Los derechos que les arrebataron a las personas trans

Un especialista describió a la zona roja, su población y la política del municipio que puso a las mujeres trans en las mismas condiciones de vulnerabilidad que vivían hace más de treinta años.
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Región Mar del Plata dialogó con Cristian Darouiche, quien se licenció en Sociología tras un trabajo de investigación en la zona roja de Mar del Plata que quedó plasmado en su tesis. El especialista contó cómo es la población que se ve afectada por la ordenanza 25590  –que trasladó a la zona roja, la estigmatización y criminalización que sufren y ensayó una explicación acerca de cómo se llegó a esta política de vulneración de derechos y postergación.   

El sociólogo, miembro del Grupo de Estudios sobre Familia, Género y Subjetividades de la Facultad de Humanidades, describió que en su trabajo de campo encontró mujeres de dieciocho hasta cincuenta y cuatro años en su mayoría migrantes. “De otras localidades de la provincia o de países como Ecuador, Paraguay y Perú. De bajos recursos y con problemas de acceso a la vivienda”. 

“No tener recibo de sueldo y ser migrantes trans dificulta mucho que encuentren un lugar y eso pasa en todo el país porque piensan que ejercen el sexo o venden droga”, afirmó y añadió: “Cuando acceden, son viviendas sumamente precarias en barrios alejados donde es difícil llegar o en habitaciones de hoteles cercanos a la zona roja. Y les cobran mucho más de lo que realmente valen los lugares”. 

También tienen muchos problemas para acceder a la salud. “Por los horarios y cómo funciona el sistema. Trabajan hasta tarde y llegar al centro de salud es muy complejo. Hay mucho prejuicio, se las ve con mala cara y las discriminan”. 

Darouiche se encontró con una “zona compleja” con mucha presencia policial y respecto del consumo y venta de drogas, manifestó que “es como cualquier espacio de la noche donde circula la droga. Entiendo que la tenencia pesa mucho más en determinados cuerpos que en otros. No es lo mismo que me agarren a mí con marihuana que a un pibe de barrio. Pueden pensar que para mí es para consumo y para el pibe es consumo y venta. Puede pasar que las compañeras estén consumiendo pero cuando las agarran pueden suponer que están vendiendo”.

Un proceso de criminalización y violencia 

Para el sociólogo, la ordenanza y la situación que generó es parte de un proceso de criminalización que se viene llevando adelante hace años y que tuvo un punto clave: la estigmatización de las mujeres trans a través del mote  narco travestis. “Una categoría creada por los medios de comunicación que permite que en ese espacio delimitado como zona roja, la policía arremeta con prácticas sumamente violentas bajo esa idea de que venden droga y de que eso ocurre solo en la zona roja como si no ocurriera en otros lugares”, explicó. 

También hay otros actores como los vecinos. “¿Quiénes son los vecinos? Porque muchas compañeras son vecinas de la zona. Inclusive muchos vecinos tienen buena relación y se sentían seguros de que ellas estén en la zona trabajando. Ese grupo de vecinos, que para mí es una categoría moral, justifica la actuación de la policía o las prácticas criminalizantes en ese territorio denominado zona roja porque si ocurriese en el Aldrey no pasaría”. 

El sociólogo advirtió que una situación similar se vivió en la ciudad de La Plata donde llegó a crearse la ordenanza pero no se determinó cuál sería la nueva zona. Los modos también incluyeron la figura de narco travesti, la criminalización y este intento de reorganizar el espacio público trasladándolo, invisibilizando  o criminalizando. “Son ciudades donde está la misma policía y aparece la misma idea de vecino”, apuntó.

Los dueños del espacio público   

El especialista sostuvo que las mujeres trans “están teniendo efectos terribles. Suponen que cualquiera que está en la calle está trabajando. Hay algunas que tienen miedo de salir a comprar el pan, a dar una vuelta, a cenar. A una vecina de la terminal vieja la paró la patrulla municipal, la amenazó. Le decían que no querían volver a verla en esa zona y ella les decía que vivía ahí”.

La violencia aumentó tanto que las mujeres trans denunciaron que el lunes pasado a la madrugada una de ellas fue golpeada y detenida por la policía bonaerense. 

Tras criticar la persecución y las multas “ilógicas e impagables”, Darouiche destacó que la ordenanza reactualiza la época de los edictos policiales. “Da a la policía y a la patrulla municipal el poder de determinar quiénes van a circular en el espacio público y quiénes no. Es muy peligroso”. 

