sobre la cercanía entre el pozo ciego y la perforación utilizada para abastecer de agua potable al predio escolar.

Los análisis confirmaron que el agua no era apta para consumo

Ante la preocupación de las familias, la cooperadora escolar solicitó estudios bacteriológicos y fisicoquímicos a un laboratorio privado antes del inicio del ciclo lectivo 2025.

Los resultados, conocidos el 5 de marzo de 2025, determinaron que el agua no era apta para consumo humano debido a la presencia de Escherichia coli, un indicador de contaminación fecal, y de Pseudomonas aeruginosa, una bacteria que puede representar un riesgo para la salud.

A partir de esos análisis, la fiscalía comenzó a investigar la documentación presentada por los responsables del control sanitario y detectó presuntas irregularidades en los certificados que acreditaban la calidad del agua.

La hipótesis sobre los certificados apócrifos

Según la investigación, se habrían utilizado certificados falsificados que simulaban haber sido emitidos por la Universidad Nacional de Mar del Plata y que incluían la firma apócrifa de una perito especializada en química.

Con el avance de la pesquisa, el 27 de agosto de 2025 la Justicia ordenó allanamientos en distintos domicilios del partido de General Alvarado, donde se secuestró documentación y teléfonos celulares considerados de interés para la causa.

Posteriormente se formalizó la investigación contra los primeros cuatro imputados y ahora se incorporó un quinto integrante del Consejo Escolar, mientras la fiscalía continúa reuniendo pruebas para determinar las responsabilidades penales de cada uno de los involucrados.

Con la prórroga otorgada por la Justicia Federal, el Ministerio Público Fiscal dispondrá de seis meses más para profundizar la investigación, analizar la documentación secuestrada y avanzar sobre las distintas líneas abiertas en torno a la presunta falsificación de certificados y las responsabilidades administrativas y penales derivadas del caso.

La causa continúa bajo la órbita de la Justicia Federal y se mantiene como uno de los expedientes de mayor impacto institucional en General Alvarado, debido a que involucra la seguridad sanitaria de establecimientos educativos y la actuación de funcionarios públicos.