Martello, que se encuentra a cargo del Observatorio de Derechos de NNyA de la Defensoría, viene generando encuentros con Ongs, profesionales y docentes. En ese ámbito, se elaboró una guía básica de difusión. “Durante las reuniones nos plantearon que uno de los principales problemas es que no existen datos y no hay información certera sobre ésta condición que, se estima, afecta entre un 10% y 15% de los niños y niñas. Desde la Defensoría apoyamos la lucha que vienen realizando estas entidades por la sanción de la Ley”.

La solicitud del Defensor del Pueblo Adjunto apunta a lograr una síntesis de los proyectos impulsados por la exdiputada Valeria Amendolara (la legisladora María Alejandra Martínez presentó este año la reproducción) y por el senador Marcelo Pacífico, quien también volvió a presentar este año la iniciativa. “Necesitamos alcanzar un consenso rápido para poder contar con una herramienta que será fundamental en el abordaje integral de las Dificultades Específicas del Aprendizaje”, afirmó Martello.

El responsable del Observatorio de Derechos de NNyA remarcó que “hemos consultado a numerosos docentes de la Provincia, que están preocupados por la problemática, y nos expresaron su deseo de recibir capacitación. También nos dijeron muchos de ellos que solo conocen la existencia de cursos privados”.

Los proyectos que tramitan en la Legislatura contemplan un sistema público de capacitación docente para la detección temprana, prevención y adaptación de las formas de acceso a los contenidos educativos por parte de los alumnos disléxicos, disponiendo al mismo tiempo de un sistema integral en atención a las necesidades y requerimientos de cada caso en particular. También obligan al IOMA a garantizar la cobertura. “El no poder acceder a los tratamientos vulnera los derechos del niño. Vemos, asimismo, que es una problemática que se siente con mucha fuerza en el interior bonaerense”, agregó el responsable del Observatorio de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.