El Consejo Federal Pesquero (CFP) confirmó el retiro del proyecto denominado “Procedimiento de Optimización Productiva de Merluza Común”, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que había generado una fuerte controversia dentro de la actividad pesquera argentina.

La propuesta buscaba habilitar un mecanismo para transferir parte de las cuotas de captura de merluza no utilizadas por la flota fresquera hacia embarcaciones de la flota congeladora. Sin embargo, la iniciativa encontró una oposición generalizada por parte de gobiernos provinciales, sindicatos, cámaras empresarias y diversos actores de la cadena productiva.

La decisión quedó formalizada durante la reunión del CFP y fue comunicada luego de que la Autoridad de Aplicación informara el retiro de la propuesta, según consta en el Acta Nº 15/2026.

Un reclamo conjunto de empresarios, trabajadores y la Provincia

Uno de los principales focos de resistencia al proyecto surgió desde la provincia de Buenos Aires. A fines de mayo, el gobernador Axel Kicillof mantuvo un encuentro con representantes del sector durante el Congreso Bonaerense del Trabajo, donde expresó su rechazo a la iniciativa.

Tras conocerse la decisión del CFP, el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, destacó el trabajo articulado entre el Estado provincial, empresarios y trabajadores.

“Días atrás nos reunimos en Mar del Plata con el Gobernador, empresarios y trabajadores del sector pesquero y nos comprometimos a llevar esta discusión hasta lo último. Este es un logro de todos”, sostuvo el funcionario.

Un rechazo transversal

La oposición a la medida logró reunir a actores que habitualmente tienen intereses diversos dentro de la actividad pesquera. Cámaras empresarias, sindicatos, gobiernos provinciales y representantes de la industria coincidieron en advertir sobre los riesgos económicos y sociales que implicaba la implementación del esquema propuesto.

El consenso giró en torno a la necesidad de preservar el modelo productivo que impulsa el procesamiento en tierra y sostiene miles de puestos de trabajo directos e indirectos.

¿Por qué generaba preocupación el proyecto?

El impacto sobre la flota fresquera

La iniciativa contemplaba que los barcos fresqueros que no completaran el uso de sus cuotas de captura cedieran esos volúmenes a un fondo común para su posterior asignación a buques congeladores.

Desde distintos sectores se interpretó que esta modificación podía generar una transferencia de recursos pesqueros en favor de la flota congeladora, alterando el equilibrio actual del sistema.

Riesgo para el empleo y el agregado de valor

Los críticos del proyecto sostuvieron que la propuesta podía afectar especialmente a las ciudades cuya economía depende de la actividad pesquera y del procesamiento industrial en tierra.

En ese contexto, Mar del Plata aparecía como uno de los puntos más sensibles, debido a la relevancia que tienen las plantas procesadoras, los frigoríficos y toda la cadena de valor vinculada a la pesca.

Según los cuestionamientos planteados por empresarios y gremios, una mayor concentración de capturas en la flota congeladora podría traducirse en una reducción del procesamiento local, afectando la generación de empleo registrado y el agregado de valor dentro del país.

La defensa de la Ley Federal de Pesca

Otro de los argumentos centrales utilizados por quienes rechazaban la iniciativa fue que el proyecto vulneraba el espíritu de la Ley Federal de Pesca, normativa que regula la administración de los recursos pesqueros en Argentina.

Desde la Provincia sostuvieron que el mecanismo propuesto alteraba criterios históricos de asignación y distribución de cuotas, además de generar incertidumbre sobre el futuro de la actividad.

Javier Rodríguez remarcó que la propuesta no sólo afectaba al sector productivo, sino que también iba en contra de los principios establecidos por la legislación vigente.