Los edictos existieron hasta la década del 90. La policía estaba autorizada a detener a travestis.  “Primero las metían presas por 30 días, si reincidía por 60 y después por 90. Hay testimonios de abusos escalofriantes, de violencia y de coimas. A muchas las liberaban y avisaban a otra comisaría para que mientras caminaban hacia la casa volvieran a detenerlas”. 

Darouiche indicó que con esta ordenanza vuelve a ocurrir lo mismo. “Bajo la presunción de que estás ejerciendo trabajo sexual te pueden multar o encarcelar. El relato de las propias trabajadoras es que les está costando habitar el espacio público, transitar libremente y también tiene un efecto sobre la mirada de los vecinos y de otras personas”.

Falta de inclusión 

Al ser consultado sobre cómo pudo implementarse esta política que supone una vulneración de derechos casi sin oposición de sectores políticos ni de ciudadanos comunes, el sociólogo respondió que “todavía no hay una real inclusión por parte de la sociedad. Tampoco a las demandas de las personas trans. Por ejemplo: no sale una ley de reparación histórica para las mayores de cuarenta años”.

La reparación histórica se basa en la vulneración de derechos que sufrió la población trans de más de cuarenta años. “Están en situación de completa precariedad, sin acceso al trabajo, viviendo de programas sociales, ayudas. Más allá de que hayan dejado la calle, viven en absoluta vulnerabilidad”.

“Además de la falta de derechos y de acceso a la identidad, la salud, educación, también hubo por omisión del estado una licuación de sus vidas”, dijo y agregó que, por ejemplo, una mujer de setenta años contó que “había ganado mucho dinero con el trabajo sexual pero no lo pudo ahorrar porque no podía ingresar al sistema bancario. Se le licuó por pagar abogados, coimas, multas. Hubo un plan sistemático como plantea Marlene Wayar”. 

Darouiche profundizó en esa idea y explicó que Wayar –activista travesti y sicóloga social–, plantea que hubo un genocidio, un plan sistemático porque muchas de las mujeres trans se murieron y las que sobrevivieron viven en condiciones absolutas de precariedad. Es increíble porque a una persona cis hetero no le hubiera pasado. Hubo un plan para negarles derechos y ejercieron políticas de muerte sobre ese colectivo”.

Venta de drogas 

Luego, retomó la idea de cómo fue que pudo implementarse esta ordenanza y volvió a referirse a la criminalización. “Tenemos que discutir porqué hay tantas personas trans presas por el mismo delito”

“Si se quiere combatir la droga, hay que discutir la seguridad. Una de esas discusiones tiene que ser la venta de droga y la población carcelaria porque las compañeras están presas por delitos que no son excarcelables por un círculo de vulnerabilidad de sus vidas. Con esa política antidroga se estigmatiza y criminaliza a las personas trans y a otros grupos vulnerables”, dijo. 

Además, según el especialista, esa categoría ha generado un rechazo y falta de compromiso de parte de la sociedad. Alimentan prejuicios que se articulan con una moral para que la gente no se comprometa ni vea que se está generando algo peligroso.

En todo caso, el sociólogo entendió que la situación actual es producto de un proceso que comenzó cuando la ex ministra de seguridad (N de la R: Patricia Bullrich) mandó a la Gendarmería a la zona. Pasó todo el gobierno de Macri, vino la pandemia, las mujeres se vieron mucho más vulneradas y expuestas a la pobreza y la marginalidad. “Después aparece la ordenanza. Es un proceso como todo proceso social. No es un hecho aislado”. 

Luego, se refirió a los títulos y notas que se han publicado acerca de los nuevos emprendimientos inmobiliarios en la ex zona roja y aclaró: “Siempre supuse que debía haber intereses mucho más profundos que la idea de que no queremos más a las travestis a en la puerta de nuestra casa”. 

Por último, mencionó como parte de todo al estigma. “Son borrachas, drogadictas, generan conflictos, no respetan a los niños, a la escuela y los vecinos bajo la idea de moral. Funcionaron muy bien algunos vecinos generando conflictos en relación a las personas trans. Agrediendo, insultando, llamando a la policía, echándolas de la esquina, filmándolas. A una compañera le tiraban piedras mientras trabajaba. Funcionó muy bien todo ese proceso para llegar a esto”. 


Fotos: Luciana Moretti 


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