Continúan los reclamos por la apertura de 4 nuevos Carrefour
Desde UCIP aguardan el accionar de las autoridades municipales.
Días atrás, la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) de Mar del Plata dio a conocer la preocupación de sus asociados por la instalación de nuevos supermercados que contrarían la Ley provincial 12.573 y la Ordenanza local 18.788.
La firma Carrefour comenzó a identificar los locales, anunciando incluso fecha y horario de apertura, pase a ser de manera ilegal.
Desde la entidad que nuvlea a empresarios marplatenses volvieron a remarcar lo expuesto a mediados de semana sobre que "la cantidad máxima de locales que podrán instalarse por cadenas de distribución en el Partido de General Pueyrredon no podrá ser en ningún caso superior a tres (3)." conforme lo dispuesto por la Ordenanza municipal 18.788 para el rubro alimenticio, cupo que ya han alcanzado en nuestra ciudad, y superado ampliamente contando la cadena Dia% propiedad del mismo holding, lo que supone además una flagrante violación a la Ley provincial 12.573 de Grandes Superficies y Cadenas de Comercialización.
"A partir de la preocupación y el estado público que tomó nuestras declaraciones, esta cadena que estaban trabajando sin ninguna identificación en conocimiento de que violaban las normativas, comenzaron a acelerar las obras e identificar los locales, anunciando fechas de apertura inminentes" indicó el presidente de la UCIP, Blas Taladrid.
Además, advierten que permitir la apertura, en la fecha anunciada, sin habilitación municipal, y la autorización previa de la provincia por los establecido en la Ley provincial, además de ser ilegal pondría en pie de desigualdad al comerciante local que cumple con las normas.
"Ahora, la identificación comercial con la cadena Carrefour genera la oportunidad para las autoridades competentes de poder actuar inmediatamente en la exigencia del cumplimiento de las normas de habilitación para este tipo de comercios" manifestaron desde la entidad empresaria.
Concluyendo en su comunicado, "por el contrario, hacer caso omiso de las normas y continuar con el trámite de habilitación, o haberla otorgado sin cumplir los pasos requeridos por la Ley provincial haría incurrir a los funcionarios autorizantes en graves faltas o delitos, con consecuencias jurídicas administrativas, civiles y penales".
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