Los sindicatos estatales comenzaron a delinear un plan de lucha nacional en rechazo a la reforma laboral que impulsa el Gobierno. La definición central es clara: convocar a un paro nacional el día en que el proyecto sea tratado en el Congreso, particularmente en el Senado.

La decisión fue comunicada por el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, quien advirtió que una huelga general será “absolutamente necesaria y obligatoria” para el movimiento obrero si avanza la iniciativa oficial.

Desde el sector gremial remarcan que el paro no debe entenderse como una acción aislada, sino como parte de una estrategia progresiva de presión sindical. En ese marco, se evalúa anticipar movilizaciones en distintas provincias, incluso antes de que el proyecto ingrese formalmente al debate legislativo.

El objetivo es “salir a la calle antes de que el proyecto comience a ser tratado”, sostienen desde el sindicalismo estatal, buscando instalar el conflicto en la agenda pública.

El rol de los gobernadores en el centro del conflicto

Uno de los puntos más sensibles del planteo sindical es la responsabilidad política de los gobernadores. Según Aguiar, sin el respaldo de las provincias el Gobierno nacional no tendría los votos necesarios para avanzar con una reforma que, aseguran, “retrotrae más de 100 años en materia de derechos laborales”.

Por ese motivo, los sindicalistas analizan focalizar protestas en aquellas jurisdicciones cuyos mandatarios acompañen la iniciativa oficial, con el fin de condicionar el apoyo político al proyecto.

La discusión por la reforma laboral se da en un contexto de alta conflictividad social, con sectores sindicales que consideran que los cambios propuestos afectan derechos históricos de los trabajadores, especialmente en el ámbito estatal.