El cambio de jurisdicción de la causa por espionaje "A Macri lo complica muchísimo"

Tras la feria judicial, el Juez de Dolores Martín Bava decidió enviar dos causas que involucran al ex presidente Mauricio Macri a los tribunales federales de Comodoro Py. Se trata del expediente por espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del ARA San Juan y de los pesqueros hundidos Repunte y Rigel y la causa denominada "Proyecto Amba". Ambas recayeron en el juzgado federal 10 a cargo de Julian Ercolini.

A fines de diciembre, el Juez de Dolores Martín Bava ya había enviado a los tribunales porteños de Retiro la causa por la supuesta extorsión a un empresario de parte del falso abogado Marcelo D´ Alessio. La decisión la había tomado de acuerdo a un fallo de la Cámara de Casación Penal que consideró que las órdenes para cometer el delito habrían emanado de la Capital Federal. A su vez consideró que lo mismo habría ocurrido en estas causas y que, además, las tres son conexas y por eso deben tramitar en la misma jurisdicción.

El ex presidente Mauricio Macri, al igual que el director y la sub directora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) se encuentran procesados y habían pedido el cambio de jurisdicción.

El abogado defensor de parte de los familiares del ARA San Juan y el Rigel, Luis Tagliapietra se mostró sorprendido por la decisión. "Analizándola fríamente tiene como arista el reconocimiento que las órdenes de espionaje salieron de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De la AFI o la Casa Rosada. Eso tiene un costado que, sin dudas, desde el aspecto plenamente jurídico a Macri lo tiene que complicar muchísimo y dilapida a Majdalani y Arribas".

No obstante, Tagliapietra quien además es el padre de uno de los 44 tripulantes del ARA San Juan, cuestionó la medida. "Desde lo político, es llamativa la celeridad con la que han resuelto la cuestión. En este caso además no han escuchado a nadie: ni a las partes ni a los querellantes ni a las víctimas. Han resuelto de manera autista".

Además recordó una cuestión insoslayable. "Por sorteo había salido el juzgado 5 de Capuchetti (María Eugenia) y se tuvo que excusar porque es otra de las espiadas. A ese nivel llega, una jueza que además fue nombrada por Macri".

"Si no tuviéramos los jueces que tenemos, que pueden resolver cualquier barbaridad, el hecho de que vaya a Comodoro Py sería una buena noticia porque se estaría dando prueba acabada de que todo comenzó en CABA", advirtió.



El espionaje
La causa por el espionaje a los familiares de las víctimas del hundimiento del submarino se inició por una denuncia formulada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, quien presentó ante la Justicia de Mar del Plata elementos que permitían inferir que durante el gobierno de Macri se los había espiado.

Fue después del allanamiento que la justicia había dispuesto en la base de la AFI en Mar del Plata en el marco de la pesquisa de la denominada "Proyecto AMBA". Los espías habían intentado deshacerse de las pruebas pero en el allanamiento "hallaron tres discos rígidos borrados. Lo que no supieron fue eliminar los backup que se hacen de forma automática".

Los familiares sospechaban que eran espiados desde la desaparición del submarino. Tagliapietra lo denunció en marzo de 2018 después de una audiencia en los tribunales de Caleta Olivia -donde tramita la causa de la desaparición del buque-. Comenzó a las nueve de la mañana y terminó a las cinco de la tarde. Como no podían entrar con celulares, los dejaban en la secretaría en un sobre sellado. Una vez que recuperó el suyo, el abogado recibió siete correos electrónicos donde lo notificaban que habían intentado ingresar a su cuenta desde dispositivos desconocidos.

La fiscalía de Caleta Olivia exploró las direcciones y detectó que los dispositivos tenían IP de países del sudeste asiático como Malasia y Tailandia. El fiscal le dijo que no tenían los elementos técnicos para poder desandar el camino y la denuncia quedó en la nada.

Los familiares detectaron infiltrados en el grupo de wattsapp que tenían y también en el casino de la Prefectura. Ni bien desapareció el ARA San Juan, los parientes de los tripulantes, que llegaban desde diferentes lugares del país a Mar del Plata, se reunían allí y pasaban los días y las noches esperando novedades. A medida que fueron llegando los parientes de los 44 encontraron a dos hombres que nadie conocía.

Entre los familiares del Rigel, un barco pesquero que se hundió en junio de 2018, Guillermina Godoy, madre de Nahuel Navarrete cuenta que una noche, dos meses después del naufragio cuando ya estaban en pleno reclamo para que busquen los cuerpos de sus parientes tanto a ella como a otros familiares se les reiniciaron los teléfonos y perdieron toda la información que tenían hasta el momento.

A Tagliapietra le pasó algo similar. Perdió, incluso, la conversación de wattsapp que tenía con su hijo. No obstante, pudo recuperarla. "Usan una tecnología tan avanzada que es muy difícil trazar desde donde está intervenido el teléfono", explicó.



Las pruebas de los backup
En los discos rígidos hallados en la AFI había fotos de los familiares de los tres buques hundidos tomadas con teleobjetivos, filmaciones, algunas con drones, seguimientos personales y el movimiento en las redes sociales. "Hay detalles que no pueden darse a conocer por el estado de la causa", aclaró el abogado.

"La información estaba transcripta en documentos dirigidos al señor Mauricio Macri. Le daban cuenta directamente a él acerca de los movimientos que hacíamos. Y acá sí invaden la privacidad porque transcriben en estos papers de manera taxativa conversaciones privadas que tuvimos. De ahí inferían los reclamos o pedidos que le íbamos a hacer al presidente", sostuvo.

A su vez, confeccionaban fichas. "Todo estaba incluido en una especie de ficha personal donde estaba toda nuestra información. Alguna pública y otra privada. También estábamos incluidos en ese famoso semáforo que ellos hacían para establecer la peligrosidad de las personas o grupos".

"La información, coincido con el juez, es suficiente para imputar a todos los que hoy están imputados y llevarlos a juicio", indicó.

El abogado precisó que "se trata de la desaparición de un submarino de la armada con 44 personas que trabajaban para nuestro país, nuestro presidente, que merecían todo el respeto y no había conflicto. Pero lejos de acercarse a nosotros, darnos respuestas o contener, nos trataron como a un enemigo".

"No fue casual. Ellos automáticamente, encabezados por Macri y Aguad (Oscar, ministro de Defensa) nos trataron así desde todos los ámbitos. El mediático y el íntimo. Las veces que tuvimos alguna reunión fuimos tremendamente maltratados, lo mismo con autoridades de la Armada. Atacados y demonizados en redes sociales y demás y por último espiados ilegalmente".

Al ser consultado sobre cuál era el objetivo del espionaje, el abogado respondió que "Ojalá lo digan ellos. Desde mi percepción porque entendían que había un riesgo político respecto de lo que estábamos haciendo. Políticamente los molestábamos más allá de que no levantamos banderas políticas nunca".

"En lugar de intentar congraciarse con nosotros y de calmarnos, eligieron etiquetarnos como enemigos y espiarnos para tratar de minimizar los golpes. Uno de los objetivos de estos documentos que eran dirigidos a Macri era que supiera de antemano lo que le íbamos a pedir en una de las reuniones que tuvimos en Casa Rosada. Él quiso congraciarse con nosotros dejándonos conformes. De mala manera porque no es la forma. Además, ni siquiera cumplió con esas promesas".