CARBAP expresó su satisfacción ante una serie de fallos judiciales recientes que ponen en discusión el cobro de tasas viales municipales, especialmente en zonas rurales.

Desde la entidad señalaron que estas resoluciones marcan un rumbo claro hacia la transparencia y la legalidad, en línea con reclamos históricos del sector agropecuario.

Uno de los puntos centrales destacados por CARBAP es que una tasa solo puede ser exigida si existe una contraprestación efectiva, medible y verificable.

Según remarcaron, cuando esto no ocurre, el tributo se transforma en un impuesto encubierto, lo que vulnera principios constitucionales básicos. Esta situación ha sido denunciada por productores en distintos distritos de la provincia de Buenos Aires.

Fallos que sientan precedente

Casos en Daireaux, Azul y Carlos Casares

En su comunicado, la entidad hizo referencia a decisiones judiciales en localidades como Daireaux y Azul, que se suman a antecedentes como el de Carlos Casares.

En este último caso, un fallo firme declaró la ilegitimidad del cobro de la tasa vial ante la falta de prestación del servicio.

En tanto, en Azul la Justicia avanzó sobre la validez formal del tributo, al considerar que no fue aprobado con la mayoría requerida, reforzando la necesidad de cumplir con los procedimientos legales en materia tributaria.

Caminos deteriorados y presión fiscal

CARBAP advirtió que existe una problemática extendida: muchos productores abonan tasas viales sin recibir un mantenimiento adecuado de los caminos rurales.

Esta situación impacta directamente en actividades clave como la producción, la educación, la salud y el arraigo rural, generando un creciente número de reclamos y judicializaciones.

Un llamado a la transparencia y eficiencia

Desde la entidad instaron a los municipios a revisar sus esquemas de financiamiento y garantizar que cada tasa esté respaldada por servicios reales y eficientes.

Además, subrayaron que la judicialización no es el camino ideal, sino la consecuencia de la falta de respuestas concretas por parte de las administraciones locales.

Para CARBAP, estos fallos no solo resuelven casos puntuales, sino que envían una señal contundente: la presión fiscal debe estar alineada con la legalidad y la transparencia.

“El campo no rehúye sus obligaciones, pero exige reglas claras”, remarcaron, reafirmando la necesidad de un sistema tributario justo y sostenible.