El Colegio de Abogados de Mar del Plata rechaza las reformas sobre sucesiones y divorcios administrativos

El Colegio de Abogados de Mar del Plata se ha unido a la postura de la Federación Argentina de Colegios de Abogados y del Colegio de Abogados Provincial para rechazar firmemente los proyectos de ley que buscan modificar el Código Civil y Comercial de la Nación en materia de sucesiones notariales y divorcios administrativos. Los abogados marplatenses advierten que dichas reformas implicarían una grave violación al principio de seguridad jurídica y afectarán los derechos de los ciudadanos.

Uno de los puntos más críticos es la propuesta de sucesiones notariales, donde se reemplazaría la intervención del juez por un escribano. Este cambio no solo vulneraría los derechos consagrados en la Constitución Nacional y los tratados internacionales, sino que también quebraría el principio de división de poderes. La intervención notarial en tareas como la declaratoria de herederos o la aprobación de testamentos plantea riesgos evidentes, ya que estos procedimientos requieren un análisis judicial profundo.

"El apartamiento del juez natural genera incertidumbre jurídica, privando de seguridad a los derechos de herederos y terceros contratantes", advierte el Colegio. Además, se señala que el argumento de mayor rapidez y costos reducidos es incorrecto, ya que los gastos notariales y honorarios generarán un mayor costo para los ciudadanos.

Divorcios administrativos: Un retroceso en la protección de los derechos

El segundo eje de rechazo se refiere al proyecto de divorcio administrativo. Según la propuesta, los cónyuges podrían divorciarse mediante una comunicación directa ante un funcionario público, sin la intervención de abogados. Para los letrados, este procedimiento desprotege a las partes más vulnerables, como las mujeres o los hijos menores, ya que no se aborda de manera adecuada el reparto de bienes, la pensión alimentaria o la atribución del hogar.

Asimismo, advierten que el divorcio judicial, tal como está planteado actualmente, garantiza la protección de los derechos y evita una mayor desprotección en casos complejos. “El divorcio administrativo no solo alargaría los tiempos del proceso, sino que también incrementaría los costos para las partes, al carecer del asesoramiento legal necesario”, subrayan los abogados.

Ante estas preocupaciones, el Colegio profesional insta a los legisladores nacionales a retirar los proyectos de ley del debate en las sesiones extraordinarias y a tratar estas reformas en un contexto que permita un debate amplio, plural y participativo. Los abogados advierten que las modificaciones propuestas no resuelven los problemas del sistema judicial, sino que generarían mayores costos, tiempos y riesgos para la ciudadanía.