11/09/14 - Ayer, se llevó a cabo una reunión en Bolívar de la que participaron unos 500 productores, que rechazaron la ley de abastecimiento, esta oportunidad también fue propicia para hablar de la actualidad del sector en las zonas afectadas de la Provincia de Buenos Aires.

Pese a que el gobernador Daniel Scioli anunció a los productores bonaerenses que avanzará con el decreto de Emergencia y Desastre para aquellos distritos afectados por los anegamientos, para la Mesa de Enlace la iniciativa es "insuficiente".

"Las inundaciones y el abandono de la infraestructura agravaron significativamente la situación de pérdida de competitividad que viven todas las producciones. Las graves consecuencias sociales y económicas por las inundaciones y la falta de obras y mantenimiento en infraestructura no se van a solucionar postergando brevemente el pago de impuestos", advirtieron en un comunicado los representantes de las entidades agrarias.

"La política económica de este gobierno ha causado un enorme deterioro al campo y destruyó la competitividad del sector. El productor agropecuario paga hoy un 56% más de impuestos que el promedio del resto de los sectores. El Estado se lleva hasta el 80% del resultado de una empresa agropecuaria, mientras que la inflación sigue deteriorando su poder adquisitivo", concluyeron.

Y dejaron una advertencia en el aire: "Los tiempos se acortan y los productores no estamos dispuestos a seguir siendo solamente testigos de este escenario de deterioro constante".

Más temprano, Scioli se reunió con la Mesa de Enlace Bonaerense, que fue representada por Horacio Salaverri (CARBAP), Abel Guerrieri (Sociedad Rural) y José Luis Mamarella (Federación Agraria). También estuvieron la ministra de Economía, Silvina Batakis y de Infraestructura, Alejandro Arlía; el titular de ARBA, Iván Budassi y funcionarios del Banco de la Provincia.

Los trámites gubernamentales prometen acelerar la ejecución de los beneficios impositivos y crediticios para las zonas declaradas en Emergencia o Desastre agropecuario, y una inversión de 38 millones de pesos para mejorar los caminos rurales. Cuestiones que para los ruralistas no resultan significativas.