La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) solicitó a los presidentes de todos los bloques del Senado de la Nación que incorporen una serie de modificaciones al anteproyecto de la Ley de Inocencia Fiscal, que próximamente será debatido en el Congreso.

La iniciativa surge en un contexto de creciente preocupación del sector pyme por el aumento de las ejecuciones fiscales, embargos y sanciones aplicadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), situación que, según la entidad empresaria, compromete la continuidad de miles de empresas en todo el país.

Uno de los puntos centrales del planteo consiste en modificar el esquema sancionatorio previsto por ARCA.

CAME propone que durante el denominado “Período de Espera” no se apliquen multas a los contribuyentes. Además, plantea que quienes regularicen su situación dentro de los 15 días posteriores a ese plazo accedan a una reducción del 50% de la sanción correspondiente.

La entidad considera que la multa plena debería aplicarse únicamente cuando el contribuyente no haya cumplido con sus obligaciones una vez vencidos todos los plazos previstos para la regularización.

Suspensión temporal de embargos y ejecuciones fiscales

Otro de los reclamos apunta a establecer una suspensión extraordinaria de las medidas cautelares y de las ejecuciones fiscales para las pequeñas y medianas empresas.

La propuesta incluye la paralización de los embargos mientras se implementan mecanismos que permitan a las empresas ordenar su situación tributaria sin comprometer su funcionamiento diario.

Desde CAME sostienen que muchas firmas atraviesan dificultades financieras producto de la caída de la actividad económica y del consumo, por lo que consideran necesario brindar herramientas que eviten el agravamiento de la situación.

Un plan especial de pagos para aliviar deudas

La entidad también solicitó la creación de un régimen especial de facilidades de pago con condiciones más accesibles para las pymes.

La propuesta contempla:

• Hasta 48 cuotas para regularizar obligaciones pendientes.

• Condonación del 50% de los intereses devengados.

• Una tasa de financiación equivalente al 50% de la tasa pasiva del Banco Nación.

• Inclusión de deudas vencidas al 31 de mayo.

• Alcance para planes de pago vigentes y también para aquellos que hayan caducado.

Según la entidad, este esquema permitiría mejorar la capacidad de cumplimiento tributario y evitar cierres o pérdidas de empleo.

El contexto económico detrás del reclamo

Caída del consumo y presión tributaria

El pedido de CAME se produce en un escenario marcado por la desaceleración del consumo y por las dificultades que enfrentan numerosos sectores productivos para sostener sus niveles de actividad.

La entidad también expresó preocupación por las discusiones en torno a una eventual reforma tributaria impulsada en el marco de las recomendaciones realizadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), al considerar que algunos de los cambios analizados podrían afectar el poder adquisitivo de los trabajadores y aumentar los costos de la formalidad para determinados sectores económicos.

La advertencia de CAME

El coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios de CAME, Vicente Lourenzo, destacó la necesidad de que el Senado otorgue prioridad al tratamiento de estas propuestas.

“La situación requiere de resguardar a miles de empresas y trabajadores que dependen de la fortaleza y continuidad del sector productivo argentino”, señaló.

Desde la organización sostienen que las modificaciones planteadas permitirían preservar el entramado productivo nacional, fortalecer la competitividad de las pequeñas y medianas empresas y generar mejores condiciones para el crecimiento económico.

Qué puede pasar en el Senado

El tratamiento de la Ley de Inocencia Fiscal será seguido de cerca por el sector empresarial, ya que el texto definitivo podría incorporar algunas de las medidas impulsadas por CAME.

La decisión que adopte el Senado tendrá impacto directo sobre miles de pymes que buscan herramientas para afrontar obligaciones tributarias en un contexto de alta presión fiscal y desafíos económicos persistentes. Mientras avanza el debate legislativo, el sector productivo espera respuestas que contribuyan a sostener la actividad, el empleo y la inversión en todo el país.