La Cámara Argentina del Libro (CAL) manifestó su profunda preocupación ante el proyecto que propone derogar la Ley N.º 25.542 de Precio Uniforme de Venta al Público de Libros, conocida como Ley de Defensa de la Actividad Librera. La entidad, que nuclea a unas 500 editoriales pequeñas y medianas de todo el país, sostiene que esta normativa constituye una herramienta esencial para fortalecer la industria editorial, preservar la red de librerías y garantizar el acceso de la sociedad a una oferta amplia y diversa de libros.

Desde la institución remarcaron que la ley, vigente desde 2001, no busca intervenir en el mercado sino evitar que las reglas de la competencia terminen restringiendo el acceso a la cultura. En ese sentido, afirmaron que su objetivo es promover la existencia de más librerías, más editoriales, más autores y, en consecuencia, una mayor variedad de títulos disponibles para los lectores argentinos.

Qué establece la Ley de Defensa de la Actividad Librera

La Ley 25.542 dispone que el editor fija el precio de venta al público de cada libro, valor que debe respetarse en todos los canales de comercialización, ya sean librerías independientes, cadenas comerciales, supermercados o plataformas de venta online.

Para la CAL, este sistema reconoce que el libro posee una doble naturaleza: además de ser un bien económico, representa un bien cultural indispensable para garantizar el derecho a la educación, el acceso al conocimiento, la libertad de expresión y la diversidad cultural.

La entidad explicó que el precio uniforme no elimina la competencia entre los distintos actores del mercado. Por el contrario, incentiva que la competencia se base en la calidad del servicio, el asesoramiento especializado, la amplitud del catálogo y la promoción de nuevos autores, en lugar de depender exclusivamente de la capacidad económica para ofrecer mayores descuentos.

Uno de los principales argumentos de la Cámara Argentina del Libro es que la eliminación del precio uniforme permitiría que grandes cadenas y plataformas digitales aplicaran políticas agresivas de descuentos para desplazar del mercado a las librerías independientes, especialmente aquellas ubicadas en ciudades del interior y en los barrios.

Según la entidad, la experiencia internacional demuestra que, una vez producida esa concentración, disminuye la cantidad de puntos de venta, se reduce la diversidad de títulos disponibles y se limita el acceso de los lectores a una oferta editorial plural.

Para la CAL, mantener una red federal de librerías resulta fundamental para garantizar que los libros lleguen a todas las regiones del país y no únicamente a los grandes centros urbanos.

La bibliodiversidad, un valor estratégico para la cultura argentina

La Cámara destacó además que uno de los principales beneficios de la ley es la protección de la bibliodiversidad, es decir, la posibilidad de que convivan grandes grupos editoriales con cientos de pequeñas y medianas editoriales que publican autores nacionales, investigaciones académicas, literatura infantil y juvenil, ensayo, poesía, pensamiento crítico y numerosas expresiones culturales.

Advirtió que un mercado dominado únicamente por criterios de rentabilidad inmediata dificultaría la publicación de muchas de estas obras, empobreciendo la oferta cultural disponible para la sociedad.

Asimismo, señalaron que la preservación de esta diversidad depende en gran medida de la existencia de reglas comerciales equitativas y de una red de librerías distribuida en todo el territorio nacional.

Desde la CAL remarcaron que la actividad editorial involucra a toda una cadena de valor integrada por autores, escritores, ilustradores, diseñadores, traductores, correctores, imprentas, distribuidoras y editoriales, generando miles de puestos de trabajo vinculados a la producción del libro.

En ese sentido, afirmaron que la legislación vigente ha contribuido al crecimiento sostenido del sector editorial argentino desde su sanción en 2001, consolidando al país como uno de los principales referentes de la industria del libro en América Latina.

Los resultados que destacan desde la sanción de la ley

Como respaldo a su posición, la Cámara Argentina del Libro recordó algunos indicadores que, según la entidad, reflejan el impacto positivo de la normativa durante más de dos décadas de vigencia.

Entre ellos, señalaron que se triplicó la cantidad de novedades editoriales publicadas, se duplicó el número de editoriales y que Argentina cuenta actualmente con alrededor de 1.500 librerías, una de las mayores densidades de librerías por habitante de la región.

También sostuvieron que aumentó significativamente la cantidad de autores publicados en todos los géneros y que el sistema de precio uniforme aporta estabilidad al mercado, facilita el cálculo de las regalías de los escritores y contribuye a combatir la piratería al establecer un precio de referencia para las ediciones legales.

Un modelo respaldado por la experiencia internacional

La CAL recordó que los sistemas de precio fijo del libro son utilizados en numerosos países con una sólida tradición editorial, como España, Alemania, Francia, Italia, Portugal, Japón y Corea del Sur.

A su entender, estos antecedentes demuestran que este tipo de políticas públicas favorecen la diversidad editorial, fortalecen las librerías y garantizan un acceso más amplio a los libros sin impedir la competencia entre los distintos actores del sector.

Finalmente, la entidad aseguró que la Ley de Defensa de la Actividad Librera cuenta con un amplio consenso dentro del ecosistema editorial argentino, integrado por editores, autores, libreros, distribuidores y empresas de diferentes dimensiones.

Para la Cámara, derogar la Ley 25.542 implicaría favorecer la concentración del mercado, debilitar la producción editorial independiente, reducir la presencia de librerías en numerosas localidades y empobrecer la diversidad cultural disponible para los lectores.