En el marco del tratamiento en comisión del proyecto vinculado al régimen de Zona Fría, la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Jimena López, expresó fuertes cuestionamientos a las modificaciones promovidas por el Gobierno nacional y advirtió que las medidas reducirían el alcance de los beneficios para millones de usuarios mientras continúan aumentando los recargos destinados al financiamiento del sistema.

Durante su intervención en la reunión conjunta de las comisiones de Energía y Presupuesto, la legisladora del Frente Renovador sostuvo que “el manejo de los servicios básicos no puede quedar a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo”, al considerar que se trata de derechos esenciales para la población.

Críticas por el aumento de recargos y el impacto en las tarifas

López apuntó especialmente contra la política tarifaria aplicada por el Gobierno nacional y aseguró que durante 2025 se incrementó en cinco oportunidades el recargo destinado a financiar el fondo de Zona Fría.

Según señaló, el Ejecutivo llevó ese porcentaje “hasta su máximo legal” y además se atribuyó en abril la facultad de elevarlo hasta un 11,25% sin intervención del Congreso.

En ese contexto, la diputada advirtió sobre el impacto directo que estas decisiones podrían generar en la economía cotidiana de miles de familias bonaerenses, especialmente en regiones alcanzadas históricamente por los beneficios tarifarios debido a las bajas temperaturas.

“Le sacan el beneficio a 1,3 millones de bonaerenses”

En declaraciones radiales, la legisladora oriunda de Necochea también cuestionó la convocatoria impulsada por Javier Milei y sectores de La Libertad Avanza para tratar el tema en una sesión extraordinaria.

“Le sacan el beneficio a 1 millón 300 mil bonaerenses”, afirmó López, quien además sostuvo que el proyecto “está hecho a medida de las empresas y no de los usuarios”.

La diputada también aseguró que actualmente “no hay claridad” respecto al destino del fideicomiso que administra los recursos vinculados al régimen de Zona Fría.

Reclamo por controles estatales y tarifas “justas”

En otro tramo de su exposición, López reclamó el cumplimiento del artículo 42 de la Constitución Nacional, que establece la obligación del Estado de controlar monopolios y garantizar servicios públicos eficientes y accesibles.

En ese sentido, remarcó que “las tarifas de los servicios monopólicos operados por empresas privadas deben ser justas y razonables” y rechazó cualquier mecanismo de traslado automático de costos que no contemple controles estatales.

Preocupación por demoras en la garrafa social

La legisladora también puso el foco en las dificultades que enfrentan sectores vulnerables para acceder al subsidio de la denominada “garrafa social”.

Según explicó, actualmente existen demoras de hasta 61 días en la validación de trámites realizados a través de la aplicación Mi Argentina para acceder al beneficio mensual de 9.500 pesos.

López advirtió que esta situación deja sin cobertura a personas que necesitan asistencia urgente para acceder al gas envasado, especialmente en contextos de bajas temperaturas y aumento de costos energéticos.