La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la medida cautelar que obliga al Estado nacional a cumplir con dos artículos centrales de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, al rechazar los recursos extraordinarios presentados por el Gobierno.

La resolución mantiene vigente una decisión judicial previa que había sido impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) junto con universidades públicas de todo el país, en medio de un prolongado conflicto por la actualización del presupuesto universitario.

Aunque la cuestión de fondo todavía deberá resolverse en la Justicia, el fallo representa un respaldo para las instituciones de educación superior al garantizar, por el momento, la aplicación de mecanismos previstos en la legislación.

¿Qué establece la cautelar?

La medida cautelar vigente obliga al Estado a cumplir con los artículos 5 y 6 de la Ley financiamiento universitario, considerados esenciales para el funcionamiento del sistema universitario nacional.

Actualización de los gastos de funcionamiento

Uno de los puntos centrales dispone la actualización de las partidas destinadas al funcionamiento de las universidades nacionales, un aspecto que las instituciones consideran indispensable frente al impacto de la inflación sobre sus presupuestos.

Los rectores sostienen desde hace meses que la falta de actualización automática deterioró la capacidad de las universidades para afrontar servicios básicos, mantenimiento edilicio, investigación científica, extensión universitaria y programas de bienestar estudiantil.

Recomposición salarial

La cautelar también alcanza a la recomposición de los salarios de docentes y trabajadores nodocentes, otro de los reclamos más importantes del sistema universitario público.

¿Por qué la Corte rechazó el planteo del Estado?

En las resoluciones firmadas el 25 de junio, el máximo tribunal entendió que los recursos presentados por el Estado no cumplían con uno de los requisitos procesales indispensables para ser analizados.

La Corte recordó un criterio histórico de su jurisprudencia: las resoluciones que conceden o rechazan medidas cautelares no constituyen, en principio, una sentencia definitiva, condición necesaria para habilitar un recurso extraordinario.

En consecuencia, el tribunal desestimó las presentaciones oficiales y permitió que continúe vigente la cautelar dictada por las instancias judiciales anteriores.

El reclamo impulsado por las universidades

La demanda fue promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), organismo que reúne a los rectores y rectoras de las universidades públicas argentinas.

El objetivo fue garantizar la continuidad del financiamiento previsto por la ley mientras se resuelve el litigio principal, evitando que el deterioro presupuestario afecte el normal funcionamiento de las instituciones educativas.

Desde el ámbito universitario sostienen que la previsibilidad financiera resulta indispensable para planificar actividades académicas, científicas y de extensión, además de preservar la calidad educativa.

La postura de la Universidad Nacional de Mar del Plata

La rectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Mónica Biasone, consideró que la decisión constituye una señal importante para todo el sistema universitario.

Según expresó, el fallo reafirma la necesidad de garantizar condiciones mínimas de previsibilidad para sostener la enseñanza, la investigación, la extensión y el pago de salarios.

Asimismo, remarcó que, aunque todavía resta la resolución definitiva sobre la constitucionalidad y aplicación integral de la norma, la medida cautelar evita que continúe deteriorándose el financiamiento previsto por la legislación.

¿Qué cambia a partir de este fallo?

Si bien la resolución no pone fin al proceso judicial, sí produce efectos concretos.

Entre las principales consecuencias se destacan:

• Continúa vigente la cautelar que protege la aplicación de los artículos 5 y 6.

• El Estado debe mantener los mecanismos previstos para la actualización presupuestaria contemplados en la medida.

• Las universidades obtienen mayor previsibilidad mientras avanza la causa principal.

• La discusión sobre el financiamiento universitario seguirá abierta hasta que exista una sentencia definitiva.

Un conflicto que sigue abierto

La decisión de la Corte llega en un contexto de fuertes reclamos por el presupuesto destinado a las universidades públicas.

Rectores, docentes, investigadores y organizaciones estudiantiles sostienen que la inflación redujo significativamente la capacidad operativa de las instituciones durante los últimos años y reclaman un esquema de financiamiento estable que permita garantizar la continuidad de las actividades académicas.

Aunque el máximo tribunal aún deberá pronunciarse sobre el fondo de la controversia, la resolución conocida este jueves representa un respaldo judicial transitorio a la aplicación de la Ley financiamiento universitario y mantiene vigente una herramienta considerada clave para preservar el funcionamiento del sistema universitario argentino